En un momento decisivo para Europa, en el que el Parlamento Europeo debate los Reglamentos sobre el euro digital y el curso legal de los billetes y monedas en euros, Denaria , integrada por colectivos tan diversos y plurales como personas mayores, personas con discapacidad, consumidores, farmacéuticos, jóvenes, comerciantes, empresarios, agricultores y habitantes del entorno rural , y que agrupan a millones de ciudadanos de nuestro país, ha lanzado un manifiesto en el que defiende una vez más el acceso al efectivo en España, que «se encuentra todavía muy lejos de estar garantizado para una gran mayoría de los colectivos sociales de nuestro país», afirman desde la plataforma española.Y es que según los estudios que maneja Denaria, las diferencias por edad y territorio continúan siendo muy marcadas ya que el uso del efectivo sigue teniendo un peso especialmente elevado entre las personas mayores de 64 años, donde alcanza el 79% como principal medio de pago. Incluso en los municipios con menos de 5.000 habitantes aumenta. Allí pasa del 65% registrado en 2023 al 72% en 2025, mientras que en las grandes ciudades baja ligeramente.Las zonas sin oficina bancaria estable también muestran una fuerte dependencia del efectivo. En estos lugares, el 71% de los vecinos utiliza el dinero físico como método principal para sus compras habituales.«Todavía hoy la población sin acceso está cerca del medio millón de personas (435.000), esto es, el 0,9% de la población española y, cabe recordar que el cajero automático es el canal más habitual de acceso al efectivo (79%), muy por encima de la ventanilla bancaria (8,4 %). Los canales alternativos son poco usados», aseguran desde la plataforma en apoyo del dinero en efectivo.Y a todo lo anterior hay que añadir que según el último informe sobre Inclusión Financiera del Banco de España hay otros grupos, como la población inmigrante de reciente llegada, en los que se ha identificado un riesgo de exclusión.De hecho, como el propio Banco de España reconoce, los inmigrantes en situación irregular afrontan un problema de bancarización, por las dificultades que encuentran para abrir una cuenta. La cuenta de pago básica (CPB) fue concebida, en parte, como un instrumento de inclusión financiera, pero no está cumpliendo este objetivo de modo eficaz.En definitiva, el acceso al dinero físico de las propias cuentas de los ciudadanos se ve dificultada por una combinación de dos factores, por una parte, la lejanía de los puntos de acceso, sucursales o cajeros, y por otra, por las comisiones asociadas a la retirada de efectivo aplicadas por todas las entidades financieras, un hecho que obliga al ciudadano a desplazarse hasta encontrar un cajero en el que la retirada de efectivo puede realizarse de forma gratuita , con el coste asociado que implica. Esta situación se agrava en el caso de los colectivos a los que Denaria da voz, «a los que se les impide, sin razón alguna, la posibilidad de acceder y usar la moneda de curso legal».Por otra parte, continúan las fuentes de la plataforma, «hemos constatado, por el canal de denuncias de Denaria, que la Administración es la primera en incumplir la Ley al rechazar el pago en efectivo en sus servicios e incluso exigir ese pago sólo por medios digitales. Tampoco entendemos las barreras al uso, que se materializan en un límite de pago máximo en efectivo en España de 1.000 euros, cuando en otros países el límite es más alto y el Banco Central Europeo ha establecido ese umbral en 10.000 euros».Por todo lo anterior, y desde el principio consensuado de que la libertad de elección en los medios de pago constituye un derecho que debe ser protegido, «instamos a las autoridades de nuestro país a que defiendan, durante los trílogos, que ahora se reunirán en Bruselas para debatir el Reglamento del euro digital y del curso legal del dinero, los siguientes principios que la sociedad civil agrupada en Denaria consideramos irrenunciables:- Garantizar , de hecho y de derecho, el acceso y la aceptación del efectivo en todo el territorio de la Unión Europea- Preservar la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar, sin imposiciones ni discriminaciones de ningún tipo y condición.-Asegurar una infraestructura de acceso al efectivo suficiente, cercana y accesible, que asegure la inclusión financiera de todos los ciudadanos.-Reforzar la responsabilidad de las entidades financieras en el mantenimiento de una red adecuada de oficinas , cajeros gratuitos y servicios presenciales.-Promover y procurar una atención presencial y cercana en los comercios que permita a todos los ciudadanos realizar sus operaciones con seguridad y autonomía.-Impulsar una transición digital inclusiva , en la que el efectivo y los medios de pago digitales convivan de forma complementaria, fortaleciendo la resiliencia económica y evitando la exclusión social. En un momento decisivo para Europa, en el que el Parlamento Europeo debate los Reglamentos sobre el euro digital y el curso legal de los billetes y monedas en euros, Denaria , integrada por colectivos tan diversos y plurales como personas mayores, personas con discapacidad, consumidores, farmacéuticos, jóvenes, comerciantes, empresarios, agricultores y habitantes del entorno rural , y que agrupan a millones de ciudadanos de nuestro país, ha lanzado un manifiesto en el que defiende una vez más el acceso al efectivo en España, que «se encuentra todavía muy lejos de estar garantizado para una gran mayoría de los colectivos sociales de nuestro país», afirman desde la plataforma española.Y es que según los estudios que maneja Denaria, las diferencias por edad y territorio continúan siendo muy marcadas ya que el uso del efectivo sigue teniendo un peso especialmente elevado entre las personas mayores de 64 años, donde alcanza el 79% como principal medio de pago. Incluso en los municipios con menos de 5.000 habitantes aumenta. Allí pasa del 65% registrado en 2023 al 72% en 2025, mientras que en las grandes ciudades baja ligeramente.Las zonas sin oficina bancaria estable también muestran una fuerte dependencia del efectivo. En estos lugares, el 71% de los vecinos utiliza el dinero físico como método principal para sus compras habituales.«Todavía hoy la población sin acceso está cerca del medio millón de personas (435.000), esto es, el 0,9% de la población española y, cabe recordar que el cajero automático es el canal más habitual de acceso al efectivo (79%), muy por encima de la ventanilla bancaria (8,4 %). Los canales alternativos son poco usados», aseguran desde la plataforma en apoyo del dinero en efectivo.Y a todo lo anterior hay que añadir que según el último informe sobre Inclusión Financiera del Banco de España hay otros grupos, como la población inmigrante de reciente llegada, en los que se ha identificado un riesgo de exclusión.De hecho, como el propio Banco de España reconoce, los inmigrantes en situación irregular afrontan un problema de bancarización, por las dificultades que encuentran para abrir una cuenta. La cuenta de pago básica (CPB) fue concebida, en parte, como un instrumento de inclusión financiera, pero no está cumpliendo este objetivo de modo eficaz.En definitiva, el acceso al dinero físico de las propias cuentas de los ciudadanos se ve dificultada por una combinación de dos factores, por una parte, la lejanía de los puntos de acceso, sucursales o cajeros, y por otra, por las comisiones asociadas a la retirada de efectivo aplicadas por todas las entidades financieras, un hecho que obliga al ciudadano a desplazarse hasta encontrar un cajero en el que la retirada de efectivo puede realizarse de forma gratuita , con el coste asociado que implica. Esta situación se agrava en el caso de los colectivos a los que Denaria da voz, «a los que se les impide, sin razón alguna, la posibilidad de acceder y usar la moneda de curso legal».Por otra parte, continúan las fuentes de la plataforma, «hemos constatado, por el canal de denuncias de Denaria, que la Administración es la primera en incumplir la Ley al rechazar el pago en efectivo en sus servicios e incluso exigir ese pago sólo por medios digitales. Tampoco entendemos las barreras al uso, que se materializan en un límite de pago máximo en efectivo en España de 1.000 euros, cuando en otros países el límite es más alto y el Banco Central Europeo ha establecido ese umbral en 10.000 euros».Por todo lo anterior, y desde el principio consensuado de que la libertad de elección en los medios de pago constituye un derecho que debe ser protegido, «instamos a las autoridades de nuestro país a que defiendan, durante los trílogos, que ahora se reunirán en Bruselas para debatir el Reglamento del euro digital y del curso legal del dinero, los siguientes principios que la sociedad civil agrupada en Denaria consideramos irrenunciables:- Garantizar , de hecho y de derecho, el acceso y la aceptación del efectivo en todo el territorio de la Unión Europea- Preservar la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar, sin imposiciones ni discriminaciones de ningún tipo y condición.-Asegurar una infraestructura de acceso al efectivo suficiente, cercana y accesible, que asegure la inclusión financiera de todos los ciudadanos.-Reforzar la responsabilidad de las entidades financieras en el mantenimiento de una red adecuada de oficinas , cajeros gratuitos y servicios presenciales.-Promover y procurar una atención presencial y cercana en los comercios que permita a todos los ciudadanos realizar sus operaciones con seguridad y autonomía.-Impulsar una transición digital inclusiva , en la que el efectivo y los medios de pago digitales convivan de forma complementaria, fortaleciendo la resiliencia económica y evitando la exclusión social.
En un momento decisivo para Europa, en el que el Parlamento Europeo debate los Reglamentos sobre el euro digital y el curso legal de los billetes y monedas en euros, Denaria , integrada por colectivos tan diversos y plurales como personas mayores, personas con discapacidad, … consumidores, farmacéuticos, jóvenes, comerciantes, empresarios, agricultores y habitantes del entorno rural , y que agrupan a millones de ciudadanos de nuestro país, ha lanzado un manifiesto en el que defiende una vez más el acceso al efectivo en España, que «se encuentra todavía muy lejos de estar garantizado para una gran mayoría de los colectivos sociales de nuestro país», afirman desde la plataforma española.
Y es que según los estudios que maneja Denaria, las diferencias por edad y territorio continúan siendo muy marcadas ya que el uso del efectivo sigue teniendo un peso especialmente elevado entre las personas mayores de 64 años, donde alcanza el 79% como principal medio de pago. Incluso en los municipios con menos de 5.000 habitantes aumenta. Allí pasa del 65% registrado en 2023 al 72% en 2025, mientras que en las grandes ciudades baja ligeramente.
Las zonas sin oficina bancaria estable también muestran una fuerte dependencia del efectivo. En estos lugares, el 71% de los vecinos utiliza el dinero físico como método principal para sus compras habituales.
Noticia relacionada
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Carta de Denaria al Parlamento Europeo
Mª J. Pérez
«Todavía hoy la población sin acceso está cerca del medio millón de personas (435.000), esto es, el 0,9% de la población española y, cabe recordar que el cajero automático es el canal más habitual de acceso al efectivo (79%), muy por encima de la ventanilla bancaria (8,4 %). Los canales alternativos son poco usados», aseguran desde la plataforma en apoyo del dinero en efectivo.
Y a todo lo anterior hay que añadir que según el último informe sobre Inclusión Financiera del Banco de España hay otros grupos, como la población inmigrante de reciente llegada, en los que se ha identificado un riesgo de exclusión.
De hecho, como el propio Banco de España reconoce, los inmigrantes en situación irregular afrontan un problema de bancarización, por las dificultades que encuentran para abrir una cuenta. La cuenta de pago básica (CPB) fue concebida, en parte, como un instrumento de inclusión financiera, pero no está cumpliendo este objetivo de modo eficaz.
En definitiva, el acceso al dinero físico de las propias cuentas de los ciudadanos se ve dificultada por una combinación de dos factores, por una parte, la lejanía de los puntos de acceso, sucursales o cajeros, y por otra, por las comisiones asociadas a la retirada de efectivo aplicadas por todas las entidades financieras, un hecho que obliga al ciudadano a desplazarse hasta encontrar un cajero en el que la retirada de efectivo puede realizarse de forma gratuita, con el coste asociado que implica. Esta situación se agrava en el caso de los colectivos a los que Denaria da voz, «a los que se les impide, sin razón alguna, la posibilidad de acceder y usar la moneda de curso legal».
Por otra parte, continúan las fuentes de la plataforma, «hemos constatado, por el canal de denuncias de Denaria, que la Administración es la primera en incumplir la Ley al rechazar el pago en efectivo en sus servicios e incluso exigir ese pago sólo por medios digitales. Tampoco entendemos las barreras al uso, que se materializan en un límite de pago máximo en efectivo en España de 1.000 euros, cuando en otros países el límite es más alto y el Banco Central Europeo ha establecido ese umbral en 10.000 euros».
Por todo lo anterior, y desde el principio consensuado de que la libertad de elección en los medios de pago constituye un derecho que debe ser protegido, «instamos a las autoridades de nuestro país a que defiendan, durante los trílogos, que ahora se reunirán en Bruselas para debatir el Reglamento del euro digital y del curso legal del dinero, los siguientes principios que la sociedad civil agrupada en Denaria consideramos irrenunciables:
–Garantizar, de hecho y de derecho, el acceso y la aceptación del efectivo en todo el territorio de la Unión Europea
–Preservar la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar, sin imposiciones ni discriminaciones de ningún tipo y condición.
-Asegurar una infraestructura de acceso al efectivo suficiente, cercana y accesible, que asegure la inclusión financiera de todos los ciudadanos.
-Reforzar la responsabilidad de las entidades financieras en el mantenimiento de una red adecuada de oficinas, cajeros gratuitos y servicios presenciales.
-Promover y procurar una atención presencial y cercana en los comercios que permita a todos los ciudadanos realizar sus operaciones con seguridad y autonomía.
-Impulsar una transición digital inclusiva, en la que el efectivo y los medios de pago digitales convivan de forma complementaria, fortaleciendo la resiliencia económica y evitando la exclusión social.
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