El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley para la creación de un registro “público y obligatorio” de grupos de interés con el que garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas. Esta decisión se produce después de que el proyecto de ley de lobbies, que incluye la creación de este registro estatal de grupos de interés, haya encallado en el Congreso ante la dificultad para reunir el consenso necesario entre los grupos parlamentarios.
El Ejecutivo busca reflejar “quiénes tienen la consideración de grupos de interés, cuál es su actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla”
El Ejecutivo busca reflejar “quiénes tienen la consideración de grupos de interés, cuál es su actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla”
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley para la creación de un registro “público y obligatorio” de grupos de interés con el que garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas. Esta decisión se produce después de que el proyecto de ley de lobbies, que incluye la creación de este registro estatal de grupos de interés, haya encallado en el Congreso ante la dificultad para reunir el consenso necesario entre los grupos parlamentarios.
Al aprobarse por decreto-ley, la norma entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo máximo de 30 días. En concreto, la norma a la que ha dado luz verde el Gobierno crea un registro estatal público y obligatorio de grupos de interés, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Con este registro se “regula en la administración del Estado la relación entre los grupos de interés y el personal público susceptible de recibir influencia”, ha explicado Saiz, que seguidamente ha precisado que “el Real Decreto detalla quiénes tienen la consideración de grupos de interés, cuál es su actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla”. “Este registro es obligatorio y estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que llevará su gobernanza y también su gestión”, ha apuntado.
En octubre de 2020, con las socialistas Meritxell Batet y Pilar Llop como presidentas del Congreso y el Senado, respectivamente, ambas cámaras aprobaron el Código de Conducta de las Cortes en respuesta a las peticiones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Aquella norma abordaba los lobbies en el artículo 6.2, donde se recogía la obligación de los diputados y senadores de hacer pública su agenda institucional, “incluyendo en todo caso” las reuniones con representantes de “grupos de interés”.
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