El Departamento de Estado de EE UU, que dirige Marco Rubio, ha anunciado este miércoles sanciones contra la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, por su “antisemitismo descarado” y por alentar una campaña política y económica contra Israel. Washington acusa en concreto a Albanese de “colaboración directa” con el Tribunal Penal Internacional (TPI) para “investigar, detener, encarcelar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de estos dos países”, dice el comunicado publicado este miércoles.
La medida del Departamento de Estado contra Francesca Albanese es continuación del impuesto en febrero al Tribunal Penal Internacional por emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa
El Departamento de Estado de EE UU, que dirige Marco Rubio, ha anunciado este miércoles sanciones contra la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, por su “antisemitismo descarado” y por alentar una campaña política y económica contra Israel. Washington acusa en concreto a Albanese de “colaboración directa” con el Tribunal Penal Internacional (TPI) para “investigar, detener, encarcelar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de estos dos países”, dice el comunicado publicado este miércoles.
“La campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en su cuenta de la red social X (antes Twitter). Albanese ha acusado sin ambages a Israel de crímenes de guerra, incluyendo la comisión de un genocidio, en la franja de Gaza.
Las sanciones contra Albanese, una voz especialmente crítica contra la ofensiva israelí en Gaza, son las mismas que las impuestas el pasado 6 de febrero contra el tribunal de la ONU, y se resumen en el bloqueo de bienes y activos, así como la retirada del visado y prohibición de entrada en Estados Unidos. “Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, por lo que esta acción [de Albanese, como en su día la del TPI] constituye una grave violación de la soberanía de ambos países”.
El comunicado del Departamento de Estado acusa a Albanese de “actividades tendenciosas y malintencionadas que desde hace tiempo la incapacitan para ejercer como relatora especial. Albanese ha vomitado un antisemitismo descarado, ha expresado su apoyo al terrorismo y su abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente. Esa parcialidad se ha puesto de manifiesto a lo largo de toda su carrera, incluyendo la recomendación de que el TPI, sin una base legítima, emita órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant”.
La redacción del comunicado se parece mucho al que anunció las sanciones contra el tribunal de la ONU. “El TPI, como establece el Estatuto de Roma, ha emprendido acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado Israel. El TPI, sin una base legítima, se ha declarado competente y ha abierto investigaciones preliminares sobre personal de Estados Unidos y de algunos de sus aliados, incluido Israel, y ha abusado aún más de su poder al dictar órdenes de detención infundadas contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
El comunicado del Departamento de Estado recuerda que Albanese ha intensificado “recientemente” su presunta persecución con “cartas amenazadoras a docenas de entidades de todo el mundo, incluidas importantes empresas estadounidenses de los sectores financiero, tecnológico, de defensa, energético y hotelero, en las que hace acusaciones extremas e infundadas y recomienda al TPI que investigue y procese a estas empresas y a sus ejecutivos. No toleraremos estas campañas de guerra política y económica, que amenazan nuestros intereses nacionales y nuestra soberanía”.
En un informe reciente, Albanese denunció que grandes firmas de inversión estadounidenses como Blackrock o Vanguard han cometido “graves violaciones del derecho internacional” por haberse lucrado de una “economía del genocidio”. Motivos más que suficientes para que Washington, como vocero de Israel, arremeta nuevamente contra la ONU por su denuncia de la guerra desatada el 7 de octubre de 2023, tras el feroz ataque de Hamás contra Israel, y que se ha cobrado la vida de más de 50.000 personas según fuentes oficiales gazatíes.
Coincidiendo con la segunda reunión en menos de 48 horas de Trump y Netanyahu durante la visita oficial de este ultimo a Washington, altos funcionarios estadounidenses, israelíes y qataríes mantuvieron este martes conversaciones secretas en la Casa Blanca que se centraron en el principal punto de fricción pendiente para lograr un alto el fuego de 60 días y un acuerdo sobre los rehenes israelíes en Gaza, según el portal Axios. “Todavía quedan algunos flecos, pero de momento estamos en una trayectoria positiva”, dijo una fuente al citado medio. Un importante punto de fricción continúa siendo la posición a la que se retiraría el Ejército israelí desde la Franja durante el hipotético alto el fuego.
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