Esta semana Dinorah Figuera aterrizó en Venezuela por segunda vez tras más de siete años de exilio. Encabeza por la oposición el inicio de las nuevas negociaciones con el chavismo, orientadas a abrir el camino hacia unas elecciones que concreten la transición política esperada por años. La dirigente del partido Primero Justicia no ha vuelto a dar entrevistas a los medios, pero el mismo día en que se reencontraría cara a cara con su contraparte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se vio con el influencer venezolano Kilómetro. “Amigos, acabamos de desayunar con los diputados de Marco Rubio [secretario de Estado de EE UU] que están encabezando esta transición”, contó el joven creador de contenido.
Chavismo y oposición iniciaron esta semana las conversaciones que deben conducir a nuevas elecciones
Esta semana Dinorah Figuera aterrizó en Venezuela por segunda vez tras más de siete años de exilio. Encabeza por la oposición el inicio de las nuevas negociaciones con el chavismo, orientadas a abrir el camino hacia unas elecciones que concreten la transición política esperada por años. La dirigente del partido Primero Justicia no ha vuelto a dar entrevistas a los medios, pero el mismo día en que se reencontraría cara a cara con su contraparte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se vio con el influencer venezolano Kilómetro. “Amigos, acabamos de desayunar con los diputados de Marco Rubio [secretario de Estado de EE UU] que están encabezando esta transición”, contó el joven creador de contenido.
La delegación de la Asamblea Nacional de 2015 ―las elecciones ganadas por la oposición, aunque posteriormente el régimen volvió a hacerse con el control― comparte a diario el ascensor del hotel Marriott de Caracas con los funcionarios estadounidenses, mientras se sienta en la mesa con el chavismo, que también debe rendirles cuentas a diario. En ese tutelaje directo y de corta distancia desde que Estados Unidos capturó en enero al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa (encarcelados en Nueva York) y colocó en su lugar a Delcy Rodríguez, están centradas todas las esperanzas de la oposición de alcanzar la transición. La nueva negociación arranca con el peso de 17 iniciativas de diálogo realizadas en más de dos décadas, ninguna de las cuales logró que el Gobierno cediera en lo fundamental: cumplir los acuerdos.
Lo que hace diferente a este proceso es la omnipresencia de Estados Unidos, que empezó a diseñarlo en Washington a principios de año y comenzó a hacerlo visible en abril. La Administración de Donald Trump tiene las cartas y también sostiene la mesa. Figuera ya ha señalado plazos para completar las tareas encomendadas: según el plan, en octubre se concretará la habilitación de partidos judicializados y avanzarán los derechos políticos; en noviembre se conformará el nuevo Tribunal Supremo de Justicia; en diciembre se tendrá un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Ya han empezado a producirse medidas que parecen responder a lo que se discute: el pasado viernes, tras 16 años de un proceso marcado por las irregularidades y los abusos, la jueza María Lourdes Afiuni —una de las presas políticas más prominentes, que días atrás había denunciado su grave estado de salud— recibió la libertad plena y el cierre del caso. La liberación de todos los presos políticos no figura explícitamente en la agenda, pero está en la conversación.
Las delegaciones del chavismo y la oposición se mantienen en sesión permanente desde el jueves, cuando se instaló la mesa en el Centro de Convenciones de La Carlota, dentro de una base militar. Al día siguiente se trasladaron al hotel Meliá. La plenaria seguirá trabajando hasta el próximo miércoles, cuando los diputados opositores volverán a salir del país hasta el siguiente encuentro.
La iniciativa carga con el lastre de haber dejado fuera a María Corina Machado, la principal líder de la oposición, una decisión de Estados Unidos que recompensa al régimen venezolano. Esa exclusión ha sido vista por algunos como una falla de origen, y también expone las dificultades que conlleva la maniobra. “Estamos apostando al éxito de esto porque es el de todos. Todos queremos que se liberen los presos políticos, que tengamos un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo Nacional Electoral equilibrado y un calendario electoral”, dice Jesús Armas, dirigente de Vente Venezuela, el partido de Machado. “Pero allí están sentados representantes de partidos políticos de oposición y del régimen, y no está la gente”, reclama.
La ausencia de Machado en el proceso ocurre pese a que ella había intentado adelantarse a lo que ya se veía venir. En mayo, después de que la opositora Dinorah Figuera tuviera su primer encuentro en el Departamento de Estado, Machado movilizó a los principales partidos que la apoyan para sellar en Panamá un pacto que la designaba a ella para encabezar las negociaciones: un desafío al chavismo —y también a Washington— que para algunos estaba condenado al fracaso desde el principio. Para Armas, la exclusión de Machado tiene que ver más con una exigencia del PSUV [el partido chavista] que con un distanciamiento de Washington. “Es una amenaza más soft [suave] sentarse a negociar con la Asamblea Nacional de 2015”.
El llamado Manifiesto de Panamá se firmó con el respaldo de casi todo el espectro opositor, pero Washington se impuso. Esa maniobra dejó ver la distancia que empezaba a abrirse entre Machado y la Administración de Trump. Desde entonces ,la dirigente no ha regresado a Estados Unidos; desde Panamá, ha dicho, aguarda su momento para volver a Venezuela.
Pero ya nadie reclama lo acordado en aquel encuentro opositor en el país centroamericano, y de forma tácita se busca que la diferencia de estrategia no vuelva a fracturar a la oposición: ni siquiera la Plataforma Unitaria (PUD), que congrega a buena parte de la oposición, mencionó lo acordado en su comunicado tras el inicio del diálogo. “Había una vocación en la PUD de que se hiciera el acuerdo de Panamá. Pero tenemos que avanzar con lo que tenemos. Aparte de la fuerza que puede implementar Estados Unidos, tenemos un referente moral como María Corina y Edmundo González, que también pueden ayudar a visibilizar cosas y hacer presión”, apunta Armas.
La propia Machado ha terminado por aceptar los hechos. Sostiene que no fue consultada, pero dice que ella y los suyos no serán un obstáculo para la mesa si esta logra los resultados sobre los que parece haber un consenso obligado: la hoja de ruta diseñada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que contempla estabilización, recuperación, transición y, como paso agregado más recientemente, reconciliación política. En sus primeras reacciones tras la instalación de la mesa, la dirigente Delsa Solórzano, del partido Encuentro Ciudadano —uno de los más cercanos a Machado—, también respaldó ese camino trazado desde Washington. “Los venezolanos no seremos jueces de las palabras. Seremos testigos de los resultados”, escribió en sus redes sociales, en la misma línea que Machado.
“Esta mesa de diálogo es l–a tercera fase del plan de Marco Rubio”, asegura Paola Bautista de Alemán, vicepresidenta de Formación de Primero Justicia e investigadora sobre transiciones en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Bautista señala que Washington ha buscado una transición basada en lo institucional más que en lo político, y que por eso se rescató a la Asamblea Nacional de 2015, de la que solo quedaban vestigios. Figuera preside desde 2023 la comisión delegada que sostiene ese cuerpo legislativo, y ha sido la interlocutora directa con el Departamento de Estado en la gestión y protección de los activos y cuentas de Venezuela en el exterior, sobre los que Trump otorgó facultades jurídicas en su primer mandato, cuando desconoció al Gobierno de Nicolás Maduro. “Una realidad política que debemos metabolizar es el tutelaje en Venezuela, al que están sometidas todas las fuerzas políticas y que se expande a todos los ámbitos de la vida política y social. Pero esta no es una condición que antagonice con el interés de los venezolanos de llegar a unas elecciones libres y justas”, señala.
Los terremotos que vivió Venezuela también han tenido sus réplicas políticas, en opinión de Antonio Ecarri, jefe del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos. “Son dos Venezuelas diferentes: la de después del 3 de enero [detención de Maduro] y la de después del 24 de junio [los sismos]. La transición sin reconstrucción fracasa”, dice. Aunque ya se habla de un cronograma que incluirá elecciones regionales y parlamentarias, además de las presidenciales, el político de Alianza Lápiz —parte de la bancada Libertad del Parlamento— señala que todos los acuerdos de la mesa de negociación terminarán pasando por la actual Asamblea para validarse. Los parlamentarios ya venían trabajando en el proceso de postulación de magistrados para diferentes instituciones: se recibieron más de 500 credenciales y, hasta el terremoto, se logró entrevistar a 50 aspirantes. Ese proceso debería continuar, asegura.
En todo el arco opositor se entiende el carácter de encrucijada del momento, de punto de no retorno. Las declaraciones son medidas con cuentagotas. “Es delicado hablar”, se excusan. Todos reconocen la fragilidad de la maquinaria que se encendió esta semana y cuyos controles están en Washington. “Aunque seguramente habrá quien quiera boicotear el proceso, los que están al frente no pueden salirse de la transición. Eso no lo entendieron Nicolás Maduro y Cilia Flores, y terminaron en una corte de Nueva York”, apunta Ecarri. “Por primera vez en 27 años damos pasos agigantados hacia una reinstitucionalización y hacia unas elecciones libres. Hoy el descontento es mayoritario, y eso nos tiene que llevar a ganar unas elecciones y a gobernar. Es el único camino que nos queda”.
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