El sector social arrastra el lastre de las malas condiciones laborales de sus trabajadores, y no ha podido dejarlo ir desde la crisis financiera. En las residencias y centros de atención a la dependencia, en los servicios sociales, en los recursos para personas sin hogar, para infancia y adolescencia o para personas drogodependientes, todos los ámbitos del sector social comparten el mismo problema: en estos servicios públicos, un trabajador que esté contratado por una empresa del tercer sector cobra mucho menos que uno que esté contratado por un servicio de titularidad pública. Esta brecha, causante de la alta rotación de los equipos y las dificultades en la gestión, es la que el Govern quiere empezar a cerrar para alcanzar la “equiparación salarial”. Este miércoles, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que llevará a cabo una inversión de 600 millones de euros en cuatro años (150 millones por año) para subir las tarifas que la administración paga a las empresas que prestan servicios públicos, con el objetivo de que mejoren los salarios de unos 120.000 trabajadores.
El acuerdo implica una inversión de 600 millones de euros en cuatro años para lograr la equiparación salarial con el sector público
El sector social arrastra el lastre de las malas condiciones laborales de sus trabajadores, y no ha podido dejarlo ir desde la crisis financiera. En las residencias y centros de atención a la dependencia, en los servicios sociales, en los recursos para personas sin hogar, para infancia y adolescencia o para personas drogodependientes, todos los ámbitos del sector social comparten el mismo problema: en estos servicios públicos, un trabajador que esté contratado por una empresa del tercer sector cobra mucho menos que uno que esté contratado por un servicio de titularidad pública. Esta brecha, causante de la alta rotación de los equipos y las dificultades en la gestión, es la que el Govern quiere empezar a cerrar para alcanzar la “equiparación salarial”. Este miércoles, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que llevará a cabo una inversión de 600 millones de euros en cuatro años (150 millones por año) para subir las tarifas que la administración paga a las empresas que prestan servicios públicos, con el objetivo de que mejoren los salarios de unos 120.000 trabajadores.
