La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas aseguró tras la dana de 2024 —la tragedia que dejó 230 muertos en Valencia— que se enteró de la existencia del Es-Alert el mismo día de la catástrofe. Fue a las 19.00. La situación era entonces extrema y decenas de desaparecidos habían muerto por la devastación de las aguas desbordadas del barranco del Poyo, génesis del temporal al inundar poblaciones como Paiporta (28.136 habitantes) o Catarroja (30.604), donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente.
El que fuera subsecretario de la Consejería de Justicia en la riada de 2024 asegura que la alerta era “una herramienta tecnológica de primera magnitud”.
El que fuera subsecretario de la Consejería de Justicia en la riada de 2024 asegura que la alerta era “una herramienta tecnológica de primera magnitud”.
La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas aseguró tras la dana de 2024 –la tragedia que dejó 230 muertos en Valencia- que se enteró de la existencia del Es Alert –la alerta masiva a móviles para informar a la población de la desgracia- el mismo día de la catástrofe. Fue a las 19.00 horas. La situación era entonces extrema y decenas de desaparecidos habían muerto por la devastación de las aguas desbordadas del barranco del Poyo, génesis del temporal al inundar poblaciones como Paiporta (28.1036 habitantes) o Catarroja (30.604), donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente.
Un año y medio después, un alto cargo del Consell ha desmentido a Pradas, que hoy es la principal investigada en la causa que indaga la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra. El que fuera durante la dana subsecretario de la Consejería de Justicia e Interior, Ricardo García, ha desvelado ante la instructora que la administración valenciana conocía las posibilidades del Es Alert. “Era una herramienta de primer nivel”, ha soltado en el juzgado, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia como testigo, una condición que obliga a decir la verdad.
El Es Alert no es una derivada más de las pesquisas. El mensaje se ha convertido en la piedra angular de la investigación. En decenas de autos, la magistrada ha defendido que, si el aviso a los teléfonos se hubiera enviado antes, decenas de vidas se podrían haber salvado. Pero no ocurrió.
Decenas de testigos han relatado ante la jueza como las vacilaciones, la imprevisión y la falta de experiencia de los gestores de la tragedia -Pradas era el mando únic en la emergencia- lastraron el uso de esta tecnología. Hasta las 19.00 horas, cuando la situación era extrema, no se puso sobre la mesa el envío de la controvertida alerta en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo de Emergencias), donde se gestionó la crisis de una de las mayores catástrofes naturales de España.
También ha declarado en el juzgado como testigo este jueves Juan Ramón Cueva Camps, jefe de la Unidad de Análisis de Riesgo del Centro de Emergencias de L’Eliana (Valencia). En su intervención, ha reconocido que, a las 14.30 horas la situación en Utiel era “extremadamente grave por las lluvias torrenciales de la mañana” y que la preocupación comenzaba a centrarse en el barranco del Poyo. El peligro evolucionó después -según el testigo- a la presa de Forata, una infraestructura en Yátova (Valencia) cuyo desbordamiento pudo causar 4.000 víctimas. Y, a partir de las 17.30 horas, el río Magro comenzó a desbordarse por Algemesí. “Me recordaba a las inundaciones del 2000. El pico, entonces, fueron dos días”, ha indicado.
Cueva Camps, que ha comparecido por segunda vez como testigo ante la magistrada Ruiz Tobarra, ha relatado que, a partir de las 17.30 horas del día de la desgracia, cuando la presa de Forata pasó a escenario dos por riesgo de rotura, el subsecretario de Emergencias planeó la posibilidad de enviar un Es Alert.
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