La crisis migratoria que se desató la semana pasada en Ceuta ha dejado una imagen que retrata el drama de los menores migrantes no acompañados: la de un niño que pide a un soldado que no le devuelva a Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que 70.000 de las 72.000 personas que cruzaron la frontera de forma irregular ya han salido de la ciudad autónoma. Muchos lo han hecho por su propio pie, incluidos varios menores que manifestaron a EL PAÍS que agentes españoles les habían señalado la salida. Fuentes fiscales consultadas por este periódico aseguran que el ministerio público hasta ahora no ha actuado de oficio para abrir ninguna diligencia e investigar presuntas devoluciones en caliente. Tampoco ha recibido de momento ninguna denuncia formal. La asociación Coordinadora de Barrios ―que denunció irregularidades en las repatriaciones de 2021— explica que por ahora solo han informado del caso de un menor palestino que fue “retornado”. La Fiscalía está “pendiente de la situación” sobre el terreno y se encuentra “monitorizando” que la atención a los menores se realice “conforme a la ley”.
Hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia formal, pero el ministerio público monitoriza que las gestiones en la ciudad autónoma se realicen conforme a la ley La Fiscalía no ha abierto hasta ahora una investigación sobre devoluciones de menores migrantes en Ceuta | España | EL PAÍSIr al contenido
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Hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia formal, pero el ministerio público monitoriza que las gestiones en la ciudad autónoma se realicen conforme a la ley
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Las imágenes de un niño de 12 años suplicando no ser devuelto a Marruecos
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Las imágenes de un niño de 12 años suplicando no ser devuelto a Marruecos

La crisis migratoria que se desató la semana pasada en Ceuta ha dejado una imagen que retrata el drama de los menores migrantes no acompañados: la de un niño que pide a un soldado que no le devuelva a Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que 70.000 de las 72.000 personas que cruzaron la frontera de forma irregular ya han salido de la ciudad autónoma. Muchos lo han hecho por su propio pie, incluidos varios menores que manifestaron a EL PAÍS que agentes españoles les habían señalado la salida. Fuentes fiscales consultadas por este periódico aseguran que el ministerio público hasta ahora no ha actuado de oficio para abrir ninguna diligencia para investigar presuntas devoluciones en caliente ni ha recibido de momento ninguna denuncia formal. La asociación Coordinadora de Barrios explica que, aunque todavía no han presentado denuncia, han informado del caso de un menor palestino que fue “retornado”. La Fiscalía está “pendiente de la situación” sobre el terreno y se encuentra “monitorizando” que la atención a los menores se realice “conforme a la ley”.
Tras las primeras horas de las entradas masivas que se registraron los días 30 y 31 de julio, decenas de menores abandonaron Ceuta. “No me quiero ir, pero los militares nos están diciendo que hay que salir”, aseguró uno de ellos a este diario. Y la mayoría, que no había conseguido ni techo ni comida en suelo español, optó por volver a Marruecos. Los menores preguntaban por las calles por el centro de acogida para ellos, a sabiendas de que eso podría salvarlos del regreso a su país. El Gobierno de Ceuta calcula que tendrá que atender a más de mil menores migrantes y prepara dos grandes instalaciones para acogerlos. Las autoridades se ocupan en estos momentos de casi 900 chicos, una cifra que se ha cuadruplicado en apenas dos semanas.
La abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández Vicens, asegura que hay “muchos niños que han regresado voluntariamente”. Pero avisa: “Sí que hemos visto situaciones en las que el Ejército ha retenido a un grupo de personas a fin de conducirlos a la frontera”. Según relata a este periódico, desde la asociación instaron a la Delegación del Gobierno a hablar con los responsables del operativo y finalmente las personas fueron “liberadas”.
Además, apunta que tienen constancia por los medios de comunicación de que se han realizado devoluciones. A su juicio, esta situación es “análoga” a la de Aschraf, un joven que en mayo de 2021 fue devuelto a Marruecos tras ser interceptado en la costa de Ceuta. Para Fernández Vicens, los casos actuales podrían “incluso” ser “más graves”, porque ahora “hablamos de niños que ya están en el interior de la ciudad”.
Hace cinco años, el vídeo captado por el periodista Jon Nazca para Reuters mostraba a Aschraf atado a un flotador de botellas intentando alcanzar la orilla de la playa de El Tarajal. “¡Tenéis que entendernos; no quiero volver!”, gritaba el joven. En aquellas imágenes se apreciaba cómo luego los militares españoles lo escoltaron junto a otro menor hasta el vallado marroquí, donde fueron entregados a las fuerzas fronterizas. Coordinadora de Barrios presentó una denuncia al considerar que se habían vulnerado los derechos de ambos al hacerse un “rechazo en frontera” y una devolución automática sin el debido proceso administrativo. El entonces fiscal de Menores de Ceuta abrió una investigación.
En declaraciones a EL PAÍS, aquel joven relató que la primera vez que lo devolvieron fue un lunes en el que intentó saltar la valla. Según detalló, esa misma noche consiguió entrar a Ceuta nadando, pero lo devolvieron el martes, tras pasar la noche en una nave. El miércoles se volvió a echar al agua y fue cuando la cámara de Reuters grabó su devolución. La Fiscalía solicitó a la agencia de noticias el vídeo sin editar para investigar lo ocurrido.
Entrevista con ASCHRAF, el joven de Marruecos que llegó a CEUTA en un flotador de botellas
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Entrevista con ASCHRAF, el joven de Marruecos que llegó a CEUTA en un flotador de botellas
Seis meses después, en noviembre de 2021, el ministerio público archivó las diligencias de investigación al concluir que no había pruebas empíricas de que la persona expulsada tuviese menos de 16 años. La Fiscalía también determinó que no había “indicios en grado de probabilidad suficiente” para “dirigir el procedimiento contra una persona determinada” porque ninguno de los dos militares que ejecutaron la devolución fue identificado. Además, tampoco logró recopilar “órdenes” o “instrucciones” de mandos de la Policía, la Guardia Civil o la Delegación del Gobierno que ampararan devoluciones en caliente.
Al margen, en septiembre de 2021, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró “nulas de pleno derecho” las actuaciones administrativas que se llevaron a cabo en agosto de ese año para repatriar a los menores marroquíes no acompañados que en mayo habían entrado en Ceuta de forma irregular. El ministerio público entendió que las actuaciones no siguieron el procedimiento legal y vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva de los menores. A su juicio, no se cumplió “ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación” para la repatriación de menores. En aquel momento, la Fiscalía defendió que debía admitirse a trámite el recurso contencioso-administrativo que presentó en su día la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra el oficio emitido por la Secretaría de Estado de Seguridad en el que se pedía que se iniciasen las repatriaciones de menores a Marruecos. La Audiencia Nacional, que no entró a valorar la legalidad de dicha actuación, dio la razón al Ministerio del Interior, que defendía que era una “comunicación interna” que no era “susceptible de impugnación”.
En 2024, el Tribunal Supremo se pronunció. Determinó que la devolución de casi medio centenar de menores marroquíes desde Ceuta en agosto de 2021 fue ilegal por la “absoluta inobservancia” de lo que fija la Ley de Extranjería, que exige que se abra un procedimiento administrativo individual.
La “adecuada identificación” de los menores
Este año, el Supremo ha vetado las devoluciones en caliente de migrantes interceptados en alta mar que pretendan entrar a nado a Ceuta y Melilla. La sentencia no ha supuesto ninguna modificación en la Ley de Extranjería vigente, que regula el rechazo exprés. Los magistrados han interpretado esta norma para determinar si el apartado que permite las devoluciones en frontera en Ceuta y Melilla es aplicable a quienes son interceptados en el mar intentando entrar a nado. Y la conclusión a la que han llegado es que no.
De momento, Coordinadora de Barrios no ha presentado ninguna denuncia formal ante la Fiscalía por la situación actual en Ceuta. “Es un poco prematuro, porque hay que estudiar bien la situación”, ha manifestado la abogada de la organización, para luego incidir en que en estos casos es muy importante recabar la mayor información e indicios posibles antes de acudir al ministerio público. Lo que sí ha hecho, explica, es alertar a la Fiscalía de la situación de “un niño palestino que fue retornado” a Marruecos.
Fernández Vicens recuerda que en agosto de 2021 se produjeron otras devoluciones y subraya que en aquel caso se trataba de menores que ya estaban incluidos en el sistema de protección español. “Ahora están en situación de calle”, señala. Y reclama al Estado que ponga a disposición de Ceuta instalaciones para acoger a los menores no acompañados que están en la ciudad y proceder a su “adecuada identificación” antes de proceder a cualquier trámite de repatriación.
Esta misma semana, el Gobierno ha anunciado que habilitará una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigida a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que entraron al enclave el pasado jueves. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que esta cuantía se suma “a los 5,5 millones que se repartieron en la conferencia sectorial de Infancia el pasado mes de julio”, en la que se distribuyeron 35 millones para el conjunto de las comunidades autónomas.
El Gobierno local informó el lunes de que hay 862 en la ciudad y calcula que tendrá que atender a más de mil menores, por lo que prepara para ello dos grandes instalaciones. Este mismo miércoles, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha explicado que se está trabajando en el eventual reparto de estos menores a otras comunidades autónomas. Y ha avisado de que si algún gobierno se niega a acogerles, “tendrá que actuar de oficio Fiscalía de Menores”.
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