Begoña Gómez ha presentado un nuevo informe ante el juzgado que acordó enviarla a juicio por delitos de corrupción para demostrar, en este caso, que no existe un perjuicio económico para la Universidad Complutense de Madrid (UCM) después de su actividad sino que, al contrario, “existe un superávit a favor de la entidad pública” de 12.856 euros. Este es el tercer informe pericial que presenta en las últimas semanas después de haber demostrado que las cátedras extraordinarias como la que ella co-dirigió son comunes dentro de la enseñanza pública y que las asesoras de los demás presidentes del Gobierno también se ocuparon de tareas privadas de otras cónyuges anteriores.
La defensa presenta una nueva pericial que sostiene que la universidad ganó 12.856 euros tras la cátedra
La defensa presenta una nueva pericial que sostiene que la universidad ganó 12.856 euros tras la cátedra


Begoña Gómez ha presentado un nuevo informe ante el juzgado que acordó enviarla a juicio por delitos de corrupción para demostrar, en este caso, que no existe un perjuicio económico para la Universidad Complutense de Madrid (UCM) después de su actividad sino que, al contrario, “existe un superávit a favor de la entidad pública” de 12.856 euros. Este es el tercer informe pericial que presenta en las últimas semanas después de haber demostrado que las cátedras extraordinarias como la que ella co-dirigió son comunes dentro de la enseñanza pública y que las asesoras de los demás presidentes del Gobierno también se ocuparon de tareas privadas de otras cónyuges anteriores.
En este nuevo informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el profesor titular de derecho financiero y tributario Jesús Rodríguez Márquez expone que el dinero de la cátedra de Transformación Social y Competitiva (TSC) que está bajo el foco de la investigación lo gestionaba la universidad y que eran fondos privados para un fin concreto: “Nunca puede suponer un perjuicio […] gastar unos fondos que proporcionan terceros”. De esta manera, la defensa de Begoña Gómez pretende desarmar los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que se le adjudican, además del de malversación y apropiación indebida.
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