Cuando hace cuatro años el G-20 acordó un impuesto mínimo global del 15% para multinacionales con facturación superior a 750 millones de euros, la expectativa era cerrar filas contra la erosión de las bases imponibles y la competencia fiscal desleal. Sin embargo, el pasado 28 de junio de 2025, el G-7 dio un paso atrás que invita a repensar la viabilidad del modelo . En Bruselas, las siete economías más avanzadas decidieron eximir a las multinacionales estadounidenses de ese tributo –una excepción sin precedentes–, a cambio de que Washington suprima la ‘cláusula 899’, de su ley presupuestaria que autorizaba represalias fiscales contra países con gravámenes que Washington considerara discriminatorios.Esta maniobra tiene consecuencias graves. Primero, destruye la lógica de universalidad que sostenía el acuerdo de 2021: de aplicarse de forma homogénea, el impuesto mínimo garantizaba un suelo tributario, disipando el incentivo de trasladar beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación . Pero la exención estadounidense introduce un ‘colchón diferencial’ que resta atractivo al cumplimiento global y reaviva la puja por ofrecer condiciones más favorables.Segundo, las empresas europeas, japonesas o canadienses –obligadas a cumplir el tipo mínimo– contemplan ahora una distorsión competitiva: ¿por qué soportan la carga fiscal que a sus homólogas estadounidenses se les perdona? A corto plazo, cabe esperar presiones para obtener tratamientos equivalentes. A medio plazo, podría desencadenarse una espiral de concesiones bilaterales, erosionando aún más la base de un consenso multilateral .Tercero, el mensaje político es claro: la capacidad de veto de una sola gran potencia puede reescribir las reglas del foro más selecto de cooperación económica. Si el G-7 no garantiza un compromiso uniforme, la credibilidad de la OCDE y de la ONU como arquitectos de un sistema fiscal global se verá aún más comprometida. De cara al futuro, hay tres posibles escenarios: que se produzca una extensión de exenciones y otros miembros del G-7 reclamen condiciones similares para sus multinacionales , desdibujando el alcance real del impuesto mínimo; una carrera a la baja en que los países emergentes y pequeños estados podrían reforzar incentivos fiscales para atraer inversión y, la menos dramática, una reforma del pacto en que la OCDE y la UE podrían revisar el marco de gobernanza tributaria, introduciendo sanciones más vinculantes o cláusulas de ajuste automático para preservar la integridad del esquema.En suma, la decisión de eximir a las multinacionales estadounidenses no es un mero ajuste técnico: representa un punto de inflexión que complica el diseño de un sistema tributario global. Es un ejemplo más de que la globalización económica ha cedido frente a la competencia geopolítica, pero también de que los estados son egoístas. jmuller@abc.es Cuando hace cuatro años el G-20 acordó un impuesto mínimo global del 15% para multinacionales con facturación superior a 750 millones de euros, la expectativa era cerrar filas contra la erosión de las bases imponibles y la competencia fiscal desleal. Sin embargo, el pasado 28 de junio de 2025, el G-7 dio un paso atrás que invita a repensar la viabilidad del modelo . En Bruselas, las siete economías más avanzadas decidieron eximir a las multinacionales estadounidenses de ese tributo –una excepción sin precedentes–, a cambio de que Washington suprima la ‘cláusula 899’, de su ley presupuestaria que autorizaba represalias fiscales contra países con gravámenes que Washington considerara discriminatorios.Esta maniobra tiene consecuencias graves. Primero, destruye la lógica de universalidad que sostenía el acuerdo de 2021: de aplicarse de forma homogénea, el impuesto mínimo garantizaba un suelo tributario, disipando el incentivo de trasladar beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación . Pero la exención estadounidense introduce un ‘colchón diferencial’ que resta atractivo al cumplimiento global y reaviva la puja por ofrecer condiciones más favorables.Segundo, las empresas europeas, japonesas o canadienses –obligadas a cumplir el tipo mínimo– contemplan ahora una distorsión competitiva: ¿por qué soportan la carga fiscal que a sus homólogas estadounidenses se les perdona? A corto plazo, cabe esperar presiones para obtener tratamientos equivalentes. A medio plazo, podría desencadenarse una espiral de concesiones bilaterales, erosionando aún más la base de un consenso multilateral .Tercero, el mensaje político es claro: la capacidad de veto de una sola gran potencia puede reescribir las reglas del foro más selecto de cooperación económica. Si el G-7 no garantiza un compromiso uniforme, la credibilidad de la OCDE y de la ONU como arquitectos de un sistema fiscal global se verá aún más comprometida. De cara al futuro, hay tres posibles escenarios: que se produzca una extensión de exenciones y otros miembros del G-7 reclamen condiciones similares para sus multinacionales , desdibujando el alcance real del impuesto mínimo; una carrera a la baja en que los países emergentes y pequeños estados podrían reforzar incentivos fiscales para atraer inversión y, la menos dramática, una reforma del pacto en que la OCDE y la UE podrían revisar el marco de gobernanza tributaria, introduciendo sanciones más vinculantes o cláusulas de ajuste automático para preservar la integridad del esquema.En suma, la decisión de eximir a las multinacionales estadounidenses no es un mero ajuste técnico: representa un punto de inflexión que complica el diseño de un sistema tributario global. Es un ejemplo más de que la globalización económica ha cedido frente a la competencia geopolítica, pero también de que los estados son egoístas. jmuller@abc.es
ajuste de cuentas
La decisión de eximir a sus empresas del tributo mínimo del 15% pactado en 2021 deja herido de muerte el acuerdo
Cuando hace cuatro años el G-20 acordó un impuesto mínimo global del 15% para multinacionales con facturación superior a 750 millones de euros, la expectativa era cerrar filas contra la erosión de las bases imponibles y la competencia fiscal desleal. Sin embargo, … el pasado 28 de junio de 2025, el G-7 dio un paso atrás que invita a repensar la viabilidad del modelo. En Bruselas, las siete economías más avanzadas decidieron eximir a las multinacionales estadounidenses de ese tributo –una excepción sin precedentes–, a cambio de que Washington suprima la ‘cláusula 899’, de su ley presupuestaria que autorizaba represalias fiscales contra países con gravámenes que Washington considerara discriminatorios.
Esta maniobra tiene consecuencias graves. Primero, destruye la lógica de universalidad que sostenía el acuerdo de 2021: de aplicarse de forma homogénea, el impuesto mínimo garantizaba un suelo tributario, disipando el incentivo de trasladar beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación. Pero la exención estadounidense introduce un ‘colchón diferencial’ que resta atractivo al cumplimiento global y reaviva la puja por ofrecer condiciones más favorables.
Segundo, las empresas europeas, japonesas o canadienses –obligadas a cumplir el tipo mínimo– contemplan ahora una distorsión competitiva: ¿por qué soportan la carga fiscal que a sus homólogas estadounidenses se les perdona? A corto plazo, cabe esperar presiones para obtener tratamientos equivalentes. A medio plazo, podría desencadenarse una espiral de concesiones bilaterales, erosionando aún más la base de un consenso multilateral.
Tercero, el mensaje político es claro: la capacidad de veto de una sola gran potencia puede reescribir las reglas del foro más selecto de cooperación económica. Si el G-7 no garantiza un compromiso uniforme, la credibilidad de la OCDE y de la ONU como arquitectos de un sistema fiscal global se verá aún más comprometida.
De cara al futuro, hay tres posibles escenarios: que se produzca una extensión de exenciones y otros miembros del G-7 reclamen condiciones similares para sus multinacionales, desdibujando el alcance real del impuesto mínimo; una carrera a la baja en que los países emergentes y pequeños estados podrían reforzar incentivos fiscales para atraer inversión y, la menos dramática, una reforma del pacto en que la OCDE y la UE podrían revisar el marco de gobernanza tributaria, introduciendo sanciones más vinculantes o cláusulas de ajuste automático para preservar la integridad del esquema.
En suma, la decisión de eximir a las multinacionales estadounidenses no es un mero ajuste técnico: representa un punto de inflexión que complica el diseño de un sistema tributario global. Es un ejemplo más de que la globalización económica ha cedido frente a la competencia geopolítica, pero también de que los estados son egoístas. jmuller@abc.es
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