El Gobierno rescató a la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros que se autorizaron el 9 de marzo de 2021 en Consejo de Ministros y se pagaron posteriormente en dos tramos: uno de 19 millones de euros como préstamo ordinario y otro de 34 millones como préstamo participativo. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sospecha que la aerolínea pudo desviar unos 16 millones de ese dinero público a una red de blanqueo de capitales. En concreto, las pesquisas revelan que al menos 2,5 millones acabaron en “cuentas opacas” en Suiza, Montenegro, Gibraltar, Reino Unido y Mauricio.
La investigación señala que al menos 2,5 millones acabaron en “cuentas opacas” en Suiza, Montenegro, Gibraltar, Reino Unido y Mauricio
El Gobierno rescató a la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros que se autorizaron el 9 de marzo de 2021 en Consejo de Ministros y se pagaron posteriormente en dos tramos: uno de 19 millones de euros como préstamo ordinario y otro de 34 millones como préstamo participativo. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sospecha que la aerolínea pudo desviar unos 16 millones de ese dinero público a una red de blanqueo de capitales. En concreto, las pesquisas revelan que al menos 2,5 millones acabaron en “cuentas opacas” en Suiza, Montenegro, Gibraltar, Reino Unido y Mauricio.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 plasmó sus sospechas en el auto por el que aceptó asumir las pesquisas iniciadas por su colega Esperanza Collazos en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid sobre las presuntas corruptelas en torno al rescate de Plus Ultra. En esta resolución, que forma parte del sumario del caso, el instructor indica que “las cantidades recibidas han podido destinarse a fines espurios” porque constan “salidas de dinero muy significativas, una vez recibida la ayuda pública, que permiten inferir una desviación planeada y consciente de cantidades hacia sociedades y entidades bancarias ajenas a los fines mercantiles aparentes de la aerolínea”.
Calama precisa que el 18 de marzo de 2021, justo después de recibir ese balón de oxígeno financiero, salieron 15.954.526,77 euros de cuentas bancarias de Plus Ultra a “sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales”, entre las que cita a Allpa Wira Trading, Wailea Investment y Alerial Corporation. El instructor concreta que “estas mercantiles se encuentran vinculadas a los propios dirigentes de la aerolínea” a través de una serie de entidades financieras.
De esos casi 16 millones de euros, puntualiza que unos 6 millones “salieron al extranjero” entre ese 18 de marzo, cuando se abonó el primer tramo del rescate, y el 10 de agosto de 2021, cuando se levantó la medida cautelar que impedía liberar el segundo tramo; mientras que los otros 10 millones se habrían transferido a partir de esta última fecha.
Una de las empresas, vinculada al “tráfico de oro”
En otra tanda de resoluciones ―las órdenes de detención internacionales dictadas contra el que fuera accionista mayoritario de la compañía aérea, Rodolfo Reyes; su esposa, María Aurora López; el empresario peruano Felipe Baca; y el banquero neerlandés afincado en Suiza Simon Verhoeven―, Calama los ubica directamente como piezas fundamentales de la maquinaria de lavado del dinero asociada a la presunta organización criminal que investiga, la que lideraría en la sombra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para vender su influencia.
De acuerdo con el relato judicial, Reyes y otros directivos de Plus Ultra “idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero limpio” procedentes de las ayudas públicas e integrarlas en su circuito particular. El magistrado asegura que esos fondos fueron desviados, al menos “en parte”, a dos destinos.
Por un lado, sostiene que el dueño de la compañía aérea ordenó que “algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente, tras haber sido recibidas en las cuentas bancarias de Plus Ultra en España, a tres sociedades instrumentales” dirigidas por Verhoeven ―Valerian Corporation, Wailea Investment y Allpa Wira Trading―, acabando en “cuentas opacas” en Suiza, Gibraltar, Montenegro, Reino Unido y Mauricio. El juez también menciona indicios de que una de estas empresas “ha actuado en la venta de oro de origen desconocido a una sociedad en Dubái”, señalando incluso que Reyes habría participado en alguna de estas operaciones.
En esas órdenes de busca y captura firmadas por Calama no constan más detalles pero en las comisiones rogatorias cursadas por Collazos se recogen cuatro movimientos bancarios por casi 2,5 millones de euros. El primero detectado es del 24 de marzo de 2021, cuando especifica que se hicieron dos transferencias desde una de las cuentas españolas donde se depositó la ayuda pública por más de 920.000 euros a una cuenta gibraltareña de Valerian. Un día después, se transfirieron más de 522.000 euros desde una cuenta de Plus Ultra en España a otra británica de Wailea. Y dos semanas después, el 8 de abril, se hizo lo propio desde otra cuenta de la aerolínea en un banco español a otra suiza de Allpa por casi 520.000 euros en concepto de “devolución préstamo puente”. Además, refleja un último movimiento del 20 de abril de 2021 por otros 520.000 euros desde otra cuenta de la compañía aérea en España hacia una de Montenegro a nombre de Allpa con el mismo concepto.
Precisamente esta última mercantil, la que más dinero procedente del rescate habría ingresado en sus cuentas bancarias, “estaría relacionada con el tráfico de oro”. La instructora refería que una de sus cuentas suizas “habría sido utilizada para depositar dinero de origen ilícito de diversa procedencia para enmascarar operativas que pudieran a su vez estar relacionadas con el tráfico de oro o de otros metales”.
Por otro lado, Calama refleja que “se destinaron grandes cantidades de dinero a entidades vinculadas al propio Reyes en Panamá, Puerto Rico y (República) Dominicana”, una segunda vía sobre la que no aporta más datos.
El “pseudobanco” de la trama
El juez se apoya también en las pesquisas seguidas en Suiza y Francia que sirvieron de detonante para la desarrollada en España, las cuales revelan la existencia de una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y gestionada por Baca y Verhoeven de la que Reyes, “entre otros”, sería cliente.
Esta estructura independiente controlaría “muy importantes cantidades de dinero, entremezclando cantidades en metálico de distintas procedencias ilícitas, que invierte en bolsa y que reintegra limpias a sus clientes”. “Esto implica desdibujar el origen del dinero, mezclando cantidades ilícitas de diversa procedencia, haciendo inversiones y teniendo siempre a disposición cantidades en metálico que entregar a los clientes actuando como un pseudobanco”, ilustra Calama.
Para el magistrado, no hay duda de que, en el caso de la trama vinculada a Plus Ultra, “al introducir esas cantidades en la red de cuentas bancarias de las sociedades instrumentales de la organización criminal, se trató de lograr perder el rastro del origen ilícito del dinero”.
Además, la presunta trama del caso Plus Ultrahabría tejido una telaraña de empresas diseñada expresamente para eliminar el rastro de las mordidas que se habrían cobrado a cambio de la influencia ejercida. Las comunicaciones interceptadas muestran que los propios implicados se referían a ella como “boutique financiera”. Su gestión estaría a cargo de Julio Martínez Martínez, el empresario amigo de Zapatero que las pesquisas perfilan como su “lugarteniente”. Según los investigadores, el motor de este entramado societario, Análisis Relevante, ingresó a Zapatero 490.780 euros entre 2020 y 2025 y otros 239.755 euros a Whathefav, la mercantil de las hijas del exidirigente socialista, en ese mismo periodo.
