A partir de 2028 empezará la madre de todas las batallas para evitar el cierre de las centrales nucleares españolas, puesto que está programado que en 2030 detengan su operativa hasta cuatro reactores. En esa lucha estarán involucradas las administraciones públicas, que pueden ejercer una importante presión, aunque la llave maestra la tendrán las empresas propietarias de las plantas, que ya han dejado claro que los impuestos serán su propia línea roja para negociar, y el Ejecutivo que gobierne en ese momento.La semana pasada el Gobierno finalmente accedió a la solicitud de las empresas para seguir operando la central nuclear de Almaraz hasta 2030. De esta forma, en ese año coincidirá el cese de actividad de los dos reactores cacereños, la central de Cofrentes y Ascó I. El Ejecutivo ya ha dejado claro que, por el momento, no habrá ningún tipo de cambio en el calendario de cierre, tendrán que ser de nuevo las eléctricas las que den el primer paso para renovar sus licencias de explotación. Pero no será gratis.Para que Almaraz se mantenga abierta, Iberdrola, Endesa y Naturgy han cedido ante el Gobierno en su batalla fiscal para bajar el impuesto a las centrales nucleares. Eso no volverá a pasar.El mismo día que se conoció la noticia de la planta extremeña, la organización que vela por los intereses del sector nuclear, Foro Nuclear, expresó de manera muy rotunda cuáles serán los próximos pasos para negociar el futuro del parque atómico español: «Resulta imprescindible revisar las condiciones regulatorias, económicas y tributarias que permitan mantener su aportación».2030 Año clave El futuro de la energía nuclear en España tendrá un punto álgido en 2030, aunque en realidad los procesos se inician antes, esa fecha marcará un antes y un despuésLa ecuación, por tanto, es sencilla; aunque la resolución final no estará exenta de complicaciones. En el verano de 2027 habrá elecciones generales que pueden dejar dos escenarios. Si continúa gobernando el PSOE, lo normal sería que deje que sean las eléctricas las que tomen la iniciativa para resolver el futuro de las centrales. Estas volverán a reclamar una rebaja fiscal, que el actual Gobierno ha rechazo de plano en varias ocasiones.Si llegara a La Moncloa el Partido Popular, la prórroga nuclear sería más probable, puesto que ya se han manifestado a favor de tumbar el calendario de cierre. Sin embargo, nunca se han llegado a expresar de manera rotunda sobre la actual situación tributaria de las centrales o sobre si ofrecerán lo que piden las empresas. Estas tienen la intención de mantener ese condicionante fiscal hasta el final, más aún sabiendo la magnitud del problema técnico que se plantearía si se quisieran cerrar cuatro reactores nucleares a la vez.Datos que respaldanLas propietarias de las centrales llevan tiempo sumando cifras que avalen su tesis de un maltrato tributario . Un reciente informe de la consultora EY compara la situación de siete países europeos con parques nucleares operativos y concluye que, a diferencia del resto, España impone una fiscalidad específica significativamente más gravosa, sin adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad futura del sector.Las eléctricas ya han decidido que la línea roja serán los impuestos, y esta vez es «imprescindible»El estudio identifica que todos los países analizados aplican tasas a los operadores nucleares para cubrir los costes asociados a la gestión de residuos, desmantelamiento y seguridad. España es el único país que también impone tributos específicos sobre combustible gastado y fiscalidad regional.Según la consultora, las empresas en España se enfrentan una carga fiscal de 27,3 €/MWh brutos, la más alta entre los países evaluados. Mientras la mayoría limita sus gravámenes a la gestión de residuos, combustible gastado y desmantelamiento, España impone además tributos adicionales –conocidos como ecotasas– que suman 9,2 €/MWh.27 Euros La carga fiscal sobre la producción nuclear es una de las más altas de Europa, y esto es algo que quieren revertir las empresas en la próxima negociaciónLa evaluación comparada llevada a cabo por EY pone de manifiesto que España aplica una fiscalidad nuclear considerablemente más elevada y fragmentada que el resto de países analizados. Esta situación, unida a la ausencia de políticas de continuidad del parque, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual y su encaje en la estrategia energética nacional a medio y largo plazo. A partir de 2028 empezará la madre de todas las batallas para evitar el cierre de las centrales nucleares españolas, puesto que está programado que en 2030 detengan su operativa hasta cuatro reactores. En esa lucha estarán involucradas las administraciones públicas, que pueden ejercer una importante presión, aunque la llave maestra la tendrán las empresas propietarias de las plantas, que ya han dejado claro que los impuestos serán su propia línea roja para negociar, y el Ejecutivo que gobierne en ese momento.La semana pasada el Gobierno finalmente accedió a la solicitud de las empresas para seguir operando la central nuclear de Almaraz hasta 2030. De esta forma, en ese año coincidirá el cese de actividad de los dos reactores cacereños, la central de Cofrentes y Ascó I. El Ejecutivo ya ha dejado claro que, por el momento, no habrá ningún tipo de cambio en el calendario de cierre, tendrán que ser de nuevo las eléctricas las que den el primer paso para renovar sus licencias de explotación. Pero no será gratis.Para que Almaraz se mantenga abierta, Iberdrola, Endesa y Naturgy han cedido ante el Gobierno en su batalla fiscal para bajar el impuesto a las centrales nucleares. Eso no volverá a pasar.El mismo día que se conoció la noticia de la planta extremeña, la organización que vela por los intereses del sector nuclear, Foro Nuclear, expresó de manera muy rotunda cuáles serán los próximos pasos para negociar el futuro del parque atómico español: «Resulta imprescindible revisar las condiciones regulatorias, económicas y tributarias que permitan mantener su aportación».2030 Año clave El futuro de la energía nuclear en España tendrá un punto álgido en 2030, aunque en realidad los procesos se inician antes, esa fecha marcará un antes y un despuésLa ecuación, por tanto, es sencilla; aunque la resolución final no estará exenta de complicaciones. En el verano de 2027 habrá elecciones generales que pueden dejar dos escenarios. Si continúa gobernando el PSOE, lo normal sería que deje que sean las eléctricas las que tomen la iniciativa para resolver el futuro de las centrales. Estas volverán a reclamar una rebaja fiscal, que el actual Gobierno ha rechazo de plano en varias ocasiones.Si llegara a La Moncloa el Partido Popular, la prórroga nuclear sería más probable, puesto que ya se han manifestado a favor de tumbar el calendario de cierre. Sin embargo, nunca se han llegado a expresar de manera rotunda sobre la actual situación tributaria de las centrales o sobre si ofrecerán lo que piden las empresas. Estas tienen la intención de mantener ese condicionante fiscal hasta el final, más aún sabiendo la magnitud del problema técnico que se plantearía si se quisieran cerrar cuatro reactores nucleares a la vez.Datos que respaldanLas propietarias de las centrales llevan tiempo sumando cifras que avalen su tesis de un maltrato tributario . Un reciente informe de la consultora EY compara la situación de siete países europeos con parques nucleares operativos y concluye que, a diferencia del resto, España impone una fiscalidad específica significativamente más gravosa, sin adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad futura del sector.Las eléctricas ya han decidido que la línea roja serán los impuestos, y esta vez es «imprescindible»El estudio identifica que todos los países analizados aplican tasas a los operadores nucleares para cubrir los costes asociados a la gestión de residuos, desmantelamiento y seguridad. España es el único país que también impone tributos específicos sobre combustible gastado y fiscalidad regional.Según la consultora, las empresas en España se enfrentan una carga fiscal de 27,3 €/MWh brutos, la más alta entre los países evaluados. Mientras la mayoría limita sus gravámenes a la gestión de residuos, combustible gastado y desmantelamiento, España impone además tributos adicionales –conocidos como ecotasas– que suman 9,2 €/MWh.27 Euros La carga fiscal sobre la producción nuclear es una de las más altas de Europa, y esto es algo que quieren revertir las empresas en la próxima negociaciónLa evaluación comparada llevada a cabo por EY pone de manifiesto que España aplica una fiscalidad nuclear considerablemente más elevada y fragmentada que el resto de países analizados. Esta situación, unida a la ausencia de políticas de continuidad del parque, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual y su encaje en la estrategia energética nacional a medio y largo plazo.
A partir de 2028 empezará la madre de todas las batallas para evitar el cierre de las centrales nucleares españolas, puesto que está programado que en 2030 detengan su operativa hasta cuatro reactores. En esa lucha estarán involucradas las administraciones públicas, que pueden ejercer una … importante presión, aunque la llave maestra la tendrán las empresas propietarias de las plantas, que ya han dejado claro que los impuestos serán su propia línea roja para negociar, y el Ejecutivo que gobierne en ese momento.
La semana pasada el Gobierno finalmente accedió a la solicitud de las empresas para seguir operando la central nuclear de Almaraz hasta 2030. De esta forma, en ese año coincidirá el cese de actividad de los dos reactores cacereños, la central de Cofrentes y Ascó I. El Ejecutivo ya ha dejado claro que, por el momento, no habrá ningún tipo de cambio en el calendario de cierre, tendrán que ser de nuevo las eléctricas las que den el primer paso para renovar sus licencias de explotación. Pero no será gratis.
Para que Almaraz se mantenga abierta, Iberdrola, Endesa y Naturgy han cedido ante el Gobierno en su batalla fiscal para bajar el impuesto a las centrales nucleares. Eso no volverá a pasar.
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Marcha atrás al desmantelamiento
Raúl Masa
El mismo día que se conoció la noticia de la planta extremeña, la organización que vela por los intereses del sector nuclear, Foro Nuclear, expresó de manera muy rotunda cuáles serán los próximos pasos para negociar el futuro del parque atómico español: «Resulta imprescindible revisar las condiciones regulatorias, económicas y tributarias que permitan mantener su aportación».
2030
Año clave
El futuro de la energía nuclear en España tendrá un punto álgido en 2030, aunque en realidad los procesos se inician antes, esa fecha marcará un antes y un después
La ecuación, por tanto, es sencilla; aunque la resolución final no estará exenta de complicaciones. En el verano de 2027 habrá elecciones generales que pueden dejar dos escenarios. Si continúa gobernando el PSOE, lo normal sería que deje que sean las eléctricas las que tomen la iniciativa para resolver el futuro de las centrales. Estas volverán a reclamar una rebaja fiscal, que el actual Gobierno ha rechazo de plano en varias ocasiones.
Si llegara a La Moncloa el Partido Popular, la prórroga nuclear sería más probable, puesto que ya se han manifestado a favor de tumbar el calendario de cierre. Sin embargo, nunca se han llegado a expresar de manera rotunda sobre la actual situación tributaria de las centrales o sobre si ofrecerán lo que piden las empresas. Estas tienen la intención de mantener ese condicionante fiscal hasta el final, más aún sabiendo la magnitud del problema técnico que se plantearía si se quisieran cerrar cuatro reactores nucleares a la vez.
Datos que respaldan
Las propietarias de las centrales llevan tiempo sumando cifras que avalen su tesis de un maltrato tributario. Un reciente informe de la consultora EY compara la situación de siete países europeos con parques nucleares operativos y concluye que, a diferencia del resto, España impone una fiscalidad específica significativamente más gravosa, sin adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad futura del sector.
Las eléctricas ya han decidido que la línea roja serán los impuestos, y esta vez es «imprescindible»
El estudio identifica que todos los países analizados aplican tasas a los operadores nucleares para cubrir los costes asociados a la gestión de residuos, desmantelamiento y seguridad. España es el único país que también impone tributos específicos sobre combustible gastado y fiscalidad regional.
Según la consultora, las empresas en España se enfrentan una carga fiscal de 27,3 €/MWh brutos, la más alta entre los países evaluados. Mientras la mayoría limita sus gravámenes a la gestión de residuos, combustible gastado y desmantelamiento, España impone además tributos adicionales –conocidos como ecotasas– que suman 9,2 €/MWh.
27
Euros
La carga fiscal sobre la producción nuclear es una de las más altas de Europa, y esto es algo que quieren revertir las empresas en la próxima negociación
La evaluación comparada llevada a cabo por EY pone de manifiesto que España aplica una fiscalidad nuclear considerablemente más elevada y fragmentada que el resto de países analizados. Esta situación, unida a la ausencia de políticas de continuidad del parque, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual y su encaje en la estrategia energética nacional a medio y largo plazo.
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