El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es propenso a demandar a quien le lleve la contraria. El mandatario ha interpuesto una demanda contra dos agencias que dependen de su Gobierno, según ha adelantado Bloomberg. En la denuncia, presentada ante un juzgado federal de Miami, reclama al Tesoro de Estados Unidos y al Servicio de Impuestos Internos (IRS), el equivalente a la Agencia Tributaria en España, una cantidad superior a los 10.000 millones de dólares por una supuesta filtración no autorizada de sus declaraciones de impuestos durante su primer mandato en el cargo, entre 2017 y 2021.
Les reclama más de 10.000 millones por “investigarlos con fines políticos”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es propenso a demandar a quien le lleve la contraria. El mandatario ha interpuesto una demanda contra dos agencias que dependen de su Gobierno, según ha adelantado Bloomberg. En la denuncia, presentada ante un juzgado federal de Miami, reclama al Tesoro de Estados Unidos y al Servicio de Impuestos Internos (IRS), el equivalente a la Agencia Tributaria en España, una cantidad superior a los 10.000 millones de dólares por una supuesta filtración no autorizada de sus declaraciones de impuestos durante su primer mandato en el cargo, entre 2017 y 2021.
La decisión judicial corre el riesgo de convertirse en un conflicto de intereses, dado que el presidente controla a los funcionarios del Departamento de Justicia que debe supervisar los casos judiciales.
La demanda ha sido presentada por sus hijos Donald Jr. y Eric, junto a la Organización Trump, que administra las propiedades inmobiliarias del presidente, según Bloomberg. Durante mucho tiempo, Trump ha estado criticando al IRS por supuestamente “investigarlo con fines políticos”.
El inquilino de la Casa Blanca suele utilizar las demandas judiciales para amedrentar o para recaudar dinero para sus proyectos. La semana pasada reclamó por vía judicial la nada despreciable cifra de 5.000 millones al mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan, y su consejero delegado, Jamie Dimon, por cerrarle las cuentas tras el asalto al Capitolio.
El político republicano instigó a cientos de personas a acudir al centro del poder legislativo de Estados Unidos para impedir la validación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Una turba enfebrecida asaltó el 6 de enero de 2021 la sede de la soberanía popular del país en uno de los capítulos más negros de la historia de Estados Unidos. Trump sigue justificando aquella revuelta e insiste, sin pruebas y pese a que los tribunales nunca le han dado la razón, que aquellas elecciones le fueron robadas.
Tras aquel episodio, las grandes empresas tecnológicas se apresuraron a cerrarle sus cuentas en las redes sociales. El político republicano nacido en Queens hace 80 años demandó a Facebook, X y Youtube. Años más tarde, cuando regresó al poder tras ganar las presidenciales de 2024 las compañías se apresuraron a cerrar acuerdos para pagarle una generosa indemnización.
Hace unos meses también denunció a su propio Departamento de Justicia, al que le reclamó 230 millones de dólares por investigarle en el pasado. Entre 2023 y 2024, el equipo legal del presidente estadounidense presentó varias quejas de reclamación, el procedimiento administrativo previo a las demandas. La primera solicitaba una indemnización por una supuesta vulneración de los derechos de Trump en la investigación federal sobre las supuestas injerencias rusas en la campaña electoral de 2016 y las conexiones para favorecer la candidatura de Trump de ese año llevadas a cabo por el FBI y un fiscal especial.
La otra demanda se presentó hace un año, cuando Trump aún no había ganado su segundo mandato, los abogados del magnate estadounidense presentaron la queja al considerar que los registros realizados en su propiedad de Mar-a-Lago llevados a cabo por el FBI constituían una violación de sus derechos de privacidad. Ese registro, realizado en 2022, formaba parte de una investigación sobre la retención de documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca al final de su primer mandato. El presidente también acusó al Departamento de Justicia de procesamiento malicioso al imputarlo por malversación de registros confidenciales tras dejar el cargo.
El caso de los papeles clasificados de Mar-a-Lago anuló la imputación de Trump; fue archivado hace un año por un defecto de forma en el nombramiento del fiscal.
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