El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha argumentado que existen motivos de seguridad nacional para justificar ante un juez la decisión del presidente Donald Trump de prohibir el acceso a varios medios de comunicación (CNN, Politico y MS Now) a las instalaciones de la Casa Blanca para realizar la cobertura informativa de la presidencia.
El Departamento de Justicia y los abogados de los medios comparecen este miércoles en una vista para exponer sus argumentos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha argumentado que existen motivos de seguridad nacional para justificar ante un juez la decisión del presidente Donald Trump de prohibir el acceso a varios medios de comunicación (CNN, Politico y MS Now) a las instalaciones de la Casa Blanca para realizar la cobertura informativa de la presidencia.
El mandatario republicano anunció el pasado fin de semana a través de su red social Truth que retiraría las acreditaciones que permiten acceder a la Casa Blanca a los tres medios de comunicación porque, escribió, “constantemente escriben o informan sobre ficción o mentiras”. Este lunes, los funcionarios de la residencia presidencial impidieron el acceso a las instalaciones situadas en el número 16 de Pennsylvania Avenue a los profesionales de esos medios.
Las organizaciones de noticias no tardaron en presentar una demanda pidiéndole al juez que revoque la decisión. La respuesta no se hizo esperar. Este martes, el Departamento de Justicia, dirigido por Todd Blanche, exabogado de Trump en algunos de los casos más polémicos de su carrera, registró un documento ante el tribunal con argumentos para convencer al juez del Distrito de Columbia, Timothy Kelly, de que rechace la demanda presentada por los medios de comunicación.
La Administración asegura que la prohibición a los medios es legal y no viola la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de prensa, porque el acceso a la residencia presidencial “es un privilegio, no un derecho”. El Departamento de Justicia acusa a las tres organizaciones de noticias de “traficar con falsedades verificables y difundir información sensible o clasificada”, alegando riesgos para la seguridad nacional.
El documento de la Administración incluye las cartas de avisos sobre la publicación de información delicada, como los detalles del proyecto de construcción del nuevo salón de baile en el ala este de la Casa Blanca, la escasez del arsenal militar y el agotamiento de algunas de las reservas de municiones y otros episodios sobre la guerra con Irán.
En Estados Unidos no existen leyes que impidan legalmente que un periodista publique información clasificada, aunque gobiernos anteriores también han perseguido a medios y profesionales por difundir secretos de Estado.
Este miércoles por la tarde está prevista una audiencia judicial con los representantes del Departamento de Justicia y los abogados de los medios de comunicación para analizar el caso. El juez federal Timothy J. Kelly, nombrado por Trump durante su primer mandato, escuchará las argumentaciones de las partes. Kelly ya conoce el asunto. Hace ocho años dictó una sentencia para restituir la acreditación de prensa de la Casa Blanca a Jim Acosta, que entonces trabajaba como reportero en CNN.
El presidente ha asegurado que acatará la decisión del juez, pero ha remarcado que debería tener derecho a limitar a los medios que no cumplan con sus requisitos. “Hablo de seguridad nacional, y creo que tenemos derecho a eliminar las noticias falsas”, dijo el martes.
En su argumentación, el Ministerio de Justicia defendió que el presidente de Estados Unidos tiene motivos legales para revocar las acreditaciones de los medios porque, según el escrito, estas organizaciones acumulan incumplimientos de las normas básicas de “profesionalismo y decoro”. Michael Velchik, asesor principal del Departamento de Justicia, que firma el documento, escribe: “Al fin y al cabo, el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”.
Los tres medios afectados, CNN, Politico y MS Now, presentaron una demanda contra la Administración Trump para “proteger los derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa”.
El Departamento de Justicia incluyó algunos precedentes legales en su escrito para justificar la decisión de Trump. Aludió a una sentencia que daba la razón a la Administración para prohibir temporalmente a Associated Press (AP) el acceso a ciertas oficinas gubernamentales como el Despacho Oval, debido a su negativa a utilizar Golfo de América, como quería el mandatario republicano, en lugar de Golfo de México.
Michael Velchik defendió que la misma lógica seguida para vetar a AP debería aplicarse en todo el complejo de la residencia presidencial. El presidente, aseguró en el escrito, podría “considerar los puntos de vista de los periodistas” al conceder el acceso a la Casa Blanca.
“No existe una manera lógica de distinguir fácilmente entre las salas que constituyen un foro privado y aquellas que no lo son en absoluto, especialmente cuando la Casa Blanca no está obligada a responder a ninguna pregunta de los periodistas”, afirma el documento.
El veto de Trump a los tres medios de comunicación es la última gota de su cruzada contra la prensa desde que regresó al Despacho Oval. El presidente ha insultado, hostigado y amedrentado a periodistas y medios de comunicación, amenazándoles con demandas millonarias.
El mandatario republicano, a quien le gusta la exposición mediática, abroncó a la presentadora de la CNN Kaitlan Collins por tratar de cubrir su intervención en la Asamblea General de la ONU este martes. “No deberías estar aquí”, dijo a los periodistas cuando la reportera de la cadena de noticias le preguntó por el bajo nivel de aprobación de los estadounidenses de la guerra de Irán. “Me sorprende que CNN esté aquí cubriendo mi visita”, dijo Trump. “No deberías estar aquí cubriéndome”, repitió.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca defendió la labor de los periodistas y exigió el martes que se restituya la acreditación para que los profesionales puedan acceder a las instalaciones federales para desarrollar su trabajo.
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