El Parlamento belga ha dado su luz verde a una controvertida ley migratoria que le permitirá a la policía registrar domicilios donde se sospeche que hay migrantes sobre los que pese una orden de abandonar el territorio y se hayan resistido a su expulsión o que sean considerados un “peligro para el orden público o la seguridad nacional”. La denominada ley de visitas domiciliarias ha suscitado fuertes críticas de la oposición y de organizaciones humanitarias, que consideran se inspira en las violentas prácticas de la agencia migratoria de Estados Unidos (ICE) bajo órdenes de Donald Trump.
La normativa ha sido muy criticada por la oposición y organizaciones civiles que la comparan con las controvertidas prácticas de ICE en Estados Unidos
El Parlamento belga ha dado su luz verde a una controvertida ley migratoria que le permitirá a la policía registrar domicilios donde se sospeche que hay migrantes sobre los que pese una orden de abandonar el territorio y se hayan resistido a su expulsión o que sean considerados un “peligro para el orden público o la seguridad nacional”. La denominada ley de visitas domiciliarias ha suscitado fuertes críticas de la oposición y de organizaciones humanitarias, que consideran se inspira en las violentas prácticas de la agencia migratoria de Estados Unidos (ICE) bajo órdenes de Donald Trump.
Miles de personas salieron también a protestar esta semana en varias ciudades del país contra esta ley que, advierten sus detractores, viola derechos humanos y cuya base legal es demasiado “vaga” para ser garantista. Alcaldes de ciudades como Lovaina ya han adelantado que se opondrán a estos registros en sus localidades, según medios belgas.
Muestra de lo controvertido de la normativa, impulsada por las ministras de Asilo y Migración, la nacionalista flamenca Anneleen Van Bossuyt, y de Justicia, la cristianodemócrata también flamenca Annelies Verlinden, es que la propuesta de ley fue aprobada en la madrugada del viernes, tras más de diez horas de debates en la cámara después de meses de acaloradas discusiones parlamentarias.
Pese a que el Gobierno del nacionalista flamenco Bart De Wever estaba pendiente este mismo viernes de saber si el rey Felipe de Bélgica aceptaba o no la dimisión que presentó el lunes tras el colapso de las negociaciones presupuestarias, y se encontraba por tanto en funciones, decidió impulsar la ley migratoria horas antes en el Parlamento, algo inusual en este tipo de situaciones, destaca la cadena Rtbf.
“Hemos visto al otro lado del Atlántico cuán rápidamente puede deslizarse una democracia hacia prácticas del tipo ICE”, lamentó el diputado de los ecologistas flamencos Groen Matti Vandemaele, citado por la agencia de noticias Belga.
Concretamente, la ley permitirá que agentes de la policía, bajo una orden de un juez de instrucción, puedan entrar en domicilios privados entre las cinco de la mañana y las 21.00 y efectuar registros de personas bajo orden de expulsión del territorio, incluso aunque en la vivienda se encuentren menores. Una acción que, según sus detractores, amenaza la inviolabilidad del domicilio y el respeto de la vida privada y familiar. Consideran además que la base legal para estas acciones se pueden basar en “vagas nociones de constituir una amenaza al orden público”. Algo especialmente preocupante, señalan organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes como PICUM, debido a la “interpretación amplia” del término hecha en el pasado por la Oficina de Extranjería belga, que llegó a incluir el trabajo irregular como una amenaza de este tipo.
El temor, como ha expresado Vandemaele, es que la normativa pueda abrir la puerta a restricciones más severas: “Es como un grifo que al principio solo deja pasar unas gotas, pero que un próximo Gobierno abrirá un poco más, y así sucesivamente”, ha comparado.
Aunque, a propuesta del partido centrista francófono Les Engagés, que forma parte de la coalición de gobierno de De Wever, se han incluido varias enmiendas para proteger mejor por ejemplo a los menores afectados, la oposición del arco de la izquierda se opuso en bloque a la normativa. Del lado contrario, el partido ultra flamenco Vlaams Belang se abstuvo, al considerar que la ley ha sido demasiado suavizada.
La normativa genera rechazo también porque su implementación puede provocar que los afectados se queden sin recursos eficaces para impugnar la legalidad de una redada antes de que sus consecuencias sean irreversibles. Las organizaciones civiles temen asimismo su potencial “efecto disuasorio”: “El daño de esta ley va más allá de un registro policial concreto. El miedo puede hacer que personas sin papeles eviten buscar ayuda y que aquellos que les ofrecen acogida tengan miedo de abrir sus puertas”, ha advertido el Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Trabajo con refugiados de Flandes), una organización paraguas de ONGs que trabajan con migrantes. “Gente que se encuentra ya en una situación precaria podría quedarse sin ningún lugar seguro al que acudir”, ha agregado.
“La solidaridad es la base de nuestra seguridad y prosperidad colectiva. Esta ley es desproporcionada, innecesaria y peligrosa. Va en contra de un enfoque político coherente y responsable que respete el Estado de derecho”, afirma Cécile Vanderstappen, de la organización CNCD-11.11.11. Las organizaciones civiles recuerdan que, aunque el reglamento de retornos de la UE insta a los Estados miembros a aplicar medidas que faciliten la identificación y deportación de inmigrantes irregulares, “no obliga” a los países a implementar leyes para realizar registros civiles como prevé la de Bélgica que, subrayan, es además una propuesta normativa anterior a la legislación europea.
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