Pese a que ayer el Gobierno quiso parecer muy tajante al afirmar que la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz no significa que vaya a haber una revisión del calendario de cierre de los otros cinco reactores que hay en España, lo cierto es que ha abierto un melón que difícilmente va a poder cerrar . Extender la operatividad de Almaraz hasta 2030 supone enmendar parcialmente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que dejó establecido que los dos reactores cacereños debían dejar de funcionar definitivamente en 2027 y 2028, respectivamente, y una vez aplicada esta excepción al Ejecutivo se le ha reducido el abanico de excusas a su alcance para oponerse a la revisión del resto de los casos. El camino ha quedado expedito para que las energéticas que explotan las demás centrales, las empresas que viven de ellas, las comunidades afectadas por su cierre y los respectivos gobiernos autonómicos utilicen el caso de Almaraz como excusa para justificar un agravio comparativo si Transición Ecológica insiste en su calendario. Ayer, el gobierno valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca, ya tiró de ese argumento para asegurar que «no hay razón para aplicar un criterio diferente» en la planta de Cofrentes. El departamento que dirige Sara Aagesen insiste, pese a todo, en que consumará la desconexión nuclear en 2035. No será fácil cumplir con ese objetivo, pues pese a que en 2019 las empresas energéticas apoyaron el cerrojazo al estampar su firma en el Pniec desde entonces muchas han variado sustancialmente su posición y ahora se posicionan en favor de seguir operando sus instalaciones a cambio, eso sí, de un régimen fiscal menos severo. En esto cuentan con el apoyo de los gobiernos autonómicos afectados y de varias formaciones del espectro político, en una alianza de fuerzas que en el caso de Almaraz se ha demostrado muy efectiva. Un calendario de cierres, más en el aire que nunca Las primeras paradas en la hoja de ruta de cierres trazada en 2019 por Teresa Ribera, y que su entonces secretaria de Estado y ahora ministra, Sara Aagesen, dice querer mantener son ahora, además de Almaraz, las centrales de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), cuyos cierres se programaron también para 2030. En el caso de la planta de Cofrentes, su continuidad cuenta con el apoyo del empresariado valenciano y del gobierno del popular Juanfran Pérez Llorca, además del compromiso por parte de Iberdrola, que es propietaria del 100% de la instalación, de seguir operándola durante cuatro años más si se cumplen las condiciones tributarias que demandan a Transición Ecológica. Similar contexto acontece en el caso del primer reactor de la central tarraconense de Ascó, dado que tanto ERC como Junts defienden su supervivencia más allá del límite temporal establecido en el Pniec. El escenario en estos casos será, no obstante, bien diferente. Las empresas propietarios de las centrales cuyo cierre está previsto en 2030 tienen hasta finales de 2027 o principios de 2028 para solicitar su prórroga al Gobierno, por lo que no será el actual el que tenga que tomar esa decisión sino el que salga de las urnas en las generales de 2027. La de Almaraz, en realidad, era la única decisión definitiva que podía adoptar el Gobierno actual sobre su propio plan de cierre de centrales nucleares.Hasta hace poco, Junts y ERC apoyaban la desconexión nuclear, pero el apagón de abril de 2025 evidenció la utilidad de la energía atómica como fuente estable y les empujó a un giro de guión. Se materializó en junio de 2025, cuando la abstención de estos dos partidos en una votación en el Congreso permitió iniciar la tramitación de una proposición de ley del PP para prolongar la vida útil de los reactores españoles. Cataluña se juega más que ninguna otra comunidad, pues las dos centrales y los tres reactores activos de los que dispone actualmente cubren el 60% de la demanda energética del territorio . El primer cierre programado en el territorio es el de Ascó I (propiedad al 100% de Endesa), en 2030; sigue Ascó II (participada al 85% por Endesa y al 15% por Iberdrola), cuyo final de vida útil está previsto para 2032; y Vandellós (participada al 72% por Endesa y al 28% por Iberdrola), que debería dejar de operar en 2035. En el caso de la central de Trillo (Guadalajara), el final de su vida útil está previsto para 2035. En este caso la continuidad de la central es respaldada no solo por el PP y por algunas de las empresas propietarias de la central (Iberdrola y Endesa), también por el PSOE regional y el gobierno encabezado por el socialista Emiliano García Page, que en reiteradas ocasiones ha manifestado sus divergencias con el Gobierno central en materia energética. La última vez fue en abril de este año, cuando pidió a La Moncloa que fuera «coherente» con sus socios comunitarios, que han dado un giro de 180 grados en su política energética. Pese a que ayer el Gobierno quiso parecer muy tajante al afirmar que la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz no significa que vaya a haber una revisión del calendario de cierre de los otros cinco reactores que hay en España, lo cierto es que ha abierto un melón que difícilmente va a poder cerrar . Extender la operatividad de Almaraz hasta 2030 supone enmendar parcialmente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que dejó establecido que los dos reactores cacereños debían dejar de funcionar definitivamente en 2027 y 2028, respectivamente, y una vez aplicada esta excepción al Ejecutivo se le ha reducido el abanico de excusas a su alcance para oponerse a la revisión del resto de los casos. El camino ha quedado expedito para que las energéticas que explotan las demás centrales, las empresas que viven de ellas, las comunidades afectadas por su cierre y los respectivos gobiernos autonómicos utilicen el caso de Almaraz como excusa para justificar un agravio comparativo si Transición Ecológica insiste en su calendario. Ayer, el gobierno valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca, ya tiró de ese argumento para asegurar que «no hay razón para aplicar un criterio diferente» en la planta de Cofrentes. El departamento que dirige Sara Aagesen insiste, pese a todo, en que consumará la desconexión nuclear en 2035. No será fácil cumplir con ese objetivo, pues pese a que en 2019 las empresas energéticas apoyaron el cerrojazo al estampar su firma en el Pniec desde entonces muchas han variado sustancialmente su posición y ahora se posicionan en favor de seguir operando sus instalaciones a cambio, eso sí, de un régimen fiscal menos severo. En esto cuentan con el apoyo de los gobiernos autonómicos afectados y de varias formaciones del espectro político, en una alianza de fuerzas que en el caso de Almaraz se ha demostrado muy efectiva. Un calendario de cierres, más en el aire que nunca Las primeras paradas en la hoja de ruta de cierres trazada en 2019 por Teresa Ribera, y que su entonces secretaria de Estado y ahora ministra, Sara Aagesen, dice querer mantener son ahora, además de Almaraz, las centrales de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), cuyos cierres se programaron también para 2030. En el caso de la planta de Cofrentes, su continuidad cuenta con el apoyo del empresariado valenciano y del gobierno del popular Juanfran Pérez Llorca, además del compromiso por parte de Iberdrola, que es propietaria del 100% de la instalación, de seguir operándola durante cuatro años más si se cumplen las condiciones tributarias que demandan a Transición Ecológica. Similar contexto acontece en el caso del primer reactor de la central tarraconense de Ascó, dado que tanto ERC como Junts defienden su supervivencia más allá del límite temporal establecido en el Pniec. El escenario en estos casos será, no obstante, bien diferente. Las empresas propietarios de las centrales cuyo cierre está previsto en 2030 tienen hasta finales de 2027 o principios de 2028 para solicitar su prórroga al Gobierno, por lo que no será el actual el que tenga que tomar esa decisión sino el que salga de las urnas en las generales de 2027. La de Almaraz, en realidad, era la única decisión definitiva que podía adoptar el Gobierno actual sobre su propio plan de cierre de centrales nucleares.Hasta hace poco, Junts y ERC apoyaban la desconexión nuclear, pero el apagón de abril de 2025 evidenció la utilidad de la energía atómica como fuente estable y les empujó a un giro de guión. Se materializó en junio de 2025, cuando la abstención de estos dos partidos en una votación en el Congreso permitió iniciar la tramitación de una proposición de ley del PP para prolongar la vida útil de los reactores españoles. Cataluña se juega más que ninguna otra comunidad, pues las dos centrales y los tres reactores activos de los que dispone actualmente cubren el 60% de la demanda energética del territorio . El primer cierre programado en el territorio es el de Ascó I (propiedad al 100% de Endesa), en 2030; sigue Ascó II (participada al 85% por Endesa y al 15% por Iberdrola), cuyo final de vida útil está previsto para 2032; y Vandellós (participada al 72% por Endesa y al 28% por Iberdrola), que debería dejar de operar en 2035. En el caso de la central de Trillo (Guadalajara), el final de su vida útil está previsto para 2035. En este caso la continuidad de la central es respaldada no solo por el PP y por algunas de las empresas propietarias de la central (Iberdrola y Endesa), también por el PSOE regional y el gobierno encabezado por el socialista Emiliano García Page, que en reiteradas ocasiones ha manifestado sus divergencias con el Gobierno central en materia energética. La última vez fue en abril de este año, cuando pidió a La Moncloa que fuera «coherente» con sus socios comunitarios, que han dado un giro de 180 grados en su política energética.
Pese a los esfuerzos argumentarios desplegados hoy por el Gobierno para asegurar que la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz no significa que vaya a haber una revisión del calendario de cierre de los otros cinco reactores que hay en … España, lo cierto es que el Ejecutivo ha abierto un melón que difícilmente va a poder cerrar. Extender la operatividad de Almaraz hasta 2030 supone enmendar parcialmente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que dejó establecido que los dos reactores cacereños debían dejar de funcionar definitivamente entre 2027 y 2028, y esto ha reducido el abanico de excusas al alcance de Transición Ecológica para oponerse a la revisión del Pniec en el resto de los casos.
El camino ha quedado expedito para que las energéticas que explotan las demás centrales, las empresas que viven de ellas, las comunidades afectadas por su cierre y los respectivos gobiernos autonómicos utilicen el caso de Almaraz como excusa para justificar un agravio comparativo si el Ejecutivo central insiste en su calendario; de hecho, hoy mismo el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ya ha utilizado ese argumento al asegurar que «no hay razón para aplicar un criterio diferente» en la planta de Cofrentes.
Pese a todo, Transición Ecológica dice que prevé que la desconexión atómica sea total en 2035. No será fácil cumplir con ese objetivo, pues pese a que en 2019 las empresas energéticas apoyaron el cerrojazo nuclear al estampar su firma en el Pniec, desde entonces muchas han variado sustancialmente su posición y ahora se posicionan -algunas más veladamente que otras- en favor de seguir operando sus instalaciones a cambio, eso sí, de un régimen fiscal menos severo. Y en esto cuentan con el apoyo de las comunidades afectadas, de sus respectivos gobiernos regionales y de varias formaciones del espectro político, en una coligación de fuerzas que en el caso de Almaraz se ha demostrado muy efectiva.
Las primeras paradas de este ‘via crucis’ que le espera al Ejecutivo serán las centrales de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), que son las siguientes instalaciones en la lista de espera, con sendos cierres programados para 2030. En el caso de la planta de Cofrentes, su continuidad cuenta con el apoyo del empresariado valenciano y del gobierno del popular Juanfran Pérez Llorca, además del compromiso por parte de Iberdrola, que es propietaria del 100% de la instalación, de seguir operándola durante cuatro años más si se cumplen las condiciones tributarias que demandan al Ministerio de Transición Ecológica.
No obstante, para el Ejecutivo el hueso más duro de roer serán Ascó I y los otros dos reactores catalanes, dado que tanto ERC como Junts defienden su supervivencia más allá del límite temporal establecido en el Pniec, y el PSOE no puede oponerse a los intereses de estos dos partidos sin arriesgarse a debilitar aún más su ya maltrecha mayoría en el Congreso.
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Hasta hace poco Junts y ERC apoyaban la desconexión nuclear, pero el apagón de abril de 2025, que evidenció la utilidad de la energía atómica como fuente de suministro estable, les llevó a un giro de guion que se evidenció en junio de 2025, cuando la abstención de estos dos partidos en una votación en el Congreso permitió iniciar la tramitación de una proposición de ley del PP para prolongar la vida útil de los reactores españoles.
Cataluña se juega más que ninguna otra comunidad en esta guerra, pues las dos centrales de las que dispone actualmente cubren el 60% de la demanda energética del territorio. Si nada cambia, el primer cierre en esa región será el de Ascó I (propiedad al 100% de Endesa), en 2030; sigue Ascó II (participada al 85% por Endesa y al 15% por Iberdrola), cuyo final de vida útil está previsto para 2032; y Vandellós (participada al 72% por Endesa y al 28% por Iberdrola), que debería dejar de operar en 2035.
Cierra la lista la central de Trillo (Guadalajara), cuyo final de vida útil está programado para 2035, aunque en este caso el Gobierno puede terminar por enfrentarse a un bloque transversal de oposición. Si se empecinaran en organizar una campaña de presión como la desplegada en Cáceres, las comunidades afectadas podrían hallar apoyos no solo en el PP y las empresas propietarias de la central (Iberdrola, Naturgy, EDP y Endesa), también en el PSOE regional y el gobierno encabezado por el socialista Emiliano García Page, que en reiteradas ocasiones ha manifestado sus divergencias con el Gobierno central en materia energética; la última vez fue en abril de este año, cuando pidió a Moncloa que fuera «coherente» con sus socios comunitarios, que han dado un giro de 180 grados en su política energética.
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