Raro es el día en el que los vecinos de Washington no amanecen con un nuevo sobresalto cortesía del inquilino de la Casa Blanca. Y no es, aunque también, por la guerra de Irán, por su uso de la prensa para intoxicar a la opinión pública o por sus insultantes mensajes en Truth, sino por las reformas que el presidente de Estados Unidos está emprendiendo unilateralmente en la capital, a la manera de un alcalde con presupuesto y poder ilimitados, de un emperador romano o de un rey, como Carlos III, con fijación por una ciudad, Madrid.
El presidente moldea la capital de EE UU a su antojo con obras salpicadas por la corrupción que reflejan su deriva autoritaria. Dos jueces tumban el fondo para resarcir a sus aliados “perseguidos” por Biden
Raro es el día en el que los vecinos de Washington no amanecen con un nuevo sobresalto cortesía del inquilino de la Casa Blanca. Y no es, aunque también, por la guerra de Irán, por su uso de la prensa para intoxicar a la opinión pública o por sus insultantes mensajes en Truth, sino por las reformas que el presidente de Estados Unidos está emprendiendo unilateralmente en la capital, a la manera de un alcalde con presupuesto y poder ilimitados, de un emperador romano o de un rey, como Carlos III, con fijación por una ciudad, Madrid.
La sorpresa fue el lunes una estructura efímera visible desde la azotea de uno de los hoteles del entorno de la Casa Blanca: un arco de 30 metros en su cara sur, donde el próximo 14 de junio, día del 80º cumpleaños de Donald Trump, está prevista la celebración de un combate de artes marciales mixtas. La semana pasada fue la vuelta del agua a fuentes que llevaban años secas. Y antes, el cierre del estanque frente al monumento Lincoln para pintarlo de un azul piscina; las molduras doradas por todas partes en la Casa Blanca; el derribo de su ala este para construir un gigantesco salón de baile; o el proyecto de erigir un arco de triunfo imperial para conmemorar el 250º aniversario de la Independencia de Estados Unidos.
Como resultado de la pasión por la piqueta de un político con corazón de constructor, en las calles de Washington se acumulan zanjas y grúas, parques cerrados y plazas valladas, mientras los tribunales se llenan de demandas para tratar de parar o, al menos, ralentizar algunas de esas obras. Todo forma parte de un plan de “embellecimiento de la capital de la nación”, pero sobre todo responde a una anomalía: el régimen administrativo de autonomía limitada del Distrito de Columbia (DC).
Su gestión dependía de la Cámara de Representantes hasta 1973, cuando se aprobó la Home Rule Act, una ley fruto de años de lucha por un poco de autodeterminación. Desde entonces, la ciudad tiene concejales y alcaldesa, Muriel Bowser, que se retirará en enero tras 12 años en el puesto y una recta final con Trump enfrente, ante el que ha podido hacer más bien poco. El presupuesto de Washington depende del Capitolio, sus vecinos retienen cierto control sobre la policía y cuentan con dos senadores y un congresista “en la sombra”. Como los de Puerto Rico, están en el Capitolio para abogar por los intereses de DC, pero, sobre todo, para lograr que al distrito se le reconozca como el Estado número 51. Es decir: tienen voz, pero carecen de voto.
Poder casi ilimitado
Ese régimen explica en buena medida los abusos de Trump, que tiene poder casi ilimitado sobre la tierra de propiedad federal, la parte en la que fundamentalmente está metiéndole mano a DC. En el resto de ese cuadrado mordido por el río Potomac, es donde viven los vecinos; unos 700.000 dentro de un área metropolitana con seis millones de habitantes que coge partes de Virginia y Maryland. Recibieron a Trump con hostilidad durante su primera presidencia; se decantaron en 2024 por su rival, Kamala Harris, con más de un 90% de los votos y ahora sufren las consecuencias.
“La actitud de los presidentes con la capital ha sido respetuosa, pese a las tensiones. Trump ha llevado esas tensiones a un nivel obsceno”, advierte en una conversación por videoconferencia Paul Strauss, senador desde 1997 por DC, cargo que el Gobierno no remunera. “Ninguno había faltado al respeto al edificio de la Casa Blanca de esa manera. Quiere convertir en una piscina de resort el estanque de Lincoln, que se diseñó con fondo oscuro precisamente para que reflejara el monumento, y sueña con un arco con un estilo autoritario como si los alemanes hubieran ganado la II Guerra Mundial”, añade el político.
Strauss −que en noviembre se presenta a la reelección, porque, dice, “no estaría bien rendirse ahora que hay tanto en juego”− recuerda que el daño a la ciudad va, con todo, “más allá de lo físico”. “También es económico, y empezó [el año pasado] con los despidos masivos de funcionarios”, afirma.
Después vino un decreto que ordenaba hacer de Washington un lugar “seguro, hermoso y próspero”. La primera parte se tradujo en agosto en un despliegue de centenares de agentes de la guardia nacional, para el que se adujeron problemas de delincuencia que las estadísticas no contaban.
Ahí siguen nueve meses después. Es frecuente verlos en las esquinas, en grupos de a cuatro, sin mucho que hacer, salvo dejarse fotografiar por los turistas y poner buena cara cuando algún vecino cabreado les grita que se vayan. También tienen el encargo de proteger las actuaciones de la policía migratoria de Trump (el ICE son sus temibles siglas en inglés), mientras la población migrante vive con temor a la deportación en una ciudad militarizada.
Con una determinación que el historiador presidencial Russell Riley confirma que “carece de precedentes”, Trump está dejando su huella en la ciudad también a base de poner su nombre a todo —del Kennedy Center (en una decisión que una jueza tumbó el viernes) al Institute for Peace—. Sin esperar al veredicto de la posteridad, el Departamento del Tesoro quiere estampar su rostro en un nuevo billete de 250 dólares, y el presidente ha adornado edificios emblemáticos de la Administración con su retrato a tamaño sobrenatural y una imaginería más propia de Pyongyang o Damasco que de Washington.
En ningún lugar invita tanto la visión de su imagen a la metáfora sobre sus tendencias autocráticas como la fachada del Departamento de Justicia, que Trump ha convertido en un instrumento de venganza contra aquellos a los que percibe como sus enemigos. La última de la lista ha sido, esta semana, la columnista E. Jean Carroll, que le ganó un juicio civil por difamación tras acusarlo de una agresión sexual en los años 80 en Nueva York.
El presidente de Estados Unidos también ha empleado ese departamento para crear un fondo de 1.776 millones de dólares con el que resarcir a los que considera que fueron “perseguidos políticamente” por su predecesor, Joe Biden. Y eso podría incluir a los participantes en el asalto al Capitolio, a los que ya indultó en su primer día de vuelta en el Despacho Oval.
El anuncio del fondo llegó después de que Trump retirara una demanda de 10.000 millones contra Hacienda por desvelar información sobre sus ingresos en una filtración a la prensa. Era una aventura judicial surrealista: el presidente exigía daños y perjuicios a Estados Unidos, por lo que los abogados de uno y otro lado estaban a sus órdenes.
El viernes, dos juezas distintas terciaron en un asunto que ha generado críticas incluso entre los republicanos. Primero, quedó suspendida temporalmente la creación del fondo. Unas horas después, una magistrada de Florida reabrió el caso de la denuncia de Trump a Hacienda, al considerar que el pacto mediante el cual desistió de su demanda, que incluye beneficios fiscales para él y para su familia, suscita sospechas de “manipulación del sistema judicial”.
Por esos manejos y por las informaciones que hablan de contratos inflados y concedidos a dedo y de enriquecimiento personal y financiación irregular en sus obras en Washington, la portada del suplemento dominical de opinión de The New York Times llevó una imagen trucada en la que un operario barre un simbólico puñado de virutas rojas, blancas y azules, colores de la bandera, bajo unas letras de molde que dicen “Departamento de Corrupción (fundado el 18 de mayo de 2026)”.
Una versión reducida de la cara del presidente ha aparecido también en vallas que tapan obras en espacios públicos. Llevan la firma de Parques Nacionales, agencia que gestiona esos terrenos de propiedad federal, y en ellas se ve al inquilino de la Casa Blanca tocado por un casco de construcción y una frase que dice “Thank you, PRESIDENT TRUMP”. Parece un acto sumo de egolatría: no es raro que los políticos reclamen reconocimiento, pero darse las gracias a sí mismos es otra cosa.
Hay vecinos de Washington que también agradecen algunas de esas reformas. Por ejemplo, la que ha devuelto el agua al estanque del parque Meridian Hill, que solía frecuentar Juan Ramón Jiménez cuando vivió en la ciudad, o a las fuentes de la rotonda de la estatua Cristóbal Colón frente a la estación de tren. Llevaban fuera de juego casi dos décadas, hasta que esta semana el secretario de Transporte presentó la restauración del conjunto, varias veces vandalizado en protestas de la izquierda. Duffy también prometió una inversión de 465 millones de dólares para renovar la terminal de Amtrak, de la que salen los trenes para Nueva York.
“Soy la más crítica con Trump, pero valoro que esté haciendo estas mejoras en la ciudad, olvidada por los políticos durante demasiado tiempo. La capital de Estados Unidos no se merecía esa dejadez”, explicó la semana pasada Lilliana Novack, joven residente de Washington, de paseo por Meridian Hill Park. El senador Stuart recuerda que el funcionamiento de esas fuentes nunca fue asunto de las autoridades locales, sino del Gobierno federal y, por tanto, de Trump mientras fue presidente por primera vez (2017-2021).
Prisas por llegar al aniversario
Otros retoques, acelerados para llegar a tiempo a la fiesta del 250º aniversario, se han topado con la oposición de activistas de la conservación del patrimonio, veteranos que han demandado a Trump por la construcción de su arco de triunfo, que denuncian como un “proyecto vanidoso” que no respeta la memoria de los caídos, y de algunos jueces. El más pertinaz es el que ordenó parar la construcción del salón de baile que el presidente quiere erigir donde estuvo el ala este de la Casa Blanca, que derribó sin pedir permiso. Pese a esa orden judicial, el presidente mostró orgulloso a la prensa la semana pasada que esas obras están en marcha.
Mary Graw, profesora de Derecho de la Universidad Católica de Washington distingue en una entrevista telefónica dos tipos de cuestiones legales suscitadas por las acciones de Trump. La primera se interroga sobre los límites del poder federal sobre Washington. La segunda, sobre si el presidente está autorizado a invadir el espacio de competencias de otras partes del Gobierno, pregunta a la que este presidente lleva 16 meses contestando con un sí rotundo. “Hay un dicho en este país: dispara primero, pregunta después. Es lo que en muchos casos está haciendo Trump”, advierte Graw. “Funciona especialmente bien cuando se trata de estructuras físicas. Una vez destruidas, poco se puede hacer”.
Además de esas maniobras de dilación en los tribunales, también ha habido conatos de resistencia en las calles, de organizaciones como Free DC o Save America Movement, que empapela la ciudad con carteles que se burlan de los miembros del Gobierno.
El más imaginativo de esos colectivos se llama Secret Handshake, y es un grupo artístico anónimo que coloca en el Mall estatuas satíricas efímeras. Una de ellas representó a Trump y al que fue su amigo, el millonario pederasta Jeffrey Epstein, en una pose homenaje a la famosa escena de amor en la proa de Titanic. Otra, titulada Un trono digno de un rey, era un inodoro dorado en un baño forrado de mármol.
El mármol es uno de los materiales predilectos de su actual inquilino cuando acomete reformas en la Casa Blanca.
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