Vigo será la primera ciudad de Galicia y una de las pocas de España que contará con una norma específica para intentar plantar cara a uno de los negocios más repugnantes, esquivos y lucrativos del mundo: la explotación sexual de mujeres. A la espera de la prometida ley estatal para abolir la prostitución, el Ayuntamiento, gobernado con mayoría absolutísima por el socialista Abel Caballero, prepara una ordenanza que pretende exprimir las limitadas competencias municipales para perseguir a proxenetas y puteros, desmontar las complicidades que los rodean, y movilizar el consistorio de arriba abajo para ayudar a sus víctimas a librarse de ellos.
La ciudad impulsa la primera ordenanza municipal de Galicia para facilitar las denuncias contra burdeles y pisos y buscar alternativas de empleo a las víctimas
Vigo será la primera ciudad de Galicia y una de las pocas de España que contará con una norma específica para intentar plantar cara a uno de los negocios más repugnantes, esquivos y lucrativos del mundo: la explotación sexual de mujeres. A la espera de la prometida ley estatal para abolir la prostitución, el Ayuntamiento, gobernado con mayoría absolutísima por el socialista Abel Caballero, prepara una ordenanza que pretende exprimir las limitadas competencias municipales para perseguir a proxenetas y puteros, desmontar las complicidades que los rodean, y movilizar el consistorio de arriba abajo para ayudar a sus víctimas a librarse de ellos.
El Ayuntamiento de Vigo dice haber estudiado a conciencia todas las ordenanzas municipales que se han aprobado hasta el momento en España. La primera teniente de alcalde, Carmela Silva, cree que la que prepara su equipo será “la más avanzada de todo el territorio español”. Dice que irá más allá que la que ha aprobado en Dénia (Alicante) el gobierno de coalición entre Compromís y el PSOE, la última junto a la de La Línea de la Concepción (Cádiz) en salir adelante y que la socialista viguesa considera un referente. Ambas comparten una “visión abolicionista y de atención integral de las víctimas”.
La ordenanza de Vigo incluirá sanciones a los puteros (en ningún caso a las mujeres prostituidas) e “instrumentos de alerta” para perseguir a los proxenetas tanto en los espacios públicos como en los privados. También actuará contra quienes hagan publicidad de la prostitución. El gobierno de Caballero implicará en la lucha contra la explotación sexual de mujeres a varios departamentos municipales, desde la Policía Local, a la oficina de Urbanismo o Servicios Sociales, que recibirán formación específica.
Intervendrá incluso Turismo. “Cuando hay congresos o grandes acontecimientos, todos y todas saben que los proxenetas se ponen en marcha para derivar a mujeres a esas aglomeraciones”, esgrime Silva. En las adjudicaciones públicas del Ayuntamiento, añade, se valorará que las empresas “no hayan estado incursas en situaciones prostitucionales” o que se comprometan en la lucha contra esta forma de violencia machista dando empleo, por ejemplo, a quienes la han sufrido.
La norma impulsará formación para concienciar a niños y jóvenes en centros educativos, desde Primaria a la Universidad, y se firmarán acuerdos con los medios de comunicación. “La pornografía está generando mentes que ven que la explotación del cuerpo de las mujeres es algo normal”, advierte Silva, “pero al mismo tiempo hay un 75% de españoles que considera que la prostitución es violencia de género y no la admiten. Esto me hace ser optimista”.
El Ayuntamiento se apoyará en entidades con experiencia en la asistencia a mujeres prostituidas. Es el caso de la asociación viguesa Faraxa. Su presidenta, la abogada Ana García Costas, lleva más de 20 años defendiendo a víctimas de explotación sexual y trata. Relata casos escalofriantes. Como el de un putero, habitual de un antiguo prostíbulo de Vigo que se llamaba La Casita de Elena, que llevaba conejitos y obligaba a las prostitutas a sentarse “encima de ellos hasta matarlos”. Una de sus clientas le contó a García Costas que un hombre le pidió vestirse con la ropa de su hija adolescente y dormir abrazada a él. “En el sistema prostitucional hay verdaderos tarados”, afirma.
Para avanzar hacia la abolición de la prostitución, García Costas considera fundamental poner medios para que las mujeres salgan de ella, facilitándoles el acceso a un empleo o a una vivienda. Ahora es “complicadísimo”. La mayoría son inmigrantes sin apoyos en España, que además son un sustento económico crucial para las familias que dejaron en sus países de origen. Muchas no tienen papeles y “son fantasmas para la Administración”. Arrastran incluso adicciones a las drogas para poder soportar la violencia que sufren. Ella ha conocido víctimas que querían denunciar a redes de trata y explotación sexual a las que ha tenido que advertir de que “se quedarían sin ingresos durante tres meses”, algo inviable para ellas.
Competencias limitadas
La primera teniente de alcalde de Vigo promete reforzar los centros municipales de atención a las mujeres para que puedan dar información y asesoramiento jurídico a quienes han caído en las garras de estas organizaciones. Asegura que la ordenanza tendrá calendario de aplicación de las medidas y dotación presupuestaria. Admite que afronta muchas limitaciones de competencias, pero intentará presionar a otras administraciones para que hagan lo que el Ayuntamiento no puede.
“Hemos estudiado esos límites con los servicios jurídicos y va a ser una ordenanza muy ambiciosa, pero siempre dentro de ellos”, afirma Silva. “No podemos hacer que la Policía Local entre en un espacio privado, pero sí favorecer que se pueda denunciar y elevar esa denuncia a la Policía Nacional o al juzgado”. El objetivo es crear “espacios de coordinación entre administraciones, cuerpos de seguridad y sistema judicial”, como los que ya existen para combatir la violencia de género.
Los servicios municipales de Urbanismo actuarán contra los pisos o establecimientos que tienen licencia para otras actividades. Cuando fue concejala de este ramo, Silva cerró dos burdeles que tenían autorización de local de copas. “No fue fácil, pero lo hicimos”, dice, y recuerda que no existe ningún tipo de permiso municipal de actividad que ampare la prostitución.
El objetivo es que la norma sea aprobada en junta de gobierno local en noviembre y esté en vigor el próximo mes de enero. “La ordenanza no es una varita mágica que vaya a resolver un sistema que da beneficios económicos enormes, pero hay que dar un paso adelante”, defiende Silva, para quien una ley estatal abolicionista es lo que daría “instrumentos para actuar con más garantías y recursos económicos”. La presidenta de Faraxa coincide en la necesidad de esa norma estatal, pero espera que el plan de Vigo sirva por fin para “avanzar” algo. España, lamenta, “está infestada de trata” y hasta ahora se han dado pasos demasiado pequeños: “Estamos donde estábamos hace 15 o 20 años”.
