El PSC exige una auditoría sobre las pruebas para contratar a la hija de Orriols como policía municipal

La oposición cerca a la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, en el caso de la contratación de la hija mayor de la líder de Aliança Catalana como policía local interina del municipio. A las peticiones del grupo municipal de Junts para que Orriols dé un paso al lado y abandone las competencias de Seguridad se han sumado las de los concejales del PSC, que este martes han registrado una petición formal en la que instan a que un organismo externo al Consistorio elabore una auditoría independiente en que se revise el procedimiento utilizado y aclare las dudas que afectan a la provisión de esa plaza pública, efectuada con “la máxima urgencia” pese a que llevaba meses vacante. “Cuando existen dudas razonables, el Ayuntamiento debe ser el primer interesado en aclararlos”, señala el PSC en el documento presentado en sede municipal.

El Gobierno municipal comunicó el 11 de junio el inicio del proceso “con carácter de urgencia” para la “selección de personal por selección directa”. Entonces se abrían 12 días para la presentación de candidaturas, que debían asegurar ciertos requisitos: la mayoría de edad, contar con un título de bachiller, acreditar un nivel medio de catalán y permiso de conducir. La experiencia en el ámbito policial era un factor que se podría tener en cuenta.

El PSC asegura no cuestionar a ninguno de los aspirantes, pero reclama, ante “las dudas generadas en torno al concurso”, que estas puedan ser resueltas “con la máxima transparencia” a través de un informe independiente y externo. Al ser la persona seleccionada “familiar directa de la alcaldesa” de Ripoll, consideran “imprescindible” aclaraciones documentales que acrediten que se cumplió estrictamente “el régimen legal de abstención, así como la interevención de la la Alcaldía en las diferentes fases del procedimiento”. Orriols tiene atribuido bajo su mando el área de Seguridad Ciudadana que supone a su vez el control de la Policía Local.

El grupo municipal socialista quiere que quienes elaboren el informe puedan contar con toda la documentación vinculada al proceso y que las conclusiones se hagan públicas. Entre las cuestiones que el PSC quiere poner sobre la mesa está el porqué de la convocatoria urgente, el carácter restringido del proceso, los criterios de valoración de las pruebas y de la entrevista, las puntuaciones obtenidas per los aspirantes, la situación de la plantilla de la Policía Local y la composición del tribunal. Este último punto es especialmente polémico porque entre las tres personas que integraron el tribunal no se encontraba el actual jefe de la guardia municipal, Francesc Campayo, que mantiene un enfrentamiento abierto con Alcaldía por un expediente que le abrieron por unos motivos que son ajenos a él.