El Govern de Salvador Illa reanuda este lunes su actividad tras las vacaciones con el reto mayúsculo de encauzar la crisis en educación, que se ha convertido en su principal problema. La comunidad educativa ha convocado una nueva jornada de huelga para el día 8, el día del inicio escolar, en un mensaje elocuente de que la movilización continuará si no se atienden sus reivindicaciones de más personal y más medios. A ese reto, se le suman los problemas de gestión por el fiasco del Informe Pisa y las averías diarias de Rodalies en el corredor sur que explotaron el día del eclipse por falta de previsión y de trenes. El Ejecutivo confía en poder solucionar los dos focos y pone el acento en que ya podrá impulsar las inversiones tras la aprobación de los presupuestos.
Illa confía en que en septiembre se impulse la financiación antes de llegar al Congreso. El Ejecutivo modulará la ley para limitar las compras especulativas
Illa confía en que en septiembre se impulse la financiación antes de llegar al Congreso. El Ejecutivo modulará la ley para limitar las compras especulativas
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El Govern de Salvador Illa reanuda este lunes su actividad tras las vacaciones con el reto mayúsculo de encauzar la crisis en educación, que se ha convertido en su principal problema. La comunidad educativa ha convocado una nueva jornada de huelga para el día 8, el día del inicio escolar, en un mensaje elocuente de que la movilización continuará si no se atienden sus reivindicaciones de más personal y más medios. A ese reto, se le suman los problemas de gestión por el fiasco del Informe Pisa y las averías diarias de Rodalies en el corredor sur que explotaron el día del eclipse por falta de previsión y de trenes. El Ejecutivo confía en poder solucionar los dos focos y pone el acento en que ya podrá impulsar las inversiones tras la aprobación de los presupuestos.
Illa presidirá el martes el Consell Executiu y el viernes y el sábado reunirá a su gabinete en el Monestir de les Avellanes, en Lleida, para analizar el inicio del tercer año del mandato. El año pasado, el cónclave fue en Arnes (Tarragona) y hace dos en Montserrat. El Govern tendrá sobre la mesa la estrategia en movilidad y el conflicto educativo sin solución de continuidad y enquistado pese a haber encadenado dos acuerdos consecutivos con los sindicatos. El curso, de hecho, empezará como acabó: las clases acabaron con una movilización que coronó la veintena de días de huelga y empezará con otra. La consejera Esther Niubó realizará la habitual presentación del curso el día 31, donde aportará cifras y el despliegue de los acuerdos con los sindicatos, desde los referidos a la escuela inclusiva a los nuevos complementos salariales.
La gran incógnita es si el Govern ofrecerá algo más a los sindicatos para desbaratar la movilización. El Ejecutivo, hasta ahora, en sendos pactos brindó aumentar el salario de los docentes de aquí a cuatro años 400 euros e incorporar 6.400 personas en este mismo periodo. Los profesores sostienen que ese incremento de plantilla no resuelve el problema de fondo porque la media es de una persona más por centro cuando reivindican muchos más psicólogos y logopedas y más medios para atender en condiciones la escuela inclusiva. Illa no despejó sus planes en julio cuando hizo balance del curso, pero sí fue claro al señalar que él respetaba el derecho a la huelga y pedía lo propio para el de educación.
El curso arrancará probablemente sin conocerse todavía cuál fue el origen del fiasco del Informe Pisa, en el que los alumnos catalanes no podrán ser evaluados por haberse realizado mal el cómputo. Ese fallo ha dado alas a la oposición que acusa al Govern de mala gestión, una de sus principales banderas. Los problemas no solo son educación: el corredor sur de Rodalies, el de Tarragona, acumula diariamente averías y un mal servicio por falta de trenes con usuarios que viajan como si fuera el metro en hora punta. El caos alcanzó su punto máximo el día del eclipse cuando cientos de personas tuvieron problemas para regresar en Tarragona formándose unas colas inéditas que obligaron a cerrar unas horas la estación. El Govern, que se apresta este septiembre a cerrar y a asumir el traspaso de la R1 que cruza el Maresme, admitió que cometió un problema de comunicación y previsión.
Pese a la autocrítica, el Ejecutivo considera globalmente que su gestión es buena porque la economía marcha bien, el paro ha disminuido y las inversiones están canalizadas con los nuevos presupuestos. Por eso cree que las críticas de la oposición son desproporcionadas y acaban alimentando los discursos de la extrema derecha. Illa defiende que el mejor antídoto contra el auge de esas fuerzas es la inversión pública y alega que no hay ninguna otra comunidad que invierta más en vivienda que Cataluña con diferentes planes como el de sumar 50.000 pisos de Protección Oficial en 2030 con una inversión de 4.100 millones de euros; o ayudas al alquiler o créditos a cero interés para la primera vivienda. El principal escollo del Ejecutivo es cómo dar con una nueva fórmula para impusar la ley para limitar las compras especulativas de vivienda después del varapalo del Consejo de Garantías Estatutarias afirmando que vulneraba el derecho a la propiedad y al de la herencia y que era inconstitucional.
El Govern considera irrenunciables sus políticas en vivienda al sostener que tener una casa es un derecho y no un negocio y ahora afrontará con su socio de Comuns cómo reformar esa proposición de ley para poder plantar cara a los especuladores sin caer en la inconstitucionalidad. Mientras, el foco estará puesto en el nuevo sistema de financiación que se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 4 de septiembre. El cónclave iba a celebrarse en julio pero las comunidades del PP, que rechazan el nuevo modelo, reclamaron al Gobierno su aplazamiento. El sistema se aprobará en ese órgano —con el voto del Gobierno y de Cataluña es suficiente— pero luego le aguarda un incierto periplo en el Congreso. El plan está en manos de Junts, que lo considera papel mojado porque no es un concierto económico y está lejos del pacto incluido en el acuerdo de investidura de Illa entre socialistas y ERC. El president contrapone que es una buena noticia que Canarias apoye el modelo y cree que ha llegado la hora de la verdad ante el riesgo de que Cataluña pueda quedarse sin los 4.700 millones. Además, el Congreso votará la condonación de los intereses del FLA, pactada entre ERC y el PSOE en 2023 para sellar la investidura de Pedro Sánchez. La suma alcanza los 17.000 millones de euros
Política General
En septiembre, el Parlament acogerá el Debate de Política General que culminará el 1 de octubre en una fecha simbólica para el independentismo. Tras aprobarse los presupuestos, la sesión chequeará la salud del bloque de la investidura. Los dos socios lamentaron el tono triunfalista de Illa y de falta de autocrítica. Y no ahorraron críticas por el fiasco de Pisa y por el caos de Rodalies. “No fue algo aislado. El Govern nos tiene en eclipse permanente”, ironizó Elisenda Alamany, secretaria general de ERC, justo después de los problemas de transporte de ese día. Además de educación y de Rodalies, al Govern se le ha abierto otro frente con la dependencia. El Ejecutivo muestra avances con el plan Cura pero la actriz Assumpta Serna ha evidenciado la crisis de un sistema de ayudas insuficientes con unos videos virales.
ERC pidió un cambio de rumbo pero Illa dice estar muy contento con sus consejeros. Hace un año, los dos socios dieron un toque de atención al Govern al rechazar su plan estrella de movilizar suelo para construir 210.000 pisos hasta 2030. El PSC dice que la solidez del bloque de investidura es granítica pero queda la duda de si se repetirá un episodio como aquél y el impacto de la futura llegada de Carles Puigdemont que sobrevolará la sesión a las puertas de ser amnistiado.
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