La gestión de los datos de los ciudadanos ha dejado de ser una cuestión de simple organización administrativa para convertirse en un problema de seguridad. A medida que la computación avanzó, la infraestructura que soporta toda la información de una Administración ha quedado en manos de empresas privadas, en su gran mayoría de origen estadounidense. Buscando retomar el control y la autonomía sobre esta información de carácter estratégico, la Generalitat ha dado este martes el primer paso para dotarse del que será el primer cloud público independiente de España. Se trata de una infraestructura digital concebida para almacenar y procesar los datos de Cataluña bajo jurisdicción exclusivamente europea y reducir la dependencia tecnológica de grandes proveedores internacionales. El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, durante la presentación de la licitación, valorada en 481 millones de euros, ha defendido: “Es importante que los datos de los ciudadanos de Cataluña estén en suelo europeo y, concretamente, en suelo de Cataluña”.
La Generalitat invertirá 481 millones de euros durante ocho años para desplegar una infraestructura para ganar soberanía digital
La gestión de los datos de los ciudadanos ha dejado de ser una cuestión de simple organización administrativa para convertirse en un problema de seguridad. A medida que la computación avanzó, la infraestructura que soporta toda la información de una Administración ha quedado en manos de empresas privadas, en su gran mayoría de origen estadounidense. Buscando retomar el control y la autonomía sobre esta información de carácter estratégico, la Generalitat ha dado este martes el primer paso para dotarse del que será el primer cloud público independiente de España. Se trata de una infraestructura digital concebida para almacenar y procesar los datos de Cataluña bajo jurisdicción exclusivamente europea y reducir la dependencia tecnológica de grandes proveedores internacionales. El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, durante la presentación de la licitación, valorada en 481 millones de euros, ha defendido: “Es importante que los datos de los ciudadanos de Cataluña estén en suelo europeo y, concretamente, en suelo de Cataluña”.
