El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a solicitar a una docena de entidades bancarias información sobre las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero, sus dos hijas, su secretaria Gertrudi Alcázar y 13 sociedades investigadas en el llamado caso Plus Ultra, entre ellas ocho relacionadas con Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente y administrador de Análisis Relevante, la empresa en el epicentro de las pesquisas.
La Policía pretende aclarar movimientos bancarios sospechosos entre sociedades y el origen del dinero con el que se pagó una vivienda del expresidente y otra de su secretaria
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a solicitar a una docena de entidades bancarias información sobre las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero, sus dos hijas, su secretaria Gertrudi Alcázar y 13 sociedades investigadas en el llamado caso Plus Ultra, entre ellas ocho relacionadas con Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente y administrador de Análisis Relevante, la empresa en el epicentro de las pesquisas.
Se trata de 57 productos bancarios cuyo análisis la policía considera imprescindible para poder ratificar los datos de movimientos económicos que los investigadores han conseguido recabar a través de “inteligencia financiera o información tributaria declarada por los interesados”, pero también para despejar las sospechas que mantienen sobre determinados movimientos de fondos y los pagos de una vivienda del expresidente y otra de su colaboradora. En concreto, el magistrado reclama los movimientos de seis cuentas de Zapatero, nueve de sus hijas, siete de su estrecha colaboradora y dos más de Julio Martínez Martínez. Los 33 productos bancarios restantes corresponden a mercantiles.
Sobre el expresidente, el informe policial, fechado el pasado 9 de junio, recuerda que, entre 2020 y 2025, recibió 490.780 euros procedentes de Análisis Relevante, pero que también se detectó la llegada a sus cuentas de 174 transferencias por un valor de 2,6 millones de euros que “procederían del pago de facturas por la presunta prestación de servicios profesionales”, en referencia a “participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico”. De estos últimos pagos, la Policía hasta ahora solo ha puesto bajo sospecha los 200.000 euros abonados por la mercantil Foscul Social Research SAC que los agentes vinculan “con el presunto ejercicio de influencias de carácter ilícito por parte de José Luis Rodríguez Zapatero ante las autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”.
Para justificar su solicitud, la Policía también incide en la compra de una vivienda en Madrid por parte del exdirigente socialista en febrero de 2024 por un precio de 580.000 euros mediante una hipoteca de medio millón de euros. Los agentes señalan que esta fue cancelada tan solo 11 meses después “mediante transferencia de 498.000 euros” ordenada por la esposa del presidente, Sonsoles Espinosa, desde una cuenta bancaria. En su momento, el expresidente justificó que esta fuera cancelada con el dinero obtenido con la venta de una casa que tenía el matrimonio en el distrito madrileño de Aravaca.
El informe de la UDEF pone el foco en la compra de otro inmueble, en este caso por parte de la secretaria de Zapatero, persona que, según los agentes, tuvo “un papel relevante en la operativa de la organización criminal”. La Policía señala que “hasta la fecha” no hay constancia de que Gertrudis Alcázar hubiera “recibido fondos procedentes, directa o indirectamente, del entramado societario investigado”, pero que por su papel en la supuesta trama considera que es “conveniente efectuar consultas básicas relativas a su patrimonio”. Y destaca que en junio de 2023 elevó a escritura pública la compra de una vivienda en Velilla de San Antonio, un municipio de 14.500 habitantes de la Comunidad de Madrid donde su hermana Antonia es la alcaldesa por el PSOE.
“Esta propiedad fue adquirida sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros”, detalla el documento policial, que incide en que “no se han observado otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada”.
