El Gobierno no oculta su “perplejidad” ante el freno impuesto por la Audiencia Nacional al traslado al Puerto de Ceuta de buena parte de los migrantes que recorren las calles de la ciudad autónoma después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio pasado. La Audiencia ha ordenado al Ministerio de Transportes frenar momentáneamente los trabajos para instalar en el recinto portuario el campamento temporal en el que el Ejecutivo pretende alojar a más de 1.000 de los migrantes irregulares que aún permanecen en la ciudad.
Fuentes de La Moncloa aseguran que la medida impide ejecutar “una solución operativa inmediata sobre el terreno”
Fuentes de La Moncloa aseguran que la medida impide ejecutar “una solución operativa inmediata sobre el terreno”
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El Gobierno no oculta su “perplejidad” ante el freno impuesto por la Audiencia Nacional al traslado al Puerto de Ceuta de buena parte de los migrantes que recorren las calles de la ciudad autónoma después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio pasado. La Audiencia ha ordenado al Ministerio de Transportes frenar momentáneamente los trabajos para instalar en el recinto portuario el campamento temporal en el que el Ejecutivo pretende alojar a más de 1.000 de los migrantes irregulares que aún permanecen en la ciudad.
Según fuentes de La Moncloa, la decisión de la Audiencia “frena una solución operativa inmediata sobre el terreno”. Las mismas fuentes apuntan que “la medida paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente, que iba a permitir alojar a 1.700 personas, diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público”.
Las instalaciones temporales están proyectadas para la zona del muelle de Poniente del Puerto de Ceuta, con objeto de alojar, entre otros, a numerosos migrantes que malviven en las chozas de la playa de El Trampolín.
La decisión judicial de este miércoles se produce después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentara un recurso en el que pedía la suspensión inmediata de la puesta en marcha de la instalación, proyectada sobre 16.000 metros cuadrados de las parcelas de la ampliación de Poniente del puerto, “hasta que se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales”.
El Ejecutivo defiende que estos terrenos dentro del puerto ceutí son “los más idóneos” y “cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo”. La Moncloa entiende que garantizar condiciones dignas de acogida a los migrantes que ahora pernoctan enla calle “es una prioridad”, además de la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta, una ciudad que “no puede esperar”. Por eso pide “agilidad” y “que se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida”.
El sindicato alegaba que la decisión de levantarla no había sido notificada ni publicada en el BOE, y justificaba su oposición a la misma en que la acogida de un número tan elevado de personas en lo que es una instalación crítica suponía un riesgo. “Los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta evidencian además la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante una emergencia, tanto para las personas acogidas y los usuarios y trabajadores del puerto como para los policías que tendrán que intervenir”, señalaba el sindicato en la nota de prensa con la que anunciaba el martes su iniciativa judicial.
Previo a la reacción de La Moncloa, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, criticó la decisión de la Audiencia al entenderque no se debería “frenar” esta solución a la actual crisis en la ciudad autónoma. “Me parece que cuando estamos buscando soluciones, nadie debería frenar las soluciones”, reprochó los pasillos del Congreso al finalizar la sesión plenaria.
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