El caso Sálvame entra en una nueva dimensión. La Fiscalía de Madrid ha presentado su escrito de conclusiones provisionales sobre la presunta trama de revelación de secretos urdida entre el paparazi español Gustavo González y el policía Ángel Jesús Fernández Hita, que le proporcionaba información confidencial de famosos que sacaba de las bases de datos del Cuerpo para desvelarla en el desaparecido Sálvame —emitido en Telecinco y producido por La Fábrica de la Tele—. Pese a que el magistrado instructor Marcelino Sexmero consideró que se podía atribuir delitos a varios empleados del programa de prensa rosa y a la productora, el ministerio público limita su acusación a González (para quien reclama 477 años de cárcel), al policía Fernández Hita (555 años de prisión) y a un segundo agente implicado, Iván Caveda (16 años).
El ministerio público limita su acusación por revelación de secretos y no atribuye la autoría de delitos a la productora, La Fábrica de la Tele
El caso Sálvame entra en una nueva dimensión. La Fiscalía de Madrid ha presentado su escrito de conclusiones provisionales sobre la presunta trama de revelación de secretos urdida entre el paparazi español Gustavo González y el policía Ángel Jesús Fernández Hita, que le proporcionaba información confidencial de famosos que sacaba de las bases de datos del Cuerpo para desvelarla en el desaparecido Sálvame —emitido en Telecinco y producido por La Fábrica de la Tele—. Pese a que el magistrado instructor Marcelino Sexmero consideró que se podía atribuir delitos a varios empleados del programa de prensa rosa y a la productora, el ministerio público limita su acusación a González (para quien reclama 477 años de cárcel), al policía Fernández Hita (555 años de prisión) y a un segundo agente implicado, Iván Caveda (16 años).
Las penas exigidas resultan astronómicas para los dos principales procesados porque el fiscal Fidel Solera Guijarro atribuye 127 delitos de revelación de secretos al paparazi; y 142, a Fernández Hita —ya que hay decenas de afectados—. Sin embargo, en su propio escrito, el ministerio público recuerda que, como mucho, cumplirían el “triple del tiempo” de la mayor pena que se les imponga por cada uno de esos delitos por separado. Es decir, de triunfar la tesis de la acusación pública, Gustavo González pasaría entre rejas 15 años como máximo; y, su amigo policía, 12 años.
Pero las pretensiones de la Fiscalía no acaban ahí. Reclama que González pague una multa de más de 600.000 euros y se le inhabilite durante cinco años para el “ejercicio de la profesión de director, colaborador de agencias y medios de comunicación; paparazzi, periodista, redactor y guionista”. Por su parte, exige una sanción de 62.400 euros para Fernández Hita. Y ambos, según el escrito de acusación, deberían hacer frente a más de 400.000 euros de indemnizaciones a los famosos afectados. En esa línea, el ministerio público añade que La Fábrica de la Tele debe responder como responsable civil subsidiario por parte de esa cantidad.
El caso Sálvame comenzó en abril de 2017, cuando la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional detectó que Sálvame estaba ofreciendo en directo datos confidenciales recogidos en atestados policiales. Sus indagaciones los llevaron hasta Ángel Jesús Fernández Hita, un agente raso destinado en la Brigada Móvil de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Madrid. La Fiscalía subraya que, desde 2009 a 2018, se aprovechó de su cargo para “apoderarse” de daros reservados de carácter personal de decenas de famosos (como antecedentes, números de matrículas, direcciones de domicilios…), que facilitaba a dos colaboradores del programa de televisión con quienes había tejido una relación: Gustavo González; y la comentarista Mila Ximénez,fallecida en 2021.
Al concluir sus pesquisas, el juez Sexmero calculó que la trama había accedido a información reservada de, al menos, 182 personas: entre ellas, cantantes como Isabel Pantoja, Francisco González, Omar Montes o Àlex Casademunt; personajes públicos como Belén Esteban, Ángel Garó, Aramís Fuster; deportistas como Arantxa Sánchez Vicario, Miguel Torres y Alfredo Di Stefano; o concursantes de programas de telerrealidad como Gran Hermano.
El magistrado ya archivó la causa contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, directores y dueños de La Fábrica de la Tele (que fue adquirida en su totalidad por Mediaset en 2024); Alberto Díaz, exdirector del programa; y otros antiguos trabajadores de Sálvame por “no constar de manera clara que conocieran el origen de la información obtenida”. Sin embargo, procesó a otros periodistas por delitos de revelación de secretos, como David Valldeperas, exdirector del programa; a la productora; y la actriz porno María Pasqual, alias María Lapiedra, expareja de Gustavo González. Para todos ellos, la Fiscalía pide el archivo —solo mantiene a La Fábrica de la Tele como responsable civil subsidiario—.
Sobre el paparazi, el ministerio público incide en que tenía la “intención de obtener ganancias a través de la información ilícitamente obtenida” tras conchabarse con Fernández Hita. Cuando no estaba en su puesto de trabajo, este policía echaba mano de su compañero Caveda para buscar datos confidenciales. “Accedieron, revelaron y se apoderaron de atestados y otros datos reservados de carácter personal y familiar”, remacha la acusación.
