La bomba soltada por Alberto Núñez Feijóo, este lunes, asegurando que el Gobierno pretende “fabricar nuevos votantes” con la “ingeniería electoral” construida por la conocida como ley de nietos ha zarandeado el debate político y ha planteado una cuestión clave: ¿Quiere el PP nacionalizar o no a los descendientes de emigrados españoles? Máxime cuando el propio líder del Partido Popular defendía en 2022 extender esa condición no solo a los exiliados sino a otros supuestos —a su juicio no de carácter político— y cuando en su programa electoral de las últimas elecciones prometían precisamente eso. Después del enfrentamiento con el Ejecutivo, Génova ha tenido que clarificar su posición: reconocen que están a favor de lo mismo que estaban en 2023; es decir, de nacionalizar a todos los nietos de los descendientes de españoles que marcharon de España, no solo de los exiliados. Eso sí, demandan su regulación a través de otra ley, debatida en el Congreso, y desarrollada “con transparencia, rigor documental y atendiendo a criterios técnicos”.
El coordinador de Migración de los populares asegura que siempre han defendido que “los descendientes de españoles pueden solicitar la nacionalidad española”. Ayuso anuncia acciones ante la UE contra una norma que “nacionaliza socialistas”
La bomba soltada por Alberto Núñez Feijóo, este lunes, asegurando que el Gobierno pretende “fabricar nuevos votantes” con la “ingeniería electoral” construida por la conocida como ley de nietos ha zarandeado el debate político y ha planteado una cuestión clave: ¿Quiere el PP nacionalizar o no a los descendientes de emigrados españoles? Máxime cuando el propio líder del Partido Popular defendía en 2023 extender esa condición no solo a los exiliados sino a otros supuestos a su juicio no de carácter político— y cuando en su programa electoral de las últimas elecciones prometían precisamente eso. Después del enfrentamiento con el Ejecutivo, Génova ha tenido que clarificar su posición: reconocen que están a favor de lo mismo que estaban en 2023; es decir, de nacionalizar a todos los nietos de los descendientes de españoles que marcharon de España, no solo de los exiliados. Eso sí, a través de otra ley, debatida en el Congreso, y desarrollada “con transparencia, rigor documental y atendiendo a criterios técnicos”.
Esa es la posición explicada por la dirección del PP y así lo ha explicitado en redes sociales además Rafael Núñez Huesca, coordinador nacional de Migración del Partido Popular. “El PP también defendió, como no podía ser de otra forma, que los descendientes de españoles puedan solicitar la nacionalidad española. Con transparencia, con rigor documental y atendiendo a criterios técnicos y no políticos”. Porque en Génova entienden que el presidente Pedro Sánchez lo ha hecho por la puerta de atrás, sin garantías, de espaldas a las Cortes, y haciendo una interpretación expansiva de la ley de nietos. Y este jueves se lanzarán al ataque con una ofensiva parlamentaria planteando preguntas en el Congreso sobre el asunto, dirigidas al Gobierno, para tratar de “fiscalizar” el proceso. También pedirán la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.
Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, echa más leña al fuego de la bronca y anuncia posibles acciones ante la Unión Europea contra la norma sobre la que se pregunta si se intenta “nacionaliza socialistas”. “¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente”, se ha preguntado la baronesa madrileña en un acto organizado por el Club Siglo XXI este miércoles. “Un Gobierno mafioso. Van a favorecer el voto CERA, eso nos tememos, allá donde el recuerdo de voto le sea favorable. Y por eso ya están allí de campaña”, ha sentenciado Ayuso.
Feijóo fue con todo el lunes al afirmar que Sánchez quiere “fabricar dos millones y medio de votantes”, esparciendo sospechas sobre el sistema, pero ahora Génova aterriza sus críticas y pone en la diana el desarrollo normativo del proceso y la aplicación del mismo. La Ley de Memoria Democrática, publicada el 19 de octubre de 2022 el BOE y aprobada con los votos en contra de la derecha, amplió los criterios previstos en la normativa anterior, de 2007, para la adquisición de la nacionalidad española por parte de descendientes de represaliados del franquismo residentes en el extranjero.
La exposición de motivos lo presenta como una “medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio” y en su disposición adicional octava habla de aquellos “nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. Pero, unos días después de ser sancionada, el 25 de octubre, el Gobierno publicó una instrucción ministerial donde extiende ya no solo a los exiliados sino a “los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles”.
El PP coincide pues con eso, pero considera que un proceso de tal calado no puede regularse en esa instrucción ministerial ad hoc, que amplía los supuestos sin debate previo del Congreso. También entiende que abarca también a los tataranietos, aunque esa norma solo habla de “hijos” y “nietos”. “Esa instrucción reinterpretó la ley”, ha criticado este miércoles la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, durante un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum. Génova también sostiene que el Gobierno está llevando a cabo las nacionalizaciones “a toda prisa” y por empresas no preparadas y en algunos casos ligadas a regímenes “como el cubano”. “De repente, nos encontramos con que 2 millones y medio de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad”, ha añadido.
