Una prórroga «acotada y limitada». El Gobierno se ha ocupado de subrayar este viernes que su decisión de extender hasta junio de 2030 la vida útil de la central nuclear de Almaraz no afectará al resto de centrales y no alterará el calendario de cierre en 2035 del conjunto de las plantas nucleares operativas en España previsto en el plan energético del Ejecutivo, concretado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), y rubricado en su día con los dueños de las centrales y la empresa pública que gestiona los residuos radioactivos (Enresa).«El Gobierno mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre. Esta extensión limitada se circunscribe exclusivamente a la instalación de Almaraz, no alterándose la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035», han señalado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica un par de horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) oficializara la decisión del Gobierno de ampliar la vida útil de la central extremeña, el primer paso atrás del Ejecutivo en la que ha sido una de sus enseñas más firmes: el cierre total de las centrales nucleares españolas.Transición Ecológica dice mantener el calendario del Pniec, pero con esta decisión no solo alienta las expectativas de los que en el ámbito político y, de forma incluso más comedida, en el empresarial abogan por extender la vida útil de las centrales sino que además pierde por completo el control sobre ese proceso. Almaraz era la primera central en afrontar su cierre definitivo dentro del calendario previsto en el Pniec y la única cuya prórroga operativa dependía de la decisión que adoptara el Gobierno actual. Los propietarios del resto de plantas activas en España pueden esperar perfectamente hasta finales del año 2027 o incluso principios de 2028 para activar el trámite administrativo de solicitud de prórroga de la vida útil de sus instalaciones, de modo que la decisión última sobre su cierre definitivo o su mantenimiento en activo corresponderá, además de al preceptivo informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear, al gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales. El Partido Popular ya ha manifestado públicamente una posición mucho más favorable a la prolongación de la vida útil de estas centrales.Obligado a hacer ciertos equilibrios argumentales para justificar la prolongación de la actividad de una planta que se había comprometido un sinfín de veces a cerrar, Transición Ecológica se ha agarrado por una parte a la ausencia de objeciones técnicas planteadas en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que acredita que esta prórroga es segura para las personas, no compromete la seguridad del suministro y no tiene un coste extra para los ciudadanos en forma de mayor precio de la factura o rebaja de impuestos a las empresas propietarios; y, por otra, al contexto geopolítico. «La decisión se produce ponderando las circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto de Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania» que según fuentes de Transición Ecológica han configurado «una situación energética internacional excepcional y sobrevenida que está generando un escenario de elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles».El argumento suena a coartada, especialmente cuando en los últimos meses si de algo ha presumido el Gobierno es del blindaje de su sistema energético frente a las turbulencias internacionales por la mayor penetración de las energías renovables, un apuesta que, el Ministerio también se ha encargado de subrayarlo, «permanece intacta» tras esta decisión. Una prórroga «acotada y limitada». El Gobierno se ha ocupado de subrayar este viernes que su decisión de extender hasta junio de 2030 la vida útil de la central nuclear de Almaraz no afectará al resto de centrales y no alterará el calendario de cierre en 2035 del conjunto de las plantas nucleares operativas en España previsto en el plan energético del Ejecutivo, concretado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), y rubricado en su día con los dueños de las centrales y la empresa pública que gestiona los residuos radioactivos (Enresa).«El Gobierno mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre. Esta extensión limitada se circunscribe exclusivamente a la instalación de Almaraz, no alterándose la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035», han señalado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica un par de horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) oficializara la decisión del Gobierno de ampliar la vida útil de la central extremeña, el primer paso atrás del Ejecutivo en la que ha sido una de sus enseñas más firmes: el cierre total de las centrales nucleares españolas.Transición Ecológica dice mantener el calendario del Pniec, pero con esta decisión no solo alienta las expectativas de los que en el ámbito político y, de forma incluso más comedida, en el empresarial abogan por extender la vida útil de las centrales sino que además pierde por completo el control sobre ese proceso. Almaraz era la primera central en afrontar su cierre definitivo dentro del calendario previsto en el Pniec y la única cuya prórroga operativa dependía de la decisión que adoptara el Gobierno actual. Los propietarios del resto de plantas activas en España pueden esperar perfectamente hasta finales del año 2027 o incluso principios de 2028 para activar el trámite administrativo de solicitud de prórroga de la vida útil de sus instalaciones, de modo que la decisión última sobre su cierre definitivo o su mantenimiento en activo corresponderá, además de al preceptivo informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear, al gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales. El Partido Popular ya ha manifestado públicamente una posición mucho más favorable a la prolongación de la vida útil de estas centrales.Obligado a hacer ciertos equilibrios argumentales para justificar la prolongación de la actividad de una planta que se había comprometido un sinfín de veces a cerrar, Transición Ecológica se ha agarrado por una parte a la ausencia de objeciones técnicas planteadas en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que acredita que esta prórroga es segura para las personas, no compromete la seguridad del suministro y no tiene un coste extra para los ciudadanos en forma de mayor precio de la factura o rebaja de impuestos a las empresas propietarios; y, por otra, al contexto geopolítico. «La decisión se produce ponderando las circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto de Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania» que según fuentes de Transición Ecológica han configurado «una situación energética internacional excepcional y sobrevenida que está generando un escenario de elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles».El argumento suena a coartada, especialmente cuando en los últimos meses si de algo ha presumido el Gobierno es del blindaje de su sistema energético frente a las turbulencias internacionales por la mayor penetración de las energías renovables, un apuesta que, el Ministerio también se ha encargado de subrayarlo, «permanece intacta» tras esta decisión.
Una prórroga «acotada y limitada». El Gobierno se ha ocupado de subrayar este viernes que su decisión de extender hasta junio de 2030 la vida útil de la central nuclear de Almaraz no afectará al resto de centrales y no alterará el calendario de cierre … en 2035 del conjunto de las plantas nucleares operativas en España previsto en el plan energético del Ejecutivo, concretado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), y rubricado en su día con los dueños de las centrales y la empresa pública que gestiona los residuos radioactivos (Enresa).
«El Gobierno mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre. Esta extensión limitada se circunscribe exclusivamente a la instalación de Almaraz, no alterándose la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035», han señalado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica un par de horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) oficializara la decisión del Gobierno de ampliar la vida útil de la central extremeña, el primer paso atrás del Ejecutivo en la que ha sido una de sus enseñas más firmes: el cierre total de las centrales nucleares españolas.
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Transición Ecológica dice mantener el calendario del Pniec, pero con esta decisión no solo alienta las expectativas de los que en el ámbito político y, de forma incluso más comedida, en el empresarial abogan por extender la vida útil de las centrales sino que además pierde por completo el control sobre ese proceso.
Almaraz era la primera central en afrontar su cierre definitivo dentro del calendario previsto en el Pniec y la única cuya prórroga operativa dependía de la decisión que adoptara el Gobierno actual. Los propietarios del resto de plantas activas en España pueden esperar perfectamente hasta finales del año 2027 o incluso principios de 2028 para activar el trámite administrativo de solicitud de prórroga de la vida útil de sus instalaciones, de modo que la decisión última sobre su cierre definitivo o su mantenimiento en activo corresponderá, además de al preceptivo informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear, al gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales. El Partido Popular ya ha manifestado públicamente una posición mucho más favorable a la prolongación de la vida útil de estas centrales.
Obligado a hacer ciertos equilibrios argumentales para justificar la prolongación de la actividad de una planta que se había comprometido un sinfín de veces a cerrar, Transición Ecológica se ha agarrado por una parte a la ausencia de objeciones técnicas planteadas en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que acredita que esta prórroga es segura para las personas, no compromete la seguridad del suministro y no tiene un coste extra para los ciudadanos en forma de mayor precio de la factura o rebaja de impuestos a las empresas propietarios; y, por otra, al contexto geopolítico. «La decisión se produce ponderando las circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto de Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania» que según fuentes de Transición Ecológica han configurado «una situación energética internacional excepcional y sobrevenida que está generando un escenario de elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles».
El argumento suena a coartada, especialmente cuando en los últimos meses si de algo ha presumido el Gobierno es del blindaje de su sistema energético frente a las turbulencias internacionales por la mayor penetración de las energías renovables, un apuesta que, el Ministerio también se ha encargado de subrayarlo, «permanece intacta» tras esta decisión.
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