Es 26 de marzo de 2019. Resignado, el comisario Enrique García Castaño se sienta en una austera sala de la Audiencia Nacional. Enfrente se coloca el magistrado instructor Manuel García-Castellón; y a su derecha, los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. “Querría ampliar más cosas”, dice entonces el agente jubilado de la Policía Nacional, a quienes todos conocían en el Cuerpo por el apodo de El Gordo. Un tipo peculiar (espontáneo, lenguaraz, procaz…) que apenas unas semanas antes ha admitido la puesta en marcha de la Operación Kitchen y que ahora, cuando el cerco se estrecha sobre él por la trama de espionaje urdida contra el extesorero popular Luis Bárcenas, se dispone a tirar más de la manta. No va a caer solo.
Las defensas se preparan para atacar el testimonio del comisario García Castaño, apartado de la vista por su estado de salud tras confesar y aportar documentos para escalar hasta la cúpula de Interior
Es 26 de marzo de 2019. Resignado, el comisario Enrique García Castaño se sienta en una austera sala de la Audiencia Nacional. Enfrente se coloca el magistrado instructor Manuel García-Castellón; y a su derecha, los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. “Querría ampliar más cosas”, dice entonces el agente jubilado de la Policía Nacional, a quienes todos conocían en el Cuerpo por el apodo de El Gordo. Un tipo peculiar (espontáneo, lenguaraz, procaz…) que apenas unas semanas antes ha admitido la puesta en marcha de la Operación Kitchen y que ahora, cuando el cerco se estrecha sobre él por la trama de espionaje urdida contra el extesorero popular Luis Bárcenas, se dispone a tirar más de la manta. No va a caer solo.
—Entonces, ¿el objeto de dicho operativo era investigar el patrimonio de Bárcenas en el extranjero, si tenía testaferros y cuentas fuera? —se lanza Stampa, receloso, que no se cree la excusa que repite la cúpula policial.
—Esa es la parte que se me transmite a mí por el director adjunto operativo, [Eugenio Pino]. Pero la otra parte que se me transmite desde el Ministerio del Interior era, en realidad, descubrir si Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del PP en los que aparecían la financiación que había recibido en donaciones, los pagos extra que se habían hecho en b…
Más de seis años después de aquella declaración, a la que se sumó una entrega de documentación que permitió dar un salto cualitativo en la investigación para escalar hasta el Gobierno de Mariano Rajoy, el nombre de Enrique García Castaño brota cada dos por tres en el juicio de Kitchen. Es el gran ausente en el banquillo de los acusados —sufrió un ictus en 2022, que provocó que se archivaran todas las causas abiertas contra él—, pero su sombra es alargada. En la vista, que ha alcanzado el ecuador y suma ya más de 80 testigos interrogados, resulta imposible esquivar su figura. El Gordo es una pieza clave para entender el engranaje montado en el Ministerio del Interior en 2013 para seguir los pasos de Bárcenas. Pero también, un blanco fácil contra el que disparar, ante la imposibilidad de que responda. Las defensas se preparan para atacar en los próximos días su testimonio, que fue grabado en instrucción y que el tribunal prevé reproducir en la sala.
Precisamente, el pasado jueves, la diana volvió a colocarse sobre él. El comisario Santiago Sánchez Aparicio, que estaba al frente en 2013 de la Comisaría General de Policía Judicial, de la que dependía la unidad que investigaba a Luis Bárcenas bajo las órdenes del juez instructor Pablo Ruz, aseguró que mantuvo en aquella época una reunión con García Castaño y Eugenio Pino. Según reconoció, el director adjunto operativo le había comentado que existía una “operación de inteligencia” sobre el entorno del extesorero, sin precisarle el objetivo del despliegue. En esa cita, añadió, El Gordo lamentó que no se había podido ejecutar porque “las fuentes no tenían la suficiente fuerza para continuar”.
Sin embargo, las pruebas evidencian que sí se desarrolló el espionaje al excontable del PP. Y el sumario de Kitchen sitúa a García Castaño en varios episodios fundamentales. De ahí, el valor de su palabra. Fue el primer mando policial en intentar captar al chófer de Bárcenas como confidente —pero fracasó y, por eso, se recurrió después al comisario José Manuel Villarejo—. Puso al servicio de la trama a decenas de agentes, que operaban bajo su mando en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), para hacer seguimientos y vigilancias a la esposa del extesorero (Rosalía Iglesias), a su familia y a su abogado. Y sacó 700 euros de los fondos reservados para adquirir una pistola Glock, que le regaló al conductor como “contraprestación” por la “información y documentación suministrada”.
Durante su declaración como testigo ante el tribunal, el jefe del área de Seguimientos de la UCAO ya contó que El Gordo les ordenó vigilar al entorno de Bárcenas para, según les dijo, localizar donde escondía el “dinero”. Las acusaciones señalan que esa era la excusa que los mandos del Cuerpo repetían a sus subordinados —y aún mantienen en el juicio— para justificar dicho operativo, que realmente buscaba documentos “incriminatorios” que el extesorero aún podía guardar sobre altos cargos del PP para que no llegaran así a los investigadores del caso Gürtel. Esa fue la tesis que García Castaño admitió en 2019 en la Audiencia Nacional, en esa declaración explosiva ante García-Castellón.
De hecho, el jefe de Seguimientos subrayó igualmente que su equipo nunca tuvo contacto con la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), que era el grupo encargado de las pesquisas abiertas contra Bárcenas bajo la supervisión del juez Ruz. Pese a que “era público y notorio que estaba investigado por la UDEF”, recalcó el testigo, antes de incidir en que El Gordo “monopolizaba” toda la información que conseguían. La Fiscalía remacha que esos datos le permitieron, por ejemplo, acceder a un estudio de Rosalía Iglesias, donde la trama creía que ocultaba material sensible del PP (el extesorero ha afirmado que allí guardaba un audio que le “robaron” y que implicaba a Rajoy en la caja b del partido).
“Asumió el compromiso”
Para resumir la importancia del rol desempeñado por García Castaño en Kitchen, el magistrado instructor García-Castellón concluyó que este policía “asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión”, que le habían encomendado Pino y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. En esa línea, el ministerio público apostilla que El Gordo “transmitía” a Pino y Martínez “la información y documentación” que conseguía de Bárcenas y su entorno. Es más, el responsable de la UCAO aseveró que, entre otro material, facilitó al secretario de Estado el contenido de varios aparatos electrónicos de Bárcenas que el chófer les había entregado tras sustraerlos.
La antigua mano derecha de Fernández Díaz niega ese episodio. “[Martínez] nunca ordenó ni tuvo conocimiento de entrada alguna en ningún inmueble de Bárcenas ni ordenó volcado alguno de sus teléfonos móviles u otros dispositivos, ni se le entregó jamás resultado alguno de tal volcado”, asegura en un escrito aportado a la Audiencia Nacional. Su defensa es una de las más interesadas en restar valor al testimonio de El Gordo, ya que lo implica directamente. También la de Pino tiene interés en resaltar sus “contradicciones”. Por ello, varios abogados han pedido que se reproduzca en la sala todas las declaraciones en instrucción de García Castaño. Un procesado explica que se pretende así realzar ante los magistrados que el mando de la UCAO cambió de “versión” para cooperar con la Fiscalía cuando se vio cercado y su estado de salud empeoró antes de darle el ictus.
En su escrito de acusación, el ministerio público reconoció que El Gordo había allanado el camino para escalar hasta el Ministerio del Interior y, por ello, planteó al tribunal que se le aplicase el atenuante de “colaboración tardía” para la justicia. Esto se tradujo en que Anticorrupción pidiera para él 12 años y seis meses de cárcel, menos que para los otros grandes implicados supuestamente en el espionaje.
