El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha relatado este miércoles en la Audiencia Nacional que alertó de la presión migratoria grave a Presidencia y a tres ministerios (Interior, Política Territorial y Exteriores) durante los días 27, 28 y 29 de julio, antes de que se produjera la entrada masiva de unas 80.000 personas en la ciudad. El dirigente del PP, que ha declarado durante más de dos horas ante la jueza María Tardón, ha explicado que intentó sin éxito hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que trató de comunicarse una decena de veces con él, pero no llegó más allá del jefe de gabinete.
La Audiencia Nacional se refuerza ante el «previsible» aumento de peticiones de asilo en Ceuta
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha aprobado un plan extraordinario de refuerzo con carácter de urgencia para la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Los magistrados han dado este paso para afrontar el «previsible» incremento de procedimientos en materia de protección internacional derivados de la entrada masiva de migrantes a Ceuta.
El tribunal ha trasladado el acuerdo aprobado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que adopten cuantas medidas sean necesarias para la implementación de este plan de refuerzo, que incluye la aprobación de una comisión de servicios por seis meses, sin relevación de funciones, de los 43 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso para el conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la protección internacional, tanto los de tramitación ordinaria como los urgentes de medidas cautelares.
En la Audiencia Nacional consideran que esta medida permitirá, además, que las ocho secciones de este órgano permanezcan en un sistema de guardia permanente para asumir de forma «coordinada y equilibrada» la entrada de nuevos procedimientos relacionados con la protección internacional. El plan también propone una dotación de funcionarios y Letrados de la Administración de Justicia suficientes para atender el exceso de volumen de entrada y rapidez de las resoluciones, así como un refuerzo en la oficina de registro y reparto para atender el previsible incremento del volumen de asuntos.
El mandatario de Ceuta explica que intentó advertir de la magnitud de la crisis a los ministerios de Interior, Política Territorial y Exteriores durante las jornadas previas a la llegada de 80.000 personas
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha relatado este miércoles en la Audiencia Nacional que alertó de la presión migratoria grave a Presidencia y a tres ministerios (Interior, Política Territorial y Exteriores) durante los días 27, 28 y 29 de julio, antes de que se produjera la entrada masiva de unas 80.000 personas en Ceuta. El dirigente del PP, que ha estado más de dos horas declarando ante la jueza María Tardón, ha explicado que intentó sin éxito hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha señalado que trató de comunicarse una decena de veces con él, pero no llegó más allá del jefe de gabinete.
El mandatario de la ciudad ha explicado que en los días previos al 30 y 31 de julio ya había preocupación por la cantidad de personas que estaban llegando a nado desde Marruecos; pero en La Moncloa, según su versión, no se mostraban conscientes de la magnitud de la situación y lo limitaban a otra crisis migratoria, de acuerdo a fuentes presentes en la declaración. De hecho, Vivas ha puesto como ejemplo que la entrada de menores había pasado de 180 a 800 en una semana.
El dirigente del PP ha inaugurado una ronda de interrogatorios, considerada por la instructora como “prioritaria” —impulsada, de hecho, antes de recibir la amplia batería de informes que ha encargado a dos decenas de unidades policiales y militares—, que seguirá el jueves con las citaciones de Sebastián Vega y Gonzalo Sanz, que ostentaban los cargos de jefe de la Policía Local y jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, respectivamente, cuando ocurrieron los incidentes.
Vivas ha llegado antes de las nueve y media de la mañana y ha salido pasadas las 12.30, después de haber realizado un minucioso relato cronológico de lo que pasó los últimos días de julio en Ceuta y de haber contestado a todas las preguntas de jueza, fiscal y abogados, según distintas fuentes presentes en el interrogatorio. El 27 de julio se produjo la primera llamada al director de gabinete de Pedro Sánchez, quien indica que moverá el asunto con los ministerios competentes, ha explicado Vivas. Y, según ha aseverado, la intención era hablar con el presidente del Gobierno para transmitirle la urgencia de la situación, pero este no se puso al teléfono en un contexto en el que los esfuerzos del Ejecutivo central estaban enfocados en los incendios que calcinaban Madrid y Ávila.
Esa misma mañana se produce una reunión de coordinación en la Delegación del Gobierno, con el Ejecutivo ceutí y con representantes de Policía y Guardia Civil. En ese encuentro, de acuerdo a su relato, solicita reforzar los efectivos policiales, plantea la necesidad de declarar la emergencia nacional y de establecer un mando único. Tras la reunión, de nuevo se comunican desde Ceuta con el director de gabinete de Sánchez, que responde que está moviendo el asunto, pero que necesita más tiempo. Y, posteriormente, se volvieron a realizar tres llamadas al mismo interlocutor sin que cogiera el teléfono, como refleja la cronología expuesta por Vivas en sede judicial.
Tras su declaración ante Tardón, el presidente de Ceuta ha explicado a los medios que ha contado en la Audiencia Nacional todos los “detalles de lo ocurrido” y la “información” que manejaba la ciudad en los “días previos a la invasión, durante la invasión y después de la invasión”. “Nosotros intentamos hablar con el Gobierno y lo intentamos de manera reiterada. Creo que en los días previos, por lo menos, hubo 10 intentos de comunicarnos con el presidente del Gobierno a través de llamadas y mensajes. De estos 10 intentos, fructificaron tres, creo recordar. Solo tuvimos tres resultados satisfactorios a través del director del gabinete, para decirnos que el asunto lo estaba trabajando, que necesitaba más tiempo, que lo estaba hablando con los ministerios competentes, que se trataba de un asunto migratorio y, ya en el último, que el cauce de comunicación tenía que ser la Delegación del Gobierno y no la Presidencia del Gobierno”, ha afirmado ante las cámaras de televisión. “Lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Ceuta es el asunto más grave que ha ocurrido en España desde el punto de vista de la seguridad nacional en los últimos 50 años. En consecuencia, los ceutís y todos los españoles tienen derecho a conocer la verdad”, ha apostillado: “Podemos confiar en la justicia”.
El día 28 también se realizan llamadas infructíferas a La Moncloa, de acuerdo a lo expuesto por Vivas. Por la mañana, cuatro llamadas al director de gabinete de Sánchez, que no contesta, y, más tarde, un mensaje solicitando que desde el Gobierno se hable con el presidente Vivas. A ese mensaje obtienen una respuesta en la que reflejan que están trabajando en diversos frentes para poder solucionar el problema. Vivas ha reflejado que tampoco en el intento de ese día logra hablar con el presidente del Gobierno. Con quien sí habló fue con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
El ceutí ha asegurado que estuvo en permanente contacto con el delegado del Gobierno entonces, Miguel Ángel Pérez Triano, a quien le transmite la preocupación, si bien, según fuentes presentes en la declaración, él no recibía información de vuelta sobre la Delegación y sobre las gestiones que se estaban realizando. El día 28 se buscó también hablar con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pero se le comunicó que el ministro no podía atenderle por estar de viaje; y se logró hablar con la Secretaría de Estado de Seguridad, con la que sí había contacto “constante”, para pedirle que se incrementaran los efectivos y que se activara el mando único. Desde el Ministerio del Interior le dijeron que el ministro Fernando Grande-Marlaska no podía ponerse porque estaba en la gestión de los incendios, ha relatado el presidente de Ceuta.
Es el miércoles 29 cuando Vivas habla por la mañana con el ministro Torres. Esa misma mañana vuelve a intentar hablar con la Secretaría de Estado de Seguridad, pero “sorprendentemente”, según expone en la cronología relatada ante el juez, se les remite a que cualquier cuestión urgente sea tratada con el delegado del Gobierno. El presidente ceutí trata de hablar también con la ministra de Defensa, Margarita Robles, sin que esta tampoco le atienda, según su relato.
La primera vez, por tanto, que Vivas habla tanto con Sánchez como con Grande-Marlaska y con Robles es el propio día 30 de julio, cuando miles de personas atraviesan la frontera del Tarajal y entran en Ceuta sin control. El ministro del Interior le llama por la mañana y por la tarde y con Sánchez habla sobre la una del mediodía. Ambos comunican que viajarán al día siguiente a la ciudad autónoma. La llamada con Robles se produce, de acuerdo a fuentes jurídicas, cuando ya se va a activar el ejército.
El popular ha entregado a la jueza María Tardón documentación: comunicados de prensa de esos días de julio y las transcripciones de las ruedas de prensa y de las juntas de portavoces, según estas fuentes.
Situación de “colapso”
Vivas ha puesto sobre la mesa la idea de que el Gobierno central no adoptó medidas “relevantes” para paliar la crisis que las autoridades locales ya apreciaban en los días previos a la entrada irregular. El dirigente del PP ha subrayado que Ceuta incidía en la necesidad de declarar la emergencia nacional, establecer un mando único y desplegar un refuerzo “significativo” de las fuerzas de seguridad. Pero, según ha dicho, nada de eso se hizo. “Puede que hubiera un refuerzo, pero no fue significativo y eso se puso en evidencia cuando se produjo la invasión”. “Desconozco la información que tenía el Gobierno. Pero deduzco que no era la información que tenía la ciudad”, ha remachado.
Tras asumir la causa a principios de septiembre, Tardón ha apuntado contra Marruecos en sus primeras resoluciones, en línea con el análisis enviado a la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. La jueza ha apreciado indicios de la comisión de “una conducta delictiva” coordinada e intencionada, “presuntamente cometida en el extranjero” y “que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”. Sin embargo, la magistrada ya ha avisado que también va a indagar en “todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español”, incluyendo si la “articulación de adecuados medios de respuesta” y la gestión de las “alertas” influyeron en los efectos de la entrada masiva.
“Nosotros somos los primeros interesados en que todos los ceutíes y españoles conozcan la verdad de lo ocurrido, quién está detrás de esta agresión a la integridad territorial de nuestro país”, dijo el presidente Vivas a la prensa tras conocer su citación como testigo, cuando indicó que facilitaría a la jueza toda la información que le requiriese. El presidente popular, que se ha enfrentado con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha repetido que las autoridades de la ciudad no podían prever la magnitud de la “invasión” que se iba a producir, pero que sí avisaron en los días previos a La Moncloa del aumento de los intentos de entrada y que el Ejecutivo hizo oídos sordos. Sebastián Vega, jefe de la Policía Local en aquellas fechas, añadió en una entrevista: “No podemos hablar de una crisis humanitaria. Ha sido un ataque a la integridad territorial de España”.
Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, Vivas ha descrito la situación de “colapso” que sufre la localidad desde el estallido de la crisis, tanto a nivel económico, sanitario y educativo. El abogado Luis María Pardo, que encabeza las acusaciones populares en nombre del partido extraparlamentario Iustitia Europa, ha comentado: “Creo que no somos conscientes los españoles de la gravedad de la situación que se vive ahora en Ceuta. Vivas ha hecho un ejercicio excepcional de narrar lo que viven los ceutíes y el impacto que está teniendo en la convivencia. Quien ha ideado [esta entrada masiva] lo ha hecho para arrebatar una ciudad a la integridad territorial de España”.
Estas primeras declaraciones en la Audiencia Nacional devolverán parte del foco a La Moncloa. Sobre todo, cuando Gonzalo Sanz se siente el jueves ante la instructora para responder también a las preguntas como testigo. El ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno aseveró que comunicó a su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, que un efectivo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le transmitió que había llamamientos en redes sociales con 180.000 participantes para entrar en Ceuta el 30 de julio, coincidiendo con la Fiesta del Trono. Triano, que ha dejado el cargo esta semana, lo niega. A su vez, según publicó EL PAÍS, el delegado en Ceuta solicitó al Gobierno refuerzos ante el agravamiento de la presión migratoria una semana antes de la entrada masiva bajo sospecha.
La Audiencia Nacional se refuerza ante el «previsible» aumento de peticiones de asilo en Ceuta
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha aprobado un plan extraordinario de refuerzo con carácter de urgencia para la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Los magistrados han dado este paso de cara a afrontar el «previsible» incremento de procedimientos en materia de protección internacional derivados de la entrada masiva de migrantes a Ceuta.
El tribunal ha trasladado el acuerdo aprobado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que adopten cuantas medidas sean necesarias para la implementación de este plan de refuerzo, que incluye la aprobación de una comisión de servicios por seis meses, sin relevación de funciones, de los 43 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso para el conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la protección internacional, tanto los de tramitación ordinaria como los urgentes de medidas cautelares.
En la Audiencia Nacional consideran que esta medida permitirá, además, que las ocho secciones de este órgano permanezcan en un sistema de guardia permanente para asumir de forma «coordinada y equilibrada» la entrada de nuevos procedimientos relacionados con la protección internacional. El plan también propone una dotación de funcionarios y Letrados de la Administración de Justicia suficientes para atender el exceso de volumen de entrada y rapidez de las resoluciones, así como un refuerzo en la oficina de registro y reparto para atender el previsible incremento del volumen de asuntos.
