A las diez de la mañana, un aplauso rompe el silencio de la calle de Félix Rodríguez de la Fuente, en el distrito de Moratalaz. Frente al número 51, decenas de vecinos se abrazan y sonríen porque Manuela, una mujer de 53 años cuyo delicado estado de salud la obliga a permanecer conectada a una bombona de oxígeno durante 16 horas al día, finalmente no será desahuciada. En el edificio conocido como El Ruedo, llamado así por su parecido con una plaza de toros, la angustia de los últimos seis días da paso al alivio. La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid ha suspendido el lanzamiento judicial previsto para este viernes y ha comunicado que regularizará el contrato de alquiler de la mujer después de revisar el expediente y reconocer que tenía derecho a la vivienda desde el principio. La decisión pone fin, al menos de momento, a seis días de incertidumbre en los que la vecina de Moratalaz había preparado incluso las cajas por si finalmente tenía que abandonar la casa en la que ha vivido durante 36 años.
La Agencia de Vivienda Social suspende el lanzamiento judicial después de revisar el expediente y admitir que la mujer es la adjudicataria de la vivienda desde 1991
A las diez de la mañana, un aplauso rompe el silencio de la calle de Félix Rodríguez de la Fuente, en el distrito de Moratalaz. Frente al número 51, decenas de vecinos se abrazan y sonríen porque Manuela, una mujer de 53 años cuyo delicado estado de salud la obliga a permanecer conectada a una bombona de oxígeno durante 16 horas al día, finalmente no será desahuciada. En el edificio conocido como El Ruedo, llamado así por su parecido con una plaza de toros, la angustia de los últimos seis días da paso al alivio. La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid ha suspendido el lanzamiento judicial previsto para este viernes y ha comunicado que regularizará el contrato de alquiler de la mujer después de revisar el expediente y reconocer que tenía derecho a la vivienda desde el principio. La decisión pone fin, al menos de momento, a seis días de incertidumbre en los que la vecina de Moratalaz había preparado incluso las cajas por si finalmente tenía que abandonar la casa en la que ha vivido durante 36 años.
“Nos han confirmado por teléfono que se suspende el desahucio, que han revisado el expediente, que efectivamente han comprobado que la titular del derecho a la vivienda era Manuela y que van a proceder a regularizar el contrato, que es como se llama técnicamente el procedimiento que corresponde a este tipo de situación”, explica su abogada. La resolución supone un giro de 180 grados respecto a la situación de apenas unas horas antes. Según relata la defensa de Manuela, el jueves a las dos de la tarde les comunicaron que el desahucio seguía adelante. Tres horas más tarde llegó una nueva llamada: la administración había revisado el expediente y cambiaba de criterio.
La historia de Manuela se remonta a 1991. Ese año fue realojada desde el asentamiento de El Pozo del Huevo en una vivienda pública del entonces Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), hoy Agencia de Vivienda Social. Sin embargo, el contrato solo reconoció como titular a su pareja, Jonathan, mientras que ella aparecía únicamente como esposa, pese a que ambos figuraban como adjudicatarios durante el proceso de realojo. La paradoja es que el hombre nunca llegó a vivir en la vivienda porque ingresó en prisión antes del traslado. Desde entonces fue Manuela quien residió de forma ininterrumpida en el inmueble, pagó el alquiler durante más de tres décadas, asumió el mantenimiento de la casa e incluso llegó a ser presidenta de la comunidad de vecinos.
En 2023, una inspección de la Agencia de Vivienda Social constató que el titular del contrato no residía allí. La administración regional rescindió entonces el contrato al considerar incumplida esa condición y abrió el procedimiento de desahucio, sin reconocer el derecho de Manuela a permanecer en la vivienda. Según explica Roberto Borda, de la Asociación Apoyo, la clave del caso estaba precisamente en la documentación del realojo. “Hay papeles en los que se cita solo a Jonathan; el día de la adjudicación aparecen los dos, con el nombre y el DNI de ambos como adjudicatarios de la vivienda. En el contrato solo figura Jonathan como titular porque él entró en prisión, pero Manuela firma como esposa”. Durante los siguientes años, añade, la Comunidad de Madrid dirigió requerimientos de pago a nombre de ambos como adjudicatarios de la vivienda.
La situación dio un vuelco cuando los servicios jurídicos trasladaron esa documentación al juzgado. “Parece que la Administración reconoce que ha habido un error. A las dos de la tarde nos dicen que se ejecuta y a las cinco que no”, resume Borda. La noticia llegó a Manuela cuando ya había asumido que tendría que abandonar su casa. “No me lo creía cuando me llamaron, no me lo creía. Es un milagro del cielo”, cuenta todavía emocionada. “Cuando me llamaron para decirme que se había parado y que iban a hacer un nuevo contrato a mi nombre empecé a llorar de la alegría. Han reconocido que han cometido un error y que yo verdaderamente soy una persona que vine realojada y que llevo 36 años viviendo aquí”.
El caso había adquirido una importante dimensión social porque, según denunciaban las organizaciones vecinales, reflejaba las consecuencias actuales de una práctica administrativa habitual hace décadas: reconocer únicamente al hombre como titular de determinados contratos. Esa circunstancia dejaba ahora a Manuela, de 53 años, sin protección jurídica pese a haber sido la única ocupante de la vivienda junto a su hijo, y la persona que había abonado puntualmente el alquiler.
Las entidades que la han acompañado durante el proceso sostenían además que la mujer se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad por su estado de salud y sus escasos recursos económicos, y recordaban que expulsarla de la vivienda suponía ignorar la realidad del realojo efectuado en 1991. La suspensión del desahucio evita, por ahora, que ese conflicto llegue a materializarse. El siguiente paso será la regularización del contrato, un procedimiento mediante el cual la Agencia de Vivienda Social reconocerá formalmente a Manuela como arrendataria de la vivienda en la que ha residido durante 36 años.
Mientras tanto, en El Ruedo continúan los abrazos, nadie tiene prisa por marcharse. Al cabo de un tiempo, Manuela toma la palabra para agradecer el apoyo recibido durante los últimos días. “Gracias a todas las personas que se han movido, esto ha sido posible. Esta gente por fin ha reconocido que tengo un derecho, han rectificado, han parado el desahucio y lo único que espero es que pronto me hagan el contrato a mi vivienda”, afirma emocionada y rodeada de su hijo y sus cinco nietos. “Soy la única que ha estado viviendo aquí durante 36 años, la que vine realojada y la que ha estado pagando mi vivienda. No tengo palabras para agradeceros que hayáis venido; esto es un sueño hecho realidad, porque he pasado seis días que no se los deseo a nadie. Gracias a todas las asociaciones por haberme ayudado, han tenido humanidad. No hay derecho a que me tirasen a la calle por el hecho de ser mujer y que no me reconociesen mis derechos”, protesta desde su silla.
