El Tribunal de Apelaciones de Bruselas ha readmitido una demanda de un grupo de ONG contra el Estado belga por su “inacción ante el genocidio y los crímenes de guerra cometidos por Israel” en la franja de Gaza. Aunque la reapertura del caso, para el que este lunes se ha fijado una audiencia pública en junio, se limita a una parte pequeña de la petición original, los demandantes destacan un hito: en su razonamiento, los jueces no solo se declaran competentes para analizar si el Estado ha actuado a tiempo para evitar un posible genocidio, sino que constatan además que Bélgica no lo hizo durante el conflicto de Gaza.
Las ONG que presentaron el caso creen que podría sentar un precedente para obligar a actuar a otros países firmantes de las convenciones de Ginebra y para la prevención y sanción del genocidio
El Tribunal de Apelaciones de Bruselas ha readmitido una demanda de un grupo de ONG contra el Estado belga por su “inacción ante el genocidio y los crímenes de guerra cometidos por Israel” en la franja de Gaza. Aunque la reapertura del caso, con una audiencia fijada para este lunes, se limita a una parte pequeña de la petición original, los demandantes destacan un hito: en su razonamiento, los jueces no solo se declaran competentes para analizar si el Estado ha actuado a tiempo para evitar un posible genocidio, sino que constatan además que Bélgica no lo hizo durante el conflicto de Gaza.
Por ello, pase lo que pase, las ONG que acudieron a los tribunales hace casi nueve meses esperan que este caso siente un precedente para demandar ante la justicia a otros países signatarios de las convenciones internacionales de derechos humanos que tampoco intentaron frenar al Gobierno israelí en su larga ofensiva militar contra la Franja de Gaza tras el atentado de Hamás de octubre de 2023.
“Esta decisión histórica en el ámbito del derecho internacional consagra la posibilidad de que un juez nacional condene al Estado en caso de incumplimiento de sus obligaciones de derecho internacional de impedir la comisión de un genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones graves de los Convenios de Ginebra”, celebran en un comunicado conjunto los demandantes: el colectivo de juristas, abogados y profesores Derecho por Gaza, la Asociación Belgo-Palestina y la Coordinación Nacional de Acción para la Paz y la Democracia.
La clave, señalan las organizaciones civiles, es la argumentación de la reapertura del caso, emitida el pasado 16 de marzo pero conocida solo en vísperas de la audiencia de este lunes: en su escrito, los magistrados recuerdan que el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) en La Haya ya le reclamó a Israel, el 26 de enero de 2024, que tomara “medidas inmediatas para garantizar que su ejército no viole la convención sobre el genocidio”. Pese a ello, agregan los tres jueces signatarios de la deliberación, Bélgica tardó más de un año en convocar una primera reunión para analizar la cuestión de la exportación de armas y material militar con destino a Israel. Tampoco había tomado aún “ninguna medida vinculante” para cuando la denuncia de las ONG llegó al tribunal de primera instancia, el pasado septiembre.
Por ello, concluyen, “el Estado belga no hizo inmediatamente todo lo que estaba en su mano para impedir el traslado de armas y material militar con destino a Israel o a los territorios palestinos ocupados que pudieran servir para cometer en la franja de Gaza el delito de genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones graves de las Convenciones de Ginebra, por lo que ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dichos convenios”.
“La idea es que el principio de esta decisión es aplicable a todos los países firmantes de la convención contra el genocidio, así que podría inspirar a otros jueces”, explica por teléfono Anne-Laure Losseau, del colectivo Derecho por Gaza.
El caso se remonta al pasado verano, en el pico de la crisis de hambruna en Gaza causada por el cierre total de la Franja a las organizaciones humanitarias por parte de Israel tras haber dado por finalizada la tregua. Un grupo de ONG belgas frustradas con la inacción del Gobierno de Bart de Wever presentaron a finales de julio una denuncia con la esperanza de que la justicia obligara al país a “actuar conforme a sus obligaciones internacionales”. Entre otros, reclamaban que se obligara a Bélgica a cerrar su espacio terrestre y aéreo al transporte de armas o de material militar a Israel; que se prohibiera todo intercambio comercial con asentamientos judíos en territorio palestino ocupado, así como la importación de productos de dichas colonias.
También solicitaban que la justicia ordenara a Bélgica denunciar el Acuerdo de Asociación UE-Israel —que a nivel de los Veintisiete seguía y sigue trabado por las reticencias de varios Estados miembros a realizar cualquier acción que cuestione a Israel— tras haberse constatado, formalmente, que el Estado judío violó los derechos humanos durante su ofensiva en Gaza, en contra de lo estipulado en el principal instrumento que rige las relaciones comerciales bilaterales.
Así lo indicaba un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) hecho público unas semanas antes, en el que se constataba que “existen señales de que Israel incumpliría sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel”.
La demanda fue rechazada a finales de septiembre en primera instancia. Para entonces, el Ejecutivo belga, tras un ultimátum interno del ministro de Exteriores y viceprimer ministro, Maxime Prévot, que amenazaba con una “grave crisis” en la alianza de gobierno si este no tomaba medidas concretas contra el Gabinete de Benjamín Netanyahu, dio varios pasos: además de anunciar el comienzo del proceso de reconocimiento del Estado palestino, se comprometió a adoptar varias medidas, entre otras la prohibición de importar productos procedentes de asentamientos, restringir la ayuda consular a los belgas que vivan en asentamientos ilegales o prohibir el sobrevuelo y tránsito por Bélgica de armas con destino a Israel.
Aunque el Gobierno todavía no ha cumplido a día de hoy la mayoría de sus compromisos —como le recriminó Amnistía Internacional cuando, el 2 de marzo, se cumplieron seis meses del anuncio gubernamental—, desde enero Bélgica sí prohíbe, mediante un decreto real, sobrevolar el espacio aéreo nacional y realizar escalas técnicas a los aviones que transporten material militar destinado a las Fuerzas Armadas israelíes.
No obstante, excluye de esa prohibición el material de doble uso (civil y militar). El tribunal de Apelaciones considera que falta una explicación de esa exclusión y por eso ha convocado a una vista este lunes, para escuchar los argumentos de las dos partes. Independientemente del resultado de la audiencia, las ONG demandantes esperan que la reapertura de este caso reabra la vía judicial también en otros países.
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