La Policía Nacional ha detenido a 11 personas, entre comerciales, altos funcionarios del Servicio Murciano de Salud (SMS) y profesionales sanitarios acusados de orquestar un fraude de casi siete millones de euros a las arcas de la sanidad murciana a través de la compra de productos sanitarios inflados de precio hasta en un 1.287% y que, en algunos casos, ni siquiera estaban homologados para su uso o estaban caducados. Además de los arrestados, hay otras dos personas que están siendo investigadas, y todas ellas están acusadas de presuntos delitos de delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
Altos funcionarios, médicos y comerciales subieron hasta un 1.287% los costes de prótesis usadas en operaciones derivadas a la sanidad concertada
La Policía Nacional ha detenido a 11 personas, entre comerciales, altos funcionarios del Servicio Murciano de Salud (SMS) y profesionales sanitarios acusados de orquestar un fraude de casi siete millones de euros a las arcas de la sanidad murciana a través de la compra de productos sanitarios inflados de precio hasta en un 1.287% y que, en algunos casos, ni siquiera estaban homologados para su uso o estaban caducados. Además de los arrestados, hay otras dos personas que están siendo investigadas, y todas ellas están acusadas de presuntos delitos de delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia lleva desde enero de 2025 investigando este supuesto entramado delictivo, del que alertó la propia Consejería de Salud de la comunidad autónoma cuando su servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios detectó movimientos irregulares en una de las auditorías internas realizadas a la central de compras del SMS.
Según han explicado a EL PAÍS fuentes cercanas al caso, la trama operaba principalmente con el material quirúrgico que se empleaba en las operaciones y cirugías realizadas en clínicas privadas que tienen conciertos con la sanidad pública murciana. Para cometer el fraude, según la información facilitada por la Policía Nacional, los detenidos introducían datos falsos en el sistema contable del SMS para adquirir productos que no estaban autorizados ni pertenecían al catálogo de productos de la sanidad pública autonómica. Fijaban para esos productos no autorizados precios de compra muy elevados y, de esa manera, desde la central de compras, se adquirían esos productos en lugar de los que sí formaban parte del catálogo y que eran mucho más baratos. La policía ha detectado al menos 30 productos no homologados y facturados de forma fraudulenta por esta vía, como prótesis vasculares y material sanitario fungible (material de un solo uso como jeringuillas, guantes, gasas, apósitos).
Los implicados, según la policía, tenían “un conocimiento exacto de los puntos sensibles del sistema informático contable” del SMS y contaban además con la ayuda de funcionarios con cargos de responsabilidad tanto en la central de compras como en el sistema de facturación. Los materiales con los precios inflados no se adquirían mediante licitaciones públicas, lo que habría facilitado el fraude, al negociar directamente estos funcionarios con empresas de suministros. Aunque no ha trascendido quiénes son o qué cargos tenían los once detenidos, fuentes cercanas a la investigación han indicado a este periódico que se trata de responsables de la mercantil que suministraba el material médico (según el periódico La Verdad, que adelantó esta investigación, se trata de la empresa valenciana Logimed), funcionarios con responsabilidad en el servicio de compras del SMS y personal sanitario que derivaba a pacientes a clínicas concertadas donde se utilizaba el material comprado con sobrecostes.
La mayor parte del fraude, según la investigación de la UDEF, se cometía en esas operaciones médicas que el SMS derivaba a centros concertados. En estas intervenciones, los sobrecostes del material eran, como mínimo del doble del precio real de los productos y, en algunos casos, llegaban a ser un 1.287% más caros. Asimismo, se llegaba a facturar “por servicios que debían ser gratuitos y por material sanitario que no había sido utilizado”. Incluso se llegaron a utilizar “productos sanitarios caducados generando un riesgo para la salud pública”, de lo que se derivan los posibles delitos contra la salud pública.
En total, los investigadores calculan que esta trama criminal defraudó más de 6,8 millones de euros a la sanidad pública murciana a través de estas compras con precios inflados, motivo por el que se ha solicitado al juzgado que bloquee las cuentas bancarias, propiedades y vehículos de los investigados.
La Consejería de Salud de la Región de Murcia ha emitido un comunicado tras conocerse estas detenciones para recordar que fue este organismo el que puso el caso en conocimiento de la Fiscalía y que se trata de un posible fraude económico que “no afecta a pacientes”, sino solo al precio de compra de los materiales. El comunicado señala que “los responsables del servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca [hospital de referencia de la Región de Murcia] concluyen que no consta la implantación de prótesis caducadas”, por lo que las prácticas irregulares que se han detectado “tenían como objetivo el supuesto fraude económico”. La Consejería ha señalado también que utilizará todas las vías a su alcance “hasta que se restituya la cuantía económica total defraudada”.
