El Gobierno ha pasado de considerar como una posibilidad remota el hecho de tener que atender el pago de los laudos desfavorables contra España por los litigios asociados a la retirada unilateral de las primas a las renovables, hace ya más de una década, a verla como un horizonte probable. La Cuenta General del Estado de 2025, que formula la Intervención General del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda y que acaba de publicarse, desvela que el milmillonario agujero acumulado por el medio centenar de resoluciones contrarias a los intereses del Estado español dictadas por los tribunales internacionales de arbitraje dejó el año pasado de catalogarse como un pasivo contingente -la categoría en que se ha venido recogiendo ese riesgo hasta 2024 y que obliga a consignar las contingencias cuando existe una posibilidad por remota que sea de que se materialice en un coste para el Estado- para recogerse como una provisión, un estadio de mayor riesgo en el que según la normativa contable el Estado debe reservar recursos para atender un pago pendiente porque este se considera probable.No ha sido el único cambio que se ha operado entre 2024 y 2025. En 2024 el informe del Ministerio de Hacienda reconoció la existencia de laudos desfavorables con un importe de indemnizaciones o reparaciones a actores privados asociadas de 1.483 millones de euros. Una cifra que engordaba hasta el entorno de los 2.000 millones por las costas e intereses de 213 millones previstos y por la expectativa de que los 1.365 millones de euros que los afectados exigían a España en los arbitrajes pendientes se materializaran en un riesgo extra de unos 341 millones.De un año para otro esa cifra se ha disparado un 30%. El informe publicado hace apenas unos días por el Ministerio de Hacienda consigna ya una provisión de 2.943 millones de euros para cubrir «la responsabilidad patrimonial en procedimientos de arbitrajes internacionales en materia de energía». ABC se puso este martes en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para conocer las razones por las que de un año pasa otro el Gobierno no solo ha elevado el nivel de riesgo de tener que atender estos pagos sino también la cuantía consignada sin recibir respuesta alguna al cierre de esta edición.2.943 millones Una factura creciente La factura por el coste potencial que el Estado atribuye a los arbitrajes internacionales desfavorables a los intereses de España. En 2022 era de 1.696 millones de euros y en la Cuenta General del Estado de 2025 se eleva hasta los 2.943 millones de euros.A la espera de una respuesta oficial es cierto que en 2025 ocurrieron cosas relevantes. Una de las más significativas fue que el Gobierno accedió por primera vez a satisfacer de forma íntegra el importe previsto en uno de los laudos dictados contra sus intereses por un tribunal de arbitraje internacional por el litigio de las renovables. Ocurrió en junio y supuso el pago de 23 millones de euros más intereses de demora (32 millones de euros en total) a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation. El Ministerio de Transición Ecológica, que hasta la fecha se ha mantenido firme en su decisión de no atender ninguno de estos pagos, amparado en el criterio de la Comisión Europea que establece que los litigios entre compañías del ámbito de la UE deben resolverse según las normas europeas y no en tribunales de arbitraje internacionales, se apresuró a aclarar que se trataba de un pago puntual , derivado de la nacionalidad japonesa de la empresa afectada, y que no implicaba que España fuera a empezar a indemnizar a los fondos afectados por la retirada entre 2011 y 2015 de las jugosas primas que se prometieron a los inversores extranjeros que desarrollaran infraestructuras renovables en España.52 Medio centenar de litigios heredados España arrastra más de medio centenar de litigios por la decisión, primero del Gobierno de Zapatero y luego del de Rajoy, de reducir y finalmente retirar las primas a las renovables que se habían comprometido en el plan de despliegue de infraestructuras de energía renovable en España en la era Zapatero. De aquellos perjuicios llegan estos problemas.De hecho, un año después, esa continúa siendo la única indemnización que el Gobierno de España ha atendido hasta la fecha. Sin embargo, un nuevo factor ha asomado en el panorama. Blasket Renewable Investments, el fondo de litigios que representa los intereses del medio centenar de inversores a los que los tribunales de arbitraje han dado la razón pero que siguen sin cobrar, ha elevado la agresividad de sus acciones para recuperar las compensaciones no pagadas y ha empezado a actuar sobre bienes españoles en el extranjero, impulsando embargos de lugares emblemáticos como la sede del Instituto Cervantes en Utrecht para materializar las reparaciones que España se niega a pagar.La estrategia ha tenido éxito en algunos casos y Blasket ha conseguido por ejemplo que la Justicia belga mantenga bloqueados 840 millones de euros de derecho de cobro que el gestor europeo del espacio aéreo, Eurocontrol, debería haber pagado al gestor nacional, Enaire, al reconocer el derecho de los acreedores de España a recibir las indemnizaciones previstas en los laudos dictados por los tribunales de arbitraje internacionales. El Gobierno ha pasado de considerar como una posibilidad remota el hecho de tener que atender el pago de los laudos desfavorables contra España por los litigios asociados a la retirada unilateral de las primas a las renovables, hace ya más de una década, a verla como un horizonte probable. La Cuenta General del Estado de 2025, que formula la Intervención General del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda y que acaba de publicarse, desvela que el milmillonario agujero acumulado por el medio centenar de resoluciones contrarias a los intereses del Estado español dictadas por los tribunales internacionales de arbitraje dejó el año pasado de catalogarse como un pasivo contingente -la categoría en que se ha venido recogiendo ese riesgo hasta 2024 y que obliga a consignar las contingencias cuando existe una posibilidad por remota que sea de que se materialice en un coste para el Estado- para recogerse como una provisión, un estadio de mayor riesgo en el que según la normativa contable el Estado debe reservar recursos para atender un pago pendiente porque este se considera probable.No ha sido el único cambio que se ha operado entre 2024 y 2025. En 2024 el informe del Ministerio de Hacienda reconoció la existencia de laudos desfavorables con un importe de indemnizaciones o reparaciones a actores privados asociadas de 1.483 millones de euros. Una cifra que engordaba hasta el entorno de los 2.000 millones por las costas e intereses de 213 millones previstos y por la expectativa de que los 1.365 millones de euros que los afectados exigían a España en los arbitrajes pendientes se materializaran en un riesgo extra de unos 341 millones.De un año para otro esa cifra se ha disparado un 30%. El informe publicado hace apenas unos días por el Ministerio de Hacienda consigna ya una provisión de 2.943 millones de euros para cubrir «la responsabilidad patrimonial en procedimientos de arbitrajes internacionales en materia de energía». ABC se puso este martes en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para conocer las razones por las que de un año pasa otro el Gobierno no solo ha elevado el nivel de riesgo de tener que atender estos pagos sino también la cuantía consignada sin recibir respuesta alguna al cierre de esta edición.2.943 millones Una factura creciente La factura por el coste potencial que el Estado atribuye a los arbitrajes internacionales desfavorables a los intereses de España. En 2022 era de 1.696 millones de euros y en la Cuenta General del Estado de 2025 se eleva hasta los 2.943 millones de euros.A la espera de una respuesta oficial es cierto que en 2025 ocurrieron cosas relevantes. Una de las más significativas fue que el Gobierno accedió por primera vez a satisfacer de forma íntegra el importe previsto en uno de los laudos dictados contra sus intereses por un tribunal de arbitraje internacional por el litigio de las renovables. Ocurrió en junio y supuso el pago de 23 millones de euros más intereses de demora (32 millones de euros en total) a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation. El Ministerio de Transición Ecológica, que hasta la fecha se ha mantenido firme en su decisión de no atender ninguno de estos pagos, amparado en el criterio de la Comisión Europea que establece que los litigios entre compañías del ámbito de la UE deben resolverse según las normas europeas y no en tribunales de arbitraje internacionales, se apresuró a aclarar que se trataba de un pago puntual , derivado de la nacionalidad japonesa de la empresa afectada, y que no implicaba que España fuera a empezar a indemnizar a los fondos afectados por la retirada entre 2011 y 2015 de las jugosas primas que se prometieron a los inversores extranjeros que desarrollaran infraestructuras renovables en España.52 Medio centenar de litigios heredados España arrastra más de medio centenar de litigios por la decisión, primero del Gobierno de Zapatero y luego del de Rajoy, de reducir y finalmente retirar las primas a las renovables que se habían comprometido en el plan de despliegue de infraestructuras de energía renovable en España en la era Zapatero. De aquellos perjuicios llegan estos problemas.De hecho, un año después, esa continúa siendo la única indemnización que el Gobierno de España ha atendido hasta la fecha. Sin embargo, un nuevo factor ha asomado en el panorama. Blasket Renewable Investments, el fondo de litigios que representa los intereses del medio centenar de inversores a los que los tribunales de arbitraje han dado la razón pero que siguen sin cobrar, ha elevado la agresividad de sus acciones para recuperar las compensaciones no pagadas y ha empezado a actuar sobre bienes españoles en el extranjero, impulsando embargos de lugares emblemáticos como la sede del Instituto Cervantes en Utrecht para materializar las reparaciones que España se niega a pagar.La estrategia ha tenido éxito en algunos casos y Blasket ha conseguido por ejemplo que la Justicia belga mantenga bloqueados 840 millones de euros de derecho de cobro que el gestor europeo del espacio aéreo, Eurocontrol, debería haber pagado al gestor nacional, Enaire, al reconocer el derecho de los acreedores de España a recibir las indemnizaciones previstas en los laudos dictados por los tribunales de arbitraje internacionales.
El Gobierno ha pasado de considerar como una posibilidad remota el hecho de tener que atender el pago de los laudos desfavorables contra España por los litigios asociados a la retirada unilateral de las primas a las renovables, hace ya más de una década, … a verla como un horizonte probable. La Cuenta General del Estado de 2025, que formula la Intervención General del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda y que acaba de publicarse, desvela que el milmillonario agujero acumulado por el medio centenar de resoluciones contrarias a los intereses del Estado español dictadas por los tribunales internacionales de arbitraje dejó el año pasado de catalogarse como un pasivo contingente -la categoría en que se ha venido recogiendo ese riesgo hasta 2024 y que obliga a consignar las contingencias cuando existe una posibilidad por remota que sea de que se materialice en un coste para el Estado- para recogerse como una provisión, un estadio de mayor riesgo en el que según la normativa contable el Estado debe reservar recursos para atender un pago pendiente porque este se considera probable.
No ha sido el único cambio que se ha operado entre 2024 y 2025. En 2024 el informe del Ministerio de Hacienda reconoció la existencia de laudos desfavorables con un importe de indemnizaciones o reparaciones a actores privados asociadas de 1.483 millones de euros. Una cifra que engordaba hasta el entorno de los 2.000 millones por las costas e intereses de 213 millones previstos y por la expectativa de que los 1.365 millones de euros que los afectados exigían a España en los arbitrajes pendientes se materializaran en un riesgo extra de unos 341 millones.
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Raúl Masa
De un año para otro esa cifra se ha disparado un 30%. El informe publicado hace apenas unos días por el Ministerio de Hacienda consigna ya una provisión de 2.943 millones de euros para cubrir «la responsabilidad patrimonial en procedimientos de arbitrajes internacionales en materia de energía». ABC se puso este martes en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para conocer las razones por las que de un año pasa otro el Gobierno no solo ha elevado el nivel de riesgo de tener que atender estos pagos sino también la cuantía consignada sin recibir respuesta alguna al cierre de esta edición.
2.943 millones
Una factura creciente
La factura por el coste potencial que el Estado atribuye a los arbitrajes internacionales desfavorables a los intereses de España. En 2022 era de 1.696 millones de euros y en la Cuenta General del Estado de 2025 se eleva hasta los 2.943 millones de euros.
A la espera de una respuesta oficial es cierto que en 2025 ocurrieron cosas relevantes. Una de las más significativas fue que el Gobierno accedió por primera vez a satisfacer de forma íntegra el importe previsto en uno de los laudos dictados contra sus intereses por un tribunal de arbitraje internacional por el litigio de las renovables. Ocurrió en junio y supuso el pago de 23 millones de euros más intereses de demora (32 millones de euros en total) a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation.
El Ministerio de Transición Ecológica, que hasta la fecha se ha mantenido firme en su decisión de no atender ninguno de estos pagos, amparado en el criterio de la Comisión Europea que establece que los litigios entre compañías del ámbito de la UE deben resolverse según las normas europeas y no en tribunales de arbitraje internacionales, se apresuró a aclarar que se trataba de un pago puntual, derivado de la nacionalidad japonesa de la empresa afectada, y que no implicaba que España fuera a empezar a indemnizar a los fondos afectados por la retirada entre 2011 y 2015 de las jugosas primas que se prometieron a los inversores extranjeros que desarrollaran infraestructuras renovables en España.
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Medio centenar de litigios heredados
España arrastra más de medio centenar de litigios por la decisión, primero del Gobierno de Zapatero y luego del de Rajoy, de reducir y finalmente retirar las primas a las renovables que se habían comprometido en el plan de despliegue de infraestructuras de energía renovable en España en la era Zapatero. De aquellos perjuicios llegan estos problemas.
De hecho, un año después, esa continúa siendo la única indemnización que el Gobierno de España ha atendido hasta la fecha. Sin embargo, un nuevo factor ha asomado en el panorama. Blasket Renewable Investments, el fondo de litigios que representa los intereses del medio centenar de inversores a los que los tribunales de arbitraje han dado la razón pero que siguen sin cobrar, ha elevado la agresividad de sus acciones para recuperar las compensaciones no pagadas y ha empezado a actuar sobre bienes españoles en el extranjero, impulsando embargos de lugares emblemáticos como la sede del Instituto Cervantes en Utrecht para materializar las reparaciones que España se niega a pagar.
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La estrategia ha tenido éxito en algunos casos y Blasket ha conseguido por ejemplo que la Justicia belga mantenga bloqueados 840 millones de euros de derecho de cobro que el gestor europeo del espacio aéreo, Eurocontrol, debería haber pagado al gestor nacional, Enaire, al reconocer el derecho de los acreedores de España a recibir las indemnizaciones previstas en los laudos dictados por los tribunales de arbitraje internacionales.
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