Puede que el contexto preelectoral acucie, pero el cambio no será automático. La renuncia por sorpresa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a su cargo no se traduce automáticamente en el nombramiento de un sucesor ni tampoco su número dos en el ministerio, el secretario de Estado, asume sus competencias.
Hasta que el real decreto de su cese aparezca en el BOE, el ministro dimisionario sigue siendo el titular de Transportes
Puede que el contexto preelectoral acucie, pero el cambio no será automático. La renuncia por sorpresa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a su cargo no se traduce automáticamente en el nombramiento de un sucesor ni tampoco su número dos en el ministerio, el secretario de Estado, asume sus competencias.
“El ministro Puente ha hecho un ejercicio de responsabilidad política por partida doble”, señalaban fuentes del Gobierno que despedían así, poco más de una hora después de que Puente cerrase su comparecencia a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso con el sorprendente anuncio de que renunciaba al cargo. “Demuestra así que ni todos los políticos ni todos los partidos son iguales”, concluían las mismas fuentes.
Sí que todos son iguales… pero cuando renuncian. El anuncio es la manifestación de la voluntad del titular de renunciar a su cargo, pero no equivale al acto formal en el que se separa del Gobierno. La legislación no establece un procedimiento específico para aceptar esa renuncia, ni tampoco fija un plazo determinado para darle cauce.
Ni la Constitución ni la Ley del Gobierno establecen un procedimiento específico de aceptación de una renuncia ministerial ni un plazo determinado para tramitarla. Eso sí, la Ley Fundamental atribuye al Rey la potestad de nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente (artículo 62, apartado e), y además lo dice por partida doble: “Los demás miembros del Gobierno [aparte del Presidente] serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente”, reza el artículo 100.
¿Qué procede ahora, pues? Esa dimisión tiene que convertirse en un acto formal de separación. Así que las palabras de Puente solo tendrán efecto —dejar la titularidad del ministerio— cuando su cese aparezca en el Boletín Oficial del Estado, en un real decreto firmado, como corresponde, por el Rey. En ese texto figurará muy probablemente, con una formulación u otra, que el cesado lo hace “a petición propia”.
El presidente del Gobierno propondrá al Rey, pues, quién dirige la cartera vacante, como ha ocurrido cada vez que algún miembro del Ejecutivo ha dejado su cargo por voluntad propia, en general porque le aguardaba algún otro destino político (candidaturas electorales, cargos fuera del Gobierno) con la única excepción, hasta la de Puente, del ministro de Cultura y Deportes Màxim Huerta, que renunció poco después de su nombramiento para el primer Gabinete de Pedro Sánchez en junio de 2018, para dejar por completo la política.
El nuevo titular nombrado deberá prestar juramento o promesa ante el Rey y estará obligado a “mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros”. Y mientras se nombra, el Gobierno tendrá plena vigencia. La renuncia de un ministro no equivale a que esté “en funciones”, como si ocurre cuando dimite —o fallece— el presidente del Ejecutivo, tras celebrarse elecciones generales o cuando el Gabinete pierde la confianza parlamentaria.
La Ley también recoge la posibilidad de establecer una suplencia, en una especie de vacancia temporal, aunque esa figura parece concebida sobre todo para supuestos de ausencia, enfermedad u otro tipo de impedimento. El artículo 13.2 de la Ley del Gobierno dispone que se hará —de nuevo— por real decreto del presidente y que las competencias huérfanas corresponderán a otro miembro del Ejecutivo.
Y mientras se adopta una solución u otra, y aunque el Ministerio de Transportes cuente con un claro número dos, el secretario de Estado, este no asume el conjunto de competencias que corresponden al ministro. “Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios”, describe la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. La operativa administrativa ordinaria del ministerio seguirá su curso y seguirá regida por sus órganos directivos sin esperar a que Óscar Puente tenga sustituto.
