El desahucio de Maricarmen, que finalmente ha muerto antes de volver a su casa, ha servido para que la sociedad española y los políticos pongamos en primera plana de la actualidad el problema de la vivienda. Un problema que va mucho más allá de la situación de una anciana de 87 años, en silla de ruedas, cuya imagen saliendo en camilla de su casa nos conmovió a todos, pero a la que se le dio la opción de ir a una residencia lo que a su edad y con un 50% de dependencia, no parece ninguna locura. El problema de la vivienda, en general, no es un problema de nuestros mayores.En España el 83% de los mayores de 75 años posee su vivienda en propiedad, y el 50% tiene una segunda vivienda. Muchos de ellos emigraron de los pueblos a las ciudades sin recursos, con ganas de trabajar para sacar a sus familias adelante y no solo se compraron una casa para vivir, sino que con el tiempo incluso se compraron una segunda que ahora les sirve para complementar su pensión. El caso de Maricarmen no es la regla general, sino la excepción en nuestro país. Y el problema de la vivienda no lo tienen los mayores, sino los jóvenes, que con sus exiguos sueldos no solo no pueden comprarse una casa, sino ya casi ni alquilarla.Y los expertos tienen claro el diagnóstico: tenemos un problema de oferta. La población española ha aumentado en más de tres millones de personas desde 2018 y el número de viviendas no crece al ritmo suficiente para absorber los nuevos hogares que se han creado, y ante la escasez de casas los precios se disparan.Ante esta situación, el Gobierno aprobó dos decretos, uno firmado por el presidente Sánchez y otro por el ministro Bustinduy. Tanto el uno como el otro han sido rechazados finalmente en el Congreso, pero en lo que coincidían los expertos es en que no atajaban el principal problema de la vivienda en España: la falta de oferta.Las trabas a los desahucios, la prórroga automática de los alquileres, la congelación de la mayoría de las rentas, el castigo fiscal a todos los caseros que no bajen los precios… todas estas medidas hubieran servido para proteger a las personas que tienen pisos alquilados, pero lejos de aumentar el parque de vivienda habrían provocado exactamente lo contrario. Sin medidas que garanticen la seguridad jurídica, sin medidas para liberar suelo, y sobre todo sin medidas para agilizar la construcción de vivienda, protegida y libre, estaremos muy lejos de solucionar un problema que se agrava día tras día. De hecho, una de las propuestas que podría ayudar a aligerar ese déficit de vivienda –que el Banco de España cifra en 750.000–, la ley del suelo, duerme el sueño de los justos porque una parte del Gobierno se ha negado a sacarla del cajón.Mucho me temo que hemos asistido a otra oportunidad perdida para intentar hacer frente a la principal preocupación de los españoles: la vivienda. El desahucio de Maricarmen, que finalmente ha muerto antes de volver a su casa, ha servido para que la sociedad española y los políticos pongamos en primera plana de la actualidad el problema de la vivienda. Un problema que va mucho más allá de la situación de una anciana de 87 años, en silla de ruedas, cuya imagen saliendo en camilla de su casa nos conmovió a todos, pero a la que se le dio la opción de ir a una residencia lo que a su edad y con un 50% de dependencia, no parece ninguna locura. El problema de la vivienda, en general, no es un problema de nuestros mayores.En España el 83% de los mayores de 75 años posee su vivienda en propiedad, y el 50% tiene una segunda vivienda. Muchos de ellos emigraron de los pueblos a las ciudades sin recursos, con ganas de trabajar para sacar a sus familias adelante y no solo se compraron una casa para vivir, sino que con el tiempo incluso se compraron una segunda que ahora les sirve para complementar su pensión. El caso de Maricarmen no es la regla general, sino la excepción en nuestro país. Y el problema de la vivienda no lo tienen los mayores, sino los jóvenes, que con sus exiguos sueldos no solo no pueden comprarse una casa, sino ya casi ni alquilarla.Y los expertos tienen claro el diagnóstico: tenemos un problema de oferta. La población española ha aumentado en más de tres millones de personas desde 2018 y el número de viviendas no crece al ritmo suficiente para absorber los nuevos hogares que se han creado, y ante la escasez de casas los precios se disparan.Ante esta situación, el Gobierno aprobó dos decretos, uno firmado por el presidente Sánchez y otro por el ministro Bustinduy. Tanto el uno como el otro han sido rechazados finalmente en el Congreso, pero en lo que coincidían los expertos es en que no atajaban el principal problema de la vivienda en España: la falta de oferta.Las trabas a los desahucios, la prórroga automática de los alquileres, la congelación de la mayoría de las rentas, el castigo fiscal a todos los caseros que no bajen los precios… todas estas medidas hubieran servido para proteger a las personas que tienen pisos alquilados, pero lejos de aumentar el parque de vivienda habrían provocado exactamente lo contrario. Sin medidas que garanticen la seguridad jurídica, sin medidas para liberar suelo, y sobre todo sin medidas para agilizar la construcción de vivienda, protegida y libre, estaremos muy lejos de solucionar un problema que se agrava día tras día. De hecho, una de las propuestas que podría ayudar a aligerar ese déficit de vivienda –que el Banco de España cifra en 750.000–, la ley del suelo, duerme el sueño de los justos porque una parte del Gobierno se ha negado a sacarla del cajón.Mucho me temo que hemos asistido a otra oportunidad perdida para intentar hacer frente a la principal preocupación de los españoles: la vivienda.
El desahucio de Maricarmen, que finalmente ha muerto antes de volver a su casa, ha servido para que la sociedad española y los políticos pongamos en primera plana de la actualidad el problema de la vivienda. Un problema que va mucho más allá de … la situación de una anciana de 87 años, en silla de ruedas, cuya imagen saliendo en camilla de su casa nos conmovió a todos, pero a la que se le dio la opción de ir a una residencia lo que a su edad y con un 50% de dependencia, no parece ninguna locura. El problema de la vivienda, en general, no es un problema de nuestros mayores.
En España el 83% de los mayores de 75 años posee su vivienda en propiedad, y el 50% tiene una segunda vivienda. Muchos de ellos emigraron de los pueblos a las ciudades sin recursos, con ganas de trabajar para sacar a sus familias adelante y no solo se compraron una casa para vivir, sino que con el tiempo incluso se compraron una segunda que ahora les sirve para complementar su pensión. El caso de Maricarmen no es la regla general, sino la excepción en nuestro país. Y el problema de la vivienda no lo tienen los mayores, sino los jóvenes, que con sus exiguos sueldos no solo no pueden comprarse una casa, sino ya casi ni alquilarla.
Y los expertos tienen claro el diagnóstico: tenemos un problema de oferta. La población española ha aumentado en más de tres millones de personas desde 2018 y el número de viviendas no crece al ritmo suficiente para absorber los nuevos hogares que se han creado, y ante la escasez de casas los precios se disparan.
Ante esta situación, el Gobierno aprobó dos decretos, uno firmado por el presidente Sánchez y otro por el ministro Bustinduy. Tanto el uno como el otro han sido rechazados finalmente en el Congreso, pero en lo que coincidían los expertos es en que no atajaban el principal problema de la vivienda en España: la falta de oferta.
Las trabas a los desahucios, la prórroga automática de los alquileres, la congelación de la mayoría de las rentas, el castigo fiscal a todos los caseros que no bajen los precios… todas estas medidas hubieran servido para proteger a las personas que tienen pisos alquilados, pero lejos de aumentar el parque de vivienda habrían provocado exactamente lo contrario. Sin medidas que garanticen la seguridad jurídica, sin medidas para liberar suelo, y sobre todo sin medidas para agilizar la construcción de vivienda, protegida y libre, estaremos muy lejos de solucionar un problema que se agrava día tras día. De hecho, una de las propuestas que podría ayudar a aligerar ese déficit de vivienda –que el Banco de España cifra en 750.000–, la ley del suelo, duerme el sueño de los justos porque una parte del Gobierno se ha negado a sacarla del cajón.
Mucho me temo que hemos asistido a otra oportunidad perdida para intentar hacer frente a la principal preocupación de los españoles: la vivienda.
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