Cuando apenas había transcurrido media hora de la importante cumbre del miércoles en Mérida sobre la negociación del Gobierno extremeño, Vox envió un comunicado a los medios enumerando sus demandas dirigidas al PP. “Prioridad de los españoles en sanidad”, rezaba de forma genérica una de las condiciones para investir a María Guardiola. El Partido Popular niega que ese tema estuviera sobre la mesa en la reunión a la que acudió su secretario general, Miguel Tellado, hace dos días. Pero al ser necesario su apoyo también en Aragón y en Castilla y León —comunidades donde Santiago Abascal hace valer su aumento de voto prolongando el bloqueo y donde extenderá los requisitos ya enunciados en Extremadura—, los ultras arrastran inevitablemente a Génova al debate de restringir la sanidad a los inmigrantes, uno de los principales puntales del discurso de la extrema derecha.
El PP apuesta por limitar a las urgencias la atención sanitaria a los indocumentados, mientras los ultras piden en Extremadura dar prioridad a los nacionales en toda la asistencia
Cuando apenas había transcurrido media hora de la importante cumbre del miércoles en Mérida sobre la negociación del Gobierno extremeño, Vox envió un comunicado a los medios enumerando sus demandas dirigidas al PP. “Prioridad de los españoles en sanidad”, rezaba de forma genérica una de las condiciones para investir a María Guardiola. El Partido Popular niega que ese tema estuviera sobre la mesa en la reunión a la que acudió su secretario general, Miguel Tellado, hace dos días. Pero al ser necesario su apoyo también en Aragón y en Castilla y León —comunidades donde Santiago Abascal hace valer su aumento de voto prolongando el bloqueo y donde extenderá los requisitos ya enunciados en Extremadura—, los ultras arrastran inevitablemente a Génova al debate de restringir la sanidad a los inmigrantes, uno de los principales puntales del discurso de la extrema derecha.
A falta de conocer en qué queda el acuerdo de PP y Vox en Extremadura en este punto, el gabinete de Alberto Núñez Feijóo confirma que sí rechaza la sanidad universal pública y gratuita para los extranjeros en situación irregular que ha sido restaurada por el Gobierno de Pedro Sánchez por real decreto hace solo unos días. “Hay que atender a quien lo necesite, pero no generar derechos a personas que son irregulares en nuestro país”, señalan fuentes de Génova. Es decir, el PP pretende volver al modelo en el que se asiste a los inmigrantes indocumentados solo a través de las urgencias, pero sin que se les permita tener acceso a los médicos de familia o especialistas, algo que “lo que hace es tensionar aún más un sistema sanitario que ya está al límite”, defienden en la cúpula del líder del PP.
Desde hace meses, en paralelo a que Vox se disparaba en las encuestas, el PP ha ido endureciendo progresivamente su posición respecto a la inmigración. De hecho, en octubre pasado, Feijóo lanzó su propio plan sobre la materia para poner negro sobre blanco las proclamas aireadas previamente en actos y ruedas de prensa. En ninguno de esos 11 folios se hacía referencia a la asistencia de los inmigrantes en el sistema sanitario.
Donde sí se mencionaba expresamente la cuestión fue en una moción votada a instancia de Vox este jueves en el Congreso. Justo la misma semana en la que en Mérida estaba convocado el encuentro crucial para la negociación del Gobierno de Extremadura, Vox ha impulsado en la Cámara baja un debate sobre “las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la asistencia sanitaria de los españoles”. El PP se abstuvo en esa moción que incluye entre otros el siguiente precepto: “Establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario”. Otras fuentes de la ejecutiva popular explican que se abstuvieron porque “estaba de acuerdo en algunas cosas y en otras, no”.
El PP presentó una enmienda a la moción, que recogía demandas dirigidas al Ministerio de Sanidad pero que no incluía el apartado sobre “establecer la prioridad nacional” en sanidad. La modificación fue rechazada por Vox. Pero el PP no votó en contra y se abstuvo ante al texto íntegro. La diputada popular Esperanza Reynal intervino durante el debate en el Congreso y en un momento de su intervención se refirió a los extranjeros. “Con respecto a la universalidad… la sanidad española debe dar acceso a quien lo precise”, indicó desde la tribuna. “Pero, con este Gobierno, la política de inmigración es un desastre y no podemos hacer de la irregularidad un derecho”, remachó Reynal.
En sus conversaciones con Vox para alcanzar acuerdos de Gobiernos autonómicos, el PP tendrá que moverse siempre bajo el paraguas legal estatal sanitario, aunque las comunidades tengan la competencias transferidas. Génova no incluyó tampoco nada expreso sobre sanidad e inmigrantes en su documento marco que sirve de guía en las negociaciones de sus barones. “La inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables y el Gobierno responde con regularizaciones masivas que transforman la irregularidad en un derecho”, especifica el texto sobre la política migratoria de Sánchez.
Recuperar la sanidad universal
Una de las primeras iniciativas de Pedro Sánchez tras ser investido presidente en 2018 fue precisamente recuperar la universalidad del acceso sanitario para todos los residentes en España, que el Gobierno de Mariano Rajoy había recortado en 2012, cuando solo podían ser atendidos en urgencias o en los servicios de maternidad. La nueva norma de Sánchez dejó un vacío administrativo porque pedía el empadronamiento en España de al menos tres meses antes para el acceso a la prestación gratuita más allá de las urgencias —como un médico de cabecera y otros especialistas—. Y, por tanto, dejaba fuera a los que llevasen menos tiempo o a quienes no pudieran acreditar la residencia, un déficit que subsanaron en el nuevo texto aprobado en Consejo de Ministros el pasado marzo.
Unos cambios que en Génova no comparte. “Una cosa es garantizar la asistencia sanitaria y otra convertir la irregularidad en un derecho”, arguyen fuentes del gabinete del PP. “Con este anteproyecto, el Gobierno lo que hace es tensionar aún más un sistema sanitario que ya está al límite”, añaden las mismas fuentes autorizadas. “A mayor número de usuarios, mayor gasto”, sostienen otras fuentes del comité de dirección del PP, que censuran que el Gobierno “asfixie” a las comunidades autónomas —competentes en sanidad— con esta medidas, porque según su criterio impulsa este cambio sin aumentar la financiación de los territorios de manera correlativa.
