En la jerga política británica lo llaman “los poderes de Enrique VIII”, en recuerdo a la Ley de Proclamaciones de 1539 por la que el monarca se arrogó el derecho a gobernar por decreto y saltarse al Parlamento. En la jerga que rodea al complicado mundo del Brexit lo llaman “alineamiento dinámico”: es la idea que persigue el Gobierno laborista de Keir Starmer, por la que el Reino Unido incorporará de modo casi automático las nuevas normas en materia sanitaria y fitosanitaria ―en un primer tramo que se acordaría este verano, respecto a alimentos y bebidas― que vaya aprobando la Unión Europea. De ese modo, se reducirán tanto la fricción comercial como las consecuencias económicas negativas que acarreó la salida del club comunitario.
El Gobierno laborista del Reino Unido persigue un alineamiento normativo con Bruselas que repare los daños del Brexit
En la jerga política británica lo llaman “los poderes de Enrique VIII”, en recuerdo a la Ley de Proclamaciones de 1539 por la que el monarca se arrogó el derecho a gobernar por decreto y saltarse al Parlamento. En la jerga que rodea al complicado mundo del Brexit lo llaman “alineamiento dinámico”: es la idea que persigue el Gobierno laborista de Keir Starmer, por la que el Reino Unido incorporará de modo casi automático las nuevas normas en materia sanitaria y fitosanitaria ―en un primer tramo que se acordaría este verano, respecto a alimentos y bebidas― que vaya aprobando la Unión Europea. De ese modo, se reducirán tanto la fricción comercial como las consecuencias económicas negativas que acarreó la salida del club comunitario.
¿Por qué esa referencia a Enrique VIII, el monarca que provocó el primer Brexit con su ruptura con la Iglesia Católica? Porque Downing Street, según han publicado varios medios británicos, quiere impulsar una ley que le permita esquivar el control parlamentario previo de cada nueva norma comunitaria que incorpore a la legislación británica.
El Gobierno laborista ha hecho bandera de su voluntad de lograr un reinicio de las relaciones con la UE que repare en lo posible los destrozos provocados por la ruptura tras el referéndum de junio de 2016. Ya nadie discute que el abandono del club de los 27 ha supuesto un serio lastre para la economía británica, y tanto Starmer como su ministra de Economía, Rachel Reeves, cuyo futuro político depende en gran parte de su capacidad para impulsar el crecimiento de un país que sigue aletargado, han apostado por un mayor acercamiento a Europa.
Están convencidos de que la furia euroescéptica de hace una década hoy está desinflada. El Partido Conservador lucha por sobrevivir, con unas encuestas que le sitúan bajo mínimos. Y la ultraderecha de Nigel Farage, Reform UK, que ocupa desde hace más de un año la primera posición en esos mismos sondeos, está hoy más centrada en explotar asuntos como la inmigración o las guerras culturales que la relación con la UE, cuando hasta el propio Farage ha admitido que el experimento fue un desastre.
Pero ese mayor acercamiento a Bruselas corre el riesgo de ser un quebradero de cabeza para Starmer si cada nueva norma de la UE que deba ser incorporada a la legislación británica se ve sometida a un debate parlamentario. Por eso, Downing Street persigue la posibilidad de acelerar el trámite legislativo: cada medida sería sometida a votación inicial y final en la Cámara de los Comunes, donde los laboristas gozan de una amplia mayoría y no tendrían problemas. Se evitaría, sin embargo, la introducción de enmiendas de la oposición, que podrían alargar eternamente cada debate y deteriorar de ese modo, como ya ocurrió hace años, la relación de confianza entre el Reino Unido y la UE.
“Cada ley pasaría con normalidad por el Parlamento. Todo nuevo acuerdo o tratado con la UE se enfrentaría a escrutinio parlamentario, y los diputados tendrían un papel a la hora de incorporar las nuevas leyes comunitarias, a través de legislación secundaria”, ha explicado un portavoz del Gobierno.
La clave está en el método, la “legislación secundaria”, que es como se denomina en el Reino Unido a los decretos ministeriales, que pueden ser impulsados en el Parlamento con mayor celeridad.
“La realidad de todo esto es que [el Gobierno Laborista] ha firmado un acuerdo con la Unión Europea que nos compromete a seguir sus reglas, nos gusten o no. Y el peligro radica en que se esté impulsando una mayor integración con la UE de modo invisible”, señala al diario The Guardian el profesor Anand Menon, director del centro de pensamiento UK in a changing Europe (El Reino Unido en una Europa cambiante).
Menon es un europeísta convencido, pero últimamente se ha mostrado crítico con la estrategia de Starmer, que persigue lo mejor de los dos mundos sin arriesgar demasiado. Quiere volver a gozar de todas las ventajas del club comunitario, señala, pero sin ceder en ninguna de sus líneas rojas: la promesa de no regresar al mercado interior o a la unión aduanera.
“Esta es la parte fea del Brexit”, dice Menon. “Intercambias control político por acceso económico, pero sin derecho a voto sobre las decisiones que se tomen [en Bruselas]”.
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