Hay leyes que revelan más por lo que borran que por lo que añaden. El anteproyecto de Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana presentado por el Consell es uno de esos textos. No estamos ante una actualización técnica, ni ante una reforma puntual orientada a simplificar trámites. Lo que propone es un cambio de rumbo profundo en la manera de planificar, proteger y habitar nuestro territorio. Y lo hace, paradójicamente, hablando de agilidad mientras instala un modelo que amenaza aquello que ha dado solidez al urbanismo valenciano durante décadas: la autonomía municipal, la protección del paisaje y la cohesión social.
Hay leyes que revelan más por lo que borran que por lo que añaden
Hay leyes que revelan más por lo que borran que por lo que añaden. El anteproyecto de Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana presentado por el Consell es uno de esos textos. No estamos ante una actualización técnica, ni ante una reforma puntual orientada a simplificar trámites. Lo que propone es un cambio de rumbo profundo en la manera de planificar, proteger y habitar nuestro territorio. Y lo hace, paradójicamente, hablando de agilidad mientras instala un modelo que amenaza aquello que ha dado solidez al urbanismo valenciano durante décadas: la autonomía municipal, la protección del paisaje y la cohesión social.
Desde los ayuntamientos, que son los que conviven con los problemas reales —la vivienda que no llega, el suelo que se agota o la movilidad que se complica—, se percibe con claridad una tendencia preocupante: un recentralismo suave, casi administrativo, que desplaza a los consistorios a un papel secundario. El anteproyecto separa de forma rígida la ordenación territorial —competencia autonómica— del planeamiento municipal, pero lo hace otorgando a los instrumentos supramunicipales una eficacia directa e inmediata, capaz de imponerse al planeamiento local. La estrategia territorial, que hasta ahora era el armazón compartido del modelo valenciano, pierde fuerza y se vuelve orientativa, más débil, más interpretable. En definitiva, más prescindible.
A esa recentralización se le suma un segundo desplazamiento, todavía más peligroso: el paso del control preventivo al control a posteriori. El anteproyecto generaliza plazos de apenas un mes para informes sectoriales y establece el silencio administrativo positivo incluso en materias tan delicadas como los riesgos naturales, el impacto ambiental o la ordenación paisajística. De este modo, una administración que no llegue a tiempo no solo perderá capacidad de reacción: su silencio se interpretará como conformidad. Esto no agiliza: desprotege. Y obliga a los ayuntamientos a ejercer una “policía del urbanismo” constante, interviniendo demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho.
Algo similar ocurre con las declaraciones de interés comunitario (DIC), un instrumento que nació con carácter excepcional para permitir usos singulares en suelo no urbanizable. El anteproyecto la convierte ahora en una autorización permanente, borrando el principio de temporalidad que era precisamente lo que la hacía compatible con la protección del territorio. Lo que antes era la excepción, ahora puede convertirse en regla. Y con ello, el suelo no urbanizable pierde su carácter estructural: se abre la puerta a la consolidación indefinida de actividades que, por definición, no deberían echar raíces donde la ley no lo permite.
A la vez, el texto rebaja los estándares de cohesión social y elimina cualquier referencia al urbanismo con perspectiva de género, que en Europa no es un adorno, sino una condición técnica para construir ciudades más seguras, más accesibles y más vivibles. Cohesión e igualdad eran parte del ADN de nuestra legislación urbanística; con este anteproyecto de ley desaparecen del relato legal, como si fuesen componentes prescindibles.
Tampoco la vivienda sale mejor parada. Donde antes había porcentajes obligatorios de vivienda protegida, ahora hay fórmulas genéricas, excepciones y condiciones variables. En un momento en que miles de jóvenes, familias y mayores ven la vivienda como un horizonte inalcanzable, el anteproyecto de ley reduce una de las pocas herramientas que garantizaban un mínimo de suelo reservado a precios accesibles. En los pueblos pequeños, además, se propone eliminar esta obligación bajo la premisa de la simplificación; pero la necesidad de vivienda digna existe en todas partes, también donde la población es escasa.
La infraestructura verde —uno de los grandes avances valencianos— también pierde fuerza. El texto diluye conceptos, sustituye estándares claros por formulaciones vagas y reduce el alcance ambiental de los espacios libres. Un territorio cada vez más vulnerable, por la emergencia climática, a sequías, inundaciones e incendios no puede permitirse una normativa menos exigente.
Desde el PSOE no nos limitamos a señalar los problemas: planteamos un camino alternativo, viable y constructivo.
Queremos una Ley del Suelo que respete y refuerce la autonomía municipal, que asegure que los instrumentos territoriales autonómicos dialoguen con los ayuntamientos en lugar de sustituirlos; que recupere el control preventivo, eliminando el silencio positivo en materias sensibles; que devuelva a las declaraciones de interés comunitario su carácter temporal; y que establezca porcentajes claros y exigibles de vivienda protegida allí donde se transforma la ciudad. Queremos que la infraestructura verde siga siendo la columna vertebral del territorio y que la cohesión social —incluida la perspectiva de género— no desaparezca de la ley, sino que sea un criterio transversal que guíe la planificación de nuestras ciudades.
Porque el urbanismo no es un trámite: es la manera en que una sociedad imagina su futuro. Y el futuro de la Comunitat Valenciana no puede escribirse con menos autonomía, menos garantías y menos derechos. Necesitamos una ley que nos haga más fuertes, no más vulnerables; más capaces, no más dependientes y más cohesionados, no más divididos.
Alberto Antón Merino es vice-secretario de Infraestructuras, Urbanismo y Medio rural del PSPV-PSOE l’Horta Nord
