A pocos kilómetros de Estocolmo, la ciudad de Södertälje vivió el 17 de agosto un inicio de curso escolar muy alejado de la normalidad. A las puertas de un instituto, un tiroteo acabó con un adolescente herido y dos chicas de 14 años detenidas. El suceso, el enésimo vinculado a las bandas en una localidad profundamente marcada por la violencia, ha agitado la campaña de las elecciones de este domingo.
El Gobierno de derechas ha reducido las cifras de tiroteos en los últimos cuatro años, pero el crimen organizado sigue muy presente
A pocos kilómetros de Estocolmo, la ciudad de Södertälje vivió el 17 de agosto un inicio de curso escolar muy alejado de la normalidad. A las puertas de un instituto, un tiroteo acabó con un adolescente herido y dos chicas de 14 años detenidas. El suceso, el enésimo vinculado a las bandas en una localidad profundamente marcada por la violencia, ha agitado la campaña de las elecciones de este domingo.
“El Gobierno saca pecho de que la situación ha mejorado mucho en todo el país, pero yo vivo con tanto miedo como hace cuatro años”, sostiene Maryam Sasveir, de 33 años, cerca del centro educativo. “En marzo una bomba explotó de madrugada a menos de 20 metros de mi casa. Me desperté con auténtico pánico y no conseguí dormir nada durante las dos noches siguientes”.
Poco después del tiroteo, el ministro de Justicia, el conservador Gunnar Strömmer, declaró: “Aunque hemos reducido los tiroteos en un 80%, la violencia sigue ahí, burbujeando bajo la superficie”. Al día siguiente, el líder del ultraderechista Demócratas Suecos, Jimmie Akesson, se plantó en Södertälje para capitalizar el malestar social. “Me voy con la sensación de que la situación ha mejorado y ya no es tan caótica como en 2022, pero aún queda mucho por hacer”.
Tras los comicios de hace cuatro años, se formó una coalición de gobierno de derechas, integrada por conservadores, cristianodemócratas y liberales, con el respaldo esencial de Demócratas Suecos —segunda fuerza parlamentaria, por detrás de los socialdemócratas—. Una de sus grandes promesas era reducir los niveles de violencia que mantenían en jaque al país escandinavo. Las cifras avalan al Ejecutivo: aunque Suecia es todavía el miembro de la UE con la mayor tasa de homicidios por armas de fuego, en 2022 hubo 391 tiroteos que dejaron 62 muertos; en los primeros ocho meses de este año, ha habido 48 ataques con armas de fuego y 12 víctimas mortales.
Mientras el Gobierno presume del éxito de sus medidas, la realidad sigue siendo alarmante. En Södertälje, una ciudad de 100.000 habitantes, han muerto cinco personas por heridas de bala desde que asumieron el poder; y este año ha habido una decena de explosiones de bombas o granadas.
En el Ayuntamiento de Södertälje, el concejal socialdemócrata Elof Hansjons advierte de que medir el poder de las mafias con las cifras de tiroteos supone un error de cálculo. “A las organizaciones criminales más fuertes no les interesa la violencia, porque atrae atención”, sostiene. “Mucha gente asume que menos tiroteos significa automáticamente menos crimen organizado. Eso no es necesariamente cierto. Las organizaciones criminales pueden, en realidad, estar volviéndose más fuertes económicamente”.
Su asesor, Nasif Kasarji, subraya la transformación de las bandas criminales. “Ya no se centran en el tráfico de drogas o la prostitución, ahora están más interesados en el blanqueo de capitales, el fraude social o el mercado negro inmobiliario”, explica. “El debate nacional se centra en los tiroteos, pero hablamos mucho menos del crimen económico, aunque sea el motor fundamental de las bandas criminales”, lamenta Kasarji. Para él, la negación institucional es el primer fracaso: “El mayor error que puede cometer un municipio es fingir que el problema allí no existe. No hay ni uno en todo el país que no esté afectado por el crimen organizado”.
Un informe policial de noviembre del año pasado calcula en 67.500 las personas en el país nórdico con algún tipo de vínculo con las bandas criminales (uno de cada 157 habitantes). Del total, 17.500 serían “miembros activos”. Unos números que no han dejado de crecer desde 2022. “Cuando nos centramos solo en los tiroteos, en realidad estamos tratando simplemente los síntomas de la enfermedad”, resume Rickard Holz, inspector de policía y jefe de la operación conjunta de una decena de organismos —Hacienda, Seguridad Social, servicio de empleo, entre otros— contra las estructuras paralelas y el crimen organizado en Södertälje.
“Las bandas criminales más sofisticadas intentan corromper o infiltrarse en las instituciones locales”, sostiene Holz. “Si queremos debilitarlas, tenemos que seguir el rastro del dinero y evitar que reciban fondos públicos de forma ilegal. La policía no puede resolver este problema sola, por eso trabaja junto a las autoridades responsables de fiscalidad, aduanas o delitos económicos”. Esa colaboración no se limita a las oficinas centrales: desde hace unos años, la policía asiste regularmente a reuniones con el Gobierno local de Södertälje para compartir información de lo que ocurre sobre el terreno.
Holz incide en que las recientes reformas legislativas también permiten actuar con mayor contundencia contra las mafias. El Gobierno de derechas ha endurecido el código penal, ampliado la capacidad de la policía para intervenir comunicaciones, aumentado el número de agentes y dotado de mayor presupuesto al cuerpo. Además, el pasado jueves entró en vigor la rebaja de la edad de responsabilidad penal a los 14 años.
El caso de las dos adolescentes detenidas en agosto en Södertälje no es un episodio aislado. “Lo que ha cambiado radicalmente en los últimos tres a cinco años es el papel de las plataformas digitales en el reclutamiento de las bandas”, explica. Antes, incorporar a jóvenes a la estructura criminal exigía cercanía física y tiempo; ahora, basta una pantalla: “Hoy pueden captar a un menor de otra parte del país a través de las redes sociales, ofrecerle dinero y convencerle de cometer un asesinato o un atentado con explosivos”.
Política migratoria
Para el Gobierno, la contención del crimen organizado es inseparable de una revisión drástica de las políticas de inmigración. En junio, el Parlamento aprobó una ley que permite a las autoridades denegar o revocar con carácter retroactivo los permisos de residencia de los inmigrantes por criterios vagos englobados en la definición general de “mala conducta”, que incluyen tener deudas pendientes o trabajar en negro. Ese mismo día se aprobó otra ley que obliga a los funcionarios públicos del Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social, el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional, la Agencia de Pensiones o la Tributaria a denunciar a cualquier persona sospechosa de no tener papeles.
Los vínculos entre criminalidad e inmigración se apoyan en investigaciones como las del analista liberal-conservador Nima Sanandaji. En junio publicó un estudio en el que analiza la correlación en los 290 municipios suecos entre violencia y población de origen extranjero. Las zonas del país con una mayor proporción de extranjeros son las que tienen tasas de criminalidad más altas, mientras que aquellas en las que se cometen menos delitos son las que tienen un porcentaje mayor de población nacida en Suecia. No obstante, el propio Sanandaji admite por correo electrónico que la criminalidad está relacionada con el desempleo, la baja formación y la dependencia de las ayudas sociales.
Hasta hace unos meses, los sondeos apuntaban claramente a que el Gobierno de derechas no se mantendría en el poder tras las elecciones del domingo a pesar de haber reducido notablemente las cifras de tiroteos. Sin embargo, en las últimas semanas la intención de voto de los socialdemócratas se ha desplomado, y las posibilidades de que conservadores, cristianodemócratas y liberales sigan gobernando se han multiplicado. Si finalmente lo logran, será con una condición nueva: Demócratas Suecos ya ha avisado de que esta vez no se conformará con sostener la coalición desde el Parlamento, como hasta ahora, sino que exigirá formar parte del Ejecutivo.
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