En su actual fase de conclusiones el proceso penal contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, mantiene la apariencia de un continuo despilfarro procesal. Se trata de un procedimiento importante, por las personas concernidas, ya sea como acusadas o como testigos, y por las consecuencias que quepa desprender de este asunto para el futuro.
La elevada petición de pena de cárcel por parte de la acusación no acaba de casar con la conducta descrita en su escrito ni con el soporte probatorio aportado
En su actual fase de conclusiones el proceso penal contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, mantiene la apariencia de un continuo despilfarro procesal. Se trata de un procedimiento importante, por las personas concernidas, ya sea como acusadas o como testigos, y por las consecuencias que quepa desprender de este asunto para el futuro.
La labor del instructor, el juez Juan Carlos Peinado, ha dado ocasión a diversas polémicas desde el inicio del caso, hace ya dos años, y a que sus decisiones estuvieran permanentemente bajo la lupa de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha ido acotando su labor.
La exhaustividad de la tarea realizada por el magistrado ha contrastado con el afán mostrado por la Audiencia para conseguir que se atendiera el conocido principio que persigue garantizar la economía procesal en las actuaciones judiciales. Pero llegados al punto de las conclusiones todo indica que se ha producido cierto efecto contagio para el conjunto de la causa y en todos sus aspectos.
La acción popular —que encabeza la asociación ultra Hazte Oír— ha presentado el correspondiente escrito con las peticiones de pena para Begoña Gómez, que alcanzan los 24 años de prisión, por cuatro supuestos delitos, los de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Para tener un punto de comparación sobre la magnitud de este planteamiento cabe decir que el delito de homicidio tiene prevista en el artículo 138 del Código Penal una pena que oscila entre los 10 y los 15 años de privación de libertad. Al asesinato, como supuesto agravado del homicidio —por ejemplo, el cometido con alevosía—, le corresponden, de acuerdo con el artículo 139 del mismo texto, entre 15 y 25 años, uno más que los solicitados para Begoña Gómez.
Ya se sabe que, según un dicho consolidado en los palacios de justicia, el papel lo aguanta todo. A lo que cabría añadir ahora que las redes sociales, más. Pero si tenemos que analizar las tesis de la acción popular a la luz del principio de proporcionalidad, tan elevada petición no acaba de casar con la conducta descrita en el escrito remitido al juzgado, ni con el soporte probatorio que incluye. La Fiscalía lo ha visto claro y no ha presentado petición de pena alguna, lo que encaja con sus solicitudes anteriores para que se archive la causa. La acción popular, en cambio, entiende que a la ayudante y asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, le corresponden 22 años de prisión, por el apoyo dado a la esposa del presidente del Gobierno en sus actividades profesionales, y pide 6 para el empresario Juan Carlos Barrabés, supuesto beneficiario de esa labor.
La conducta delictiva de Begoña Gómez habría consistido en acceder a una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, aprovechándose de ella para impulsar su carrera profesional, “pese a no ser licenciada universitaria” y sin que hubiera existido “un proceso abierto y competitivo de selección académica”. No consta, en cambio, que la inculpada se lucrase con dicho puesto. La acusación subraya que ese cargo sin sueldo sirvió como plataforma para tráfico de influencias, entre otras las ejercidas en beneficio de Barrabés, sobre la base de ofrecer “interlocución con el presidente del Gobierno”. El beneficio por el software creado por varias empresas para dicha cátedra se describe como hipótesis de futuro si ésta hubiera continuado su labor.
La malversación, a su vez, se habría producido por el apoyo de la asistente a la labor profesional privada de la acusada. Las esposas de los presidentes han tenido ayudantes y es improbable que los partidos quieran una ley específica para distinguir entre actividad institucional y labor privada, por la dificultad de separarlas con absoluta nitidez. La defensa lo argumenta preguntándose al pedir el archivo de la causa si ¿comete malversación el cocinero que prepara una comida privada para la familia del presidente?
