La jueza que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la urbanización de lujo de Les Naus, en Alicante, ha citado a declarar al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa promotora del complejo, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Con la comparecencia de estos tres nuevos investigados, fijada para el próximo día 21 de octubre, la cifra de comparecientes ante la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante se eleva a 18, entre ellos, la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió tras demostrarse que había accedido a una de estas viviendas, o la exdirectora general del Ayuntamiento María Pérez-Hickman, que también dejó el cargo tras revelarse que dos hijos y un sobrino se habían hecho un hueco entre los adjudicatarios.
La magistrada eleva el número de comparecientes a 18 y solicita toda la documentación de la urbanización, incluidos correos electrónicos entre concejalías
La jueza que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la urbanización de lujo de Les Naus, en Alicante, ha citado a declarar al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa promotora del complejo, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Con la comparecencia de estos tres nuevos investigados, fijada para el próximo día 21 de octubre, la cifra de comparecientes ante la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante se eleva a 18, entre ellos, la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió tras demostrarse que había accedido a una de estas viviendas, o la exdirectora general del Ayuntamiento María Pérez-Hickman, que también dejó el cargo tras revelarse que dos hijos y un sobrino se habían hecho un hueco entre los adjudicatarios.
La pretensión de la jueza es indagar sobre los procesos administrativos que se desarrollaron durante la venta de la parcela municipal, situada en la zona de playas de Alicante, una de las más exclusivas de la ciudad, y la propia promoción de las VPP, la primera de estas características que salía a la luz en más de dos décadas. Toda esta documentación, solicitada por los grupos de la oposición municipal y, con insistencia, por los ediles de Vox, socios del PP en el consistorio, quedó frenada por un informe del secretario municipal, que alegó que se trataba de correos electrónicos remitidos entre concejalías que no formaban parte del expediente de Les Naus y que, además, estaban protegidos por el derecho al secreto de las comunicaciones.
La providencia firmada por la instructora del caso, no obstante, requiere toda la documentación existente, incluidas estas comunicaciones mantenidas entre Gestión Patrimonial y Contratación, así como las habidas “en el interior de cada concejalía” y también peticiones de informes e informes emitidos. Cualquier escrito, continúa la jueza, relativo a “las dudas surgidas sobre el precio de la parcela”, sobre “la decisión de suspender cualquier actuación de impulso de dicho expediente” o sobre “el alzamiento de la suspensión”. Las fuentes del TSJ añaden que la instructora reclama al Consistorio todo lo referente a “si dio alguna publicidad al acuerdo de la junta de Gobierno de 10 de julio de 2018, germen de la promoción, “al margen de la publicación en la plataforma de contratación”.
Esta última solicitud radica en la posibilidad de que altos cargos y técnicos municipales y de la Consejería de Vivienda de la Generalitat Valenciana, utilizaran información privilegiada para acceder, ellos mismos o sus familiares, a unos pisos situados en una urbanización con piscina, pistas deportivas y gimnasio que se pusieron en venta por unos 200.000 euros, la mitad de lo que suele ser habitual en la zona, sin que la futura urbanización se diera a conocer a la población en general por los cauces habituales. Como último requerimiento, la magistrada pide que Compromís deposite una fianza de 3.000 euros para admitir su personación en la causa como acusación particular.
La providencia de la jueza ha sido emitida justo el día en que tenía que haberse celebrado en el Ayuntamiento de Alicante un pleno extraordinario sobre el debate de la ciudad y en el que todos los grupos de la oposición habían solicitado la comparecencia del vicealcalde, Manuel Villar, señalado por Pérez-Hickman en una comparecencia judicial, ya que la investigada aseguró que Villar conocía desde 2022, antes de la polémica, que sus hijos habían accedido a la promoción de Les Naus. El alcalde, el popular Luis Barcala, sin embargo, aplazó el debate, a una fecha todavía sin fijar, porque podría “ser contrario a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”. Según un informe del secretario general del Pleno, citado por Barcala, la convocatoria iba a estar rodeada de numerosos “condicionantes” relativos al análisis de la situación pasada, presente y futura de la ciudad, vetados por el contexto electoral. “Lo que se coarta”, señala el primer edil, “desvirtúa el debate y así no se puede celebrar”, por lo que ha decidido postergar la convocatoria a después de los comicios.
Para toda la oposición municipal, esta decisión está cimentada en la negativa de Barcala y de su equipo a dar explicaciones convenientes sobre Les Naus. Las sucesivas informaciones conocidas durante los procesos de investigación revelan que, al menos, Villar y el exedil Toni Gallego conocían la situación de la promoción de VPP, incluido el hecho de que Rocío Gómez hubiera conseguido plaza, antes de que el diario Información detonara el escándalo el pasado mes de febrero.
