El Gobierno ultima estos días contra reloj un nuevo paquete de ayudas económicas centradas en el ámbito energético para aliviar la presión de costes que sufren en estos momentos tanto los consumidores domésticos como los sectores profesionales. Sin embargo, se ha encontrado con un problema de índole fiscal por no haber medido bien el impacto real de la crisis derivada de la guerra de Irán.Durante la última semana varios ministros del área económica del Gobierno, con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al frente, han mantenido encuentros con diversos sectores productivos e industriales, más los principales agentes energéticos del país, para tomar el pulso al sector privado y pedirle opinión sobre el estado de situación, siete meses después del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y del cierre del principal canal de distribución de petróleo del planeta, el estrecho de Ormuz . Al margen de recopilar esas propuestas, el Ejecutivo ha aprovechado la ronda para advertir a sus interlocutores que esta vez no será tan sencillo armar el nuevo paquete de ayudas y que las restricciones presupuestarias les van a obligar a ponderar de forma minuciosa el impacto financiero de cada medida que se apruebe para evitar salirse del marco establecido por Europa, según han confirmado a ABC hasta tres fuentes presentes en las reuniones de los últimos días. Hacienda argumenta ahora que la falta de Presupuestos reduce su margen para aprobar ayudas e incentivos para paliar los efectos del alza de los precios energéticos«Tenemos un importante problema de fondo y es que no hay Presupuestos», ha transmitido en una de las reuniones el ministro de Hacienda, Arcadi España, para justificar las limitaciones financieras a las que el Gobierno asegura tener que enfrentarse de cara al próximo paquete de ayudas y el enfoque restrictivo con el que esta vez asume la negociación. Ante las peticiones de ayudas y medidas de estímulo para superar lo que se anuncia como un otoño complicado para los hogares y las industrias españolas, por lo que indican los mercados de futuros del gas y del petróleo y por la intensidad de la espiral inflacionista que este mismo miércoles ha confirmado la OCDE, el Ejecutivo ha avanzado que las medidas que se adopten tendrán en cuenta tanto su coste presupuestario como su eficacia para evitar malgastar recursos públicos.Hay un contexto importante para esta repentina cautela del Gobierno, que si por algo se ha caracterizado en los últimos años ha sido por no reparar en gastos a la hora de configurar sus célebres ‘escudos’ ante las crisis que se han ido sucediendo. Lo advirtió la semana pasada la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y ex alto cargo del Ministerio de Hacienda, Inés Olóndriz, el Gobierno ha agotado en apenas dos años el colchón fiscal de alrededor de 10.000 millones de euros que Bruselas le permitió para hacer frente a imprevistos y un nuevo plan de ayudas millonario desbordaría ese margen y situaría al Reino de España en posición de ser objeto de un expediente por déficit excesivo.La Comisión Europea ya se vio obligada a dar un toque al Gobierno de España después de que apenas unas horas después del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos sobre Irán este anunciara un amplio paquete de medidas con un coste estimado de 5.000 millones de euros, que entre otras cosas incluía una reducción indiscriminada del IVA aplicable al combustible, el gas y la electricidad. Bruselas dijo entonces que las medidas de los países debían ser más quirúrgicas y focalizadas, y tener un horizonte de retirada. El segundo paquete de ayudas del Gobierno, aprobado el pasado mes de junio, retiró la rebaja del IVA y tuvo un coste sustancialmente inferior, de 1.800 millones. El Gobierno esconde sus planesLa única certeza es que el próximo martes, 29 de septiembre, se anunciará un nuevo plan de ayudas a los sectores más afectados, aunque por ahora no se conocen muchos detalles. De hecho, ninguno de los sectores convocados a las reuniones han sido informados sobre el contenido final de los nuevos mecanismos. Debido a ese difícil encaje fiscal, el Gobierno está abordando los encuentros con el máximo hermetismo sin deslizar qué nuevas acciones se pueden llevar a cabo.La preocupación del Gobierno es doble. Por un lado, la vigilancia fiscal de Bruselas a la hora de adoptar medidas que puedan afectar, por ejemplo, al impuesto de hidrocarburos. Asimismo, el Ejecutivo teme que esta crisis se prolongue mucho más de lo previsto . Según explican fuentes energéticas a este periódico, se ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica –desde hace tiempo– que el problema de costes podría durar hasta la próxima primavera, incluso, aunque mejore la situación en Oriente Próximo.Con la perspectiva de que la presión de precios en las materias primas, petróleo y gas, se prolongue en el tiempo, el Gobierno ha trasladado que existe una preocupación en cómo impactarán todas estas ayudas en las cuentas públicas.Pese a todo, ni desde el Ministerio de Asuntos Económicos, ni desde Transición Ecológica se ha precisado cuáles serán las ayudas. Tan solo el departamento de Agricultura, y de forma muy genérica, se ha pronunciado sobre que se mantendrán los mismos planes que ha habido hasta ahora.En el marco de estas reuniones ha sido llamativo que no se haya hablado de otros dos elementos clave en esta crisis: el gas y la electricidad. De hecho, desde hace unos días, a través de la industria electrointensiva, se ha vuelto a hablar de la excepción ibérica (tope al gas) . Sin embargo, este asunto no se ha abordado en ninguno de los encuentros.Si las ayudas a los carburantes ya suponen un puzle fiscal difícil de encajar, el tope del gas, considerado como ayudas de Estado, es algo que pondría al Gobierno en una situación muy comprometida. Por ello, fuentes al tanto de las negociaciones explican a ABC que será muy extraño que medidas sobre la luz o el gas lleguen el próximo martes.Sin embargo, la preocupación en la gran industria es una realidad. El director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Pedro González, alertaba esta semana de que «el repunte del precio de la electricidad vuelve a amenazar la competitividad de la industria electrointensiva». Por ello, reclama medidas que equiparen sus costes energéticos a los de sus competidores europeos.Fuentes industriales trasladan a ABC que parte de su preocupación viene por los plazos de aplicación de medidas que vayan más allá de los combustibles. Con el ejemplo de la excepción ibérica, desde que se inició su trámite hasta su aplicación transcurrieron varios meses. Pero todo está condicionado a la cuestión fiscal. El Gobierno ultima estos días contra reloj un nuevo paquete de ayudas económicas centradas en el ámbito energético para aliviar la presión de costes que sufren en estos momentos tanto los consumidores domésticos como los sectores profesionales. Sin embargo, se ha encontrado con un problema de índole fiscal por no haber medido bien el impacto real de la crisis derivada de la guerra de Irán.Durante la última semana varios ministros del área económica del Gobierno, con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al frente, han mantenido encuentros con diversos sectores productivos e industriales, más los principales agentes energéticos del país, para tomar el pulso al sector privado y pedirle opinión sobre el estado de situación, siete meses después del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y del cierre del principal canal de distribución de petróleo del planeta, el estrecho de Ormuz . Al margen de recopilar esas propuestas, el Ejecutivo ha aprovechado la ronda para advertir a sus interlocutores que esta vez no será tan sencillo armar el nuevo paquete de ayudas y que las restricciones presupuestarias les van a obligar a ponderar de forma minuciosa el impacto financiero de cada medida que se apruebe para evitar salirse del marco establecido por Europa, según han confirmado a ABC hasta tres fuentes presentes en las reuniones de los últimos días. Hacienda argumenta ahora que la falta de Presupuestos reduce su margen para aprobar ayudas e incentivos para paliar los efectos del alza de los precios energéticos«Tenemos un importante problema de fondo y es que no hay Presupuestos», ha transmitido en una de las reuniones el ministro de Hacienda, Arcadi España, para justificar las limitaciones financieras a las que el Gobierno asegura tener que enfrentarse de cara al próximo paquete de ayudas y el enfoque restrictivo con el que esta vez asume la negociación. Ante las peticiones de ayudas y medidas de estímulo para superar lo que se anuncia como un otoño complicado para los hogares y las industrias españolas, por lo que indican los mercados de futuros del gas y del petróleo y por la intensidad de la espiral inflacionista que este mismo miércoles ha confirmado la OCDE, el Ejecutivo ha avanzado que las medidas que se adopten tendrán en cuenta tanto su coste presupuestario como su eficacia para evitar malgastar recursos públicos.Hay un contexto importante para esta repentina cautela del Gobierno, que si por algo se ha caracterizado en los últimos años ha sido por no reparar en gastos a la hora de configurar sus célebres ‘escudos’ ante las crisis que se han ido sucediendo. Lo advirtió la semana pasada la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y ex alto cargo del Ministerio de Hacienda, Inés Olóndriz, el Gobierno ha agotado en apenas dos años el colchón fiscal de alrededor de 10.000 millones de euros que Bruselas le permitió para hacer frente a imprevistos y un nuevo plan de ayudas millonario desbordaría ese margen y situaría al Reino de España en posición de ser objeto de un expediente por déficit excesivo.La Comisión Europea ya se vio obligada a dar un toque al Gobierno de España después de que apenas unas horas después del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos sobre Irán este anunciara un amplio paquete de medidas con un coste estimado de 5.000 millones de euros, que entre otras cosas incluía una reducción indiscriminada del IVA aplicable al combustible, el gas y la electricidad. Bruselas dijo entonces que las medidas de los países debían ser más quirúrgicas y focalizadas, y tener un horizonte de retirada. El segundo paquete de ayudas del Gobierno, aprobado el pasado mes de junio, retiró la rebaja del IVA y tuvo un coste sustancialmente inferior, de 1.800 millones. El Gobierno esconde sus planesLa única certeza es que el próximo martes, 29 de septiembre, se anunciará un nuevo plan de ayudas a los sectores más afectados, aunque por ahora no se conocen muchos detalles. De hecho, ninguno de los sectores convocados a las reuniones han sido informados sobre el contenido final de los nuevos mecanismos. Debido a ese difícil encaje fiscal, el Gobierno está abordando los encuentros con el máximo hermetismo sin deslizar qué nuevas acciones se pueden llevar a cabo.La preocupación del Gobierno es doble. Por un lado, la vigilancia fiscal de Bruselas a la hora de adoptar medidas que puedan afectar, por ejemplo, al impuesto de hidrocarburos. Asimismo, el Ejecutivo teme que esta crisis se prolongue mucho más de lo previsto . Según explican fuentes energéticas a este periódico, se ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica –desde hace tiempo– que el problema de costes podría durar hasta la próxima primavera, incluso, aunque mejore la situación en Oriente Próximo.Con la perspectiva de que la presión de precios en las materias primas, petróleo y gas, se prolongue en el tiempo, el Gobierno ha trasladado que existe una preocupación en cómo impactarán todas estas ayudas en las cuentas públicas.Pese a todo, ni desde el Ministerio de Asuntos Económicos, ni desde Transición Ecológica se ha precisado cuáles serán las ayudas. Tan solo el departamento de Agricultura, y de forma muy genérica, se ha pronunciado sobre que se mantendrán los mismos planes que ha habido hasta ahora.En el marco de estas reuniones ha sido llamativo que no se haya hablado de otros dos elementos clave en esta crisis: el gas y la electricidad. De hecho, desde hace unos días, a través de la industria electrointensiva, se ha vuelto a hablar de la excepción ibérica (tope al gas) . Sin embargo, este asunto no se ha abordado en ninguno de los encuentros.Si las ayudas a los carburantes ya suponen un puzle fiscal difícil de encajar, el tope del gas, considerado como ayudas de Estado, es algo que pondría al Gobierno en una situación muy comprometida. Por ello, fuentes al tanto de las negociaciones explican a ABC que será muy extraño que medidas sobre la luz o el gas lleguen el próximo martes.Sin embargo, la preocupación en la gran industria es una realidad. El director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Pedro González, alertaba esta semana de que «el repunte del precio de la electricidad vuelve a amenazar la competitividad de la industria electrointensiva». Por ello, reclama medidas que equiparen sus costes energéticos a los de sus competidores europeos.Fuentes industriales trasladan a ABC que parte de su preocupación viene por los plazos de aplicación de medidas que vayan más allá de los combustibles. Con el ejemplo de la excepción ibérica, desde que se inició su trámite hasta su aplicación transcurrieron varios meses. Pero todo está condicionado a la cuestión fiscal.
El Gobierno ultima estos días contra reloj un nuevo paquete de ayudas económicas centradas en el ámbito energético para aliviar la presión de costes que sufren en estos momentos tanto los consumidores domésticos como los sectores profesionales. Sin embargo, se ha encontrado con un problema … de índole fiscal por no haber medido bien el impacto real de la crisis derivada de la guerra de Irán.
Durante la última semana varios ministros del área económica del Gobierno, con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al frente, han mantenido encuentros con diversos sectores productivos e industriales, más los principales agentes energéticos del país, para tomar el pulso al sector privado y pedirle opinión sobre el estado de situación, siete meses después del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y del cierre del principal canal de distribución de petróleo del planeta, el estrecho de Ormuz . Al margen de recopilar esas propuestas, el Ejecutivo ha aprovechado la ronda para advertir a sus interlocutores que esta vez no será tan sencillo armar el nuevo paquete de ayudas y que las restricciones presupuestarias les van a obligar a ponderar de forma minuciosa el impacto financiero de cada medida que se apruebe para evitar salirse del marco establecido por Europa, según han confirmado a ABC hasta tres fuentes presentes en las reuniones de los últimos días.
Hacienda argumenta ahora que la falta de Presupuestos reduce su margen para aprobar ayudas e incentivos para paliar los efectos del alza de los precios energéticos
«Tenemos un importante problema de fondo y es que no hay Presupuestos», ha transmitido en una de las reuniones el ministro de Hacienda, Arcadi España, para justificar las limitaciones financieras a las que el Gobierno asegura tener que enfrentarse de cara al próximo paquete de ayudas y el enfoque restrictivo con el que esta vez asume la negociación. Ante las peticiones de ayudas y medidas de estímulo para superar lo que se anuncia como un otoño complicado para los hogares y las industrias españolas, por lo que indican los mercados de futuros del gas y del petróleo y por la intensidad de la espiral inflacionista que este mismo miércoles ha confirmado la OCDE, el Ejecutivo ha avanzado que las medidas que se adopten tendrán en cuenta tanto su coste presupuestario como su eficacia para evitar malgastar recursos públicos.
Hay un contexto importante para esta repentina cautela del Gobierno, que si por algo se ha caracterizado en los últimos años ha sido por no reparar en gastos a la hora de configurar sus célebres ‘escudos’ ante las crisis que se han ido sucediendo. Lo advirtió la semana pasada la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y ex alto cargo del Ministerio de Hacienda, Inés Olóndriz, el Gobierno ha agotado en apenas dos años el colchón fiscal de alrededor de 10.000 millones de euros que Bruselas le permitió para hacer frente a imprevistos y un nuevo plan de ayudas millonario desbordaría ese margen y situaría al Reino de España en posición de ser objeto de un expediente por déficit excesivo.
La Comisión Europea ya se vio obligada a dar un toque al Gobierno de España después de que apenas unas horas después del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos sobre Irán este anunciara un amplio paquete de medidas con un coste estimado de 5.000 millones de euros, que entre otras cosas incluía una reducción indiscriminada del IVA aplicable al combustible, el gas y la electricidad. Bruselas dijo entonces que las medidas de los países debían ser más quirúrgicas y focalizadas, y tener un horizonte de retirada. El segundo paquete de ayudas del Gobierno, aprobado el pasado mes de junio, retiró la rebaja del IVA y tuvo un coste sustancialmente inferior, de 1.800 millones.
El Gobierno esconde sus planes
La única certeza es que el próximo martes, 29 de septiembre, se anunciará un nuevo plan de ayudas a los sectores más afectados, aunque por ahora no se conocen muchos detalles. De hecho, ninguno de los sectores convocados a las reuniones han sido informados sobre el contenido final de los nuevos mecanismos. Debido a ese difícil encaje fiscal, el Gobierno está abordando los encuentros con el máximo hermetismo sin deslizar qué nuevas acciones se pueden llevar a cabo.
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La preocupación del Gobierno es doble. Por un lado, la vigilancia fiscal de Bruselas a la hora de adoptar medidas que puedan afectar, por ejemplo, al impuesto de hidrocarburos. Asimismo, el Ejecutivo teme que esta crisis se prolongue mucho más de lo previsto. Según explican fuentes energéticas a este periódico, se ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica –desde hace tiempo– que el problema de costes podría durar hasta la próxima primavera, incluso, aunque mejore la situación en Oriente Próximo.
Con la perspectiva de que la presión de precios en las materias primas, petróleo y gas, se prolongue en el tiempo, el Gobierno ha trasladado que existe una preocupación en cómo impactarán todas estas ayudas en las cuentas públicas.
Pese a todo, ni desde el Ministerio de Asuntos Económicos, ni desde Transición Ecológica se ha precisado cuáles serán las ayudas. Tan solo el departamento de Agricultura, y de forma muy genérica, se ha pronunciado sobre que se mantendrán los mismos planes que ha habido hasta ahora.
En el marco de estas reuniones ha sido llamativo que no se haya hablado de otros dos elementos clave en esta crisis: el gas y la electricidad. De hecho, desde hace unos días, a través de la industria electrointensiva, se ha vuelto a hablar de la excepción ibérica (tope al gas). Sin embargo, este asunto no se ha abordado en ninguno de los encuentros.
Si las ayudas a los carburantes ya suponen un puzle fiscal difícil de encajar, el tope del gas, considerado como ayudas de Estado, es algo que pondría al Gobierno en una situación muy comprometida. Por ello, fuentes al tanto de las negociaciones explican a ABC que será muy extraño que medidas sobre la luz o el gas lleguen el próximo martes.
Sin embargo, la preocupación en la gran industria es una realidad. El director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Pedro González, alertaba esta semana de que «el repunte del precio de la electricidad vuelve a amenazar la competitividad de la industria electrointensiva». Por ello, reclama medidas que equiparen sus costes energéticos a los de sus competidores europeos.
Fuentes industriales trasladan a ABC que parte de su preocupación viene por los plazos de aplicación de medidas que vayan más allá de los combustibles. Con el ejemplo de la excepción ibérica, desde que se inició su trámite hasta su aplicación transcurrieron varios meses. Pero todo está condicionado a la cuestión fiscal.
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