Si algo ha quedado bien claro sobre la dana es que la competencia en la gestión directa de la emergencia era de la Generalitat Valenciana. Así se estipula en la ley, mientras no se declare la emergencia nacional, y así se han pronunciado inequívocamente desde el juzgado de Catarroja, que instruye la causa penal por la muerte de 230 personas en la provincia de Valencia y las lesiones de otras muchas, hasta la Audiencia de Valencia. Sin embargo, la Generalitat apenas aparece mencionada expresamente en poco más de tres párrafos en las 12 páginas de conclusiones de la propuesta de dictamen de la comisión de Les Cortes Valencianes pactada entre el PP y Vox.
La oposición considera una “ignominia” el documento cuyas conclusiones ocupan 12 páginas, en las que solo se menciona en tres párrafos a la Generalitat
Si algo ha quedado bien claro sobre la dana es que la competencia en la gestión directa de la emergencia era de la Generalitat Valenciana. Así se estipula en la ley, mientras no se declare la emergencia nacional, y así se han pronunciado inequívocamente desde el juzgado de Catarroja, que instruye la causa penal por la muerte de 230 personas en la provincia de Valencia y las lesiones de otras muchas, hasta la Audiencia de Valencia. Sin embargo, la Generalitat apenas aparece mencionada expresamente en poco más de tres párrafos en las 12 páginas de conclusiones de la propuesta de dictamen de la comisión de Les Cortes Valencianes pactada entre el PP y Vox.
La propuesta de los dos socios parlamentarios, que tienen mayoría en la comisión, pasa de puntillas sobre la gestión autonómica que ha llevado a que los dos únicos investigados de momento sean la consejera de Interior, Salomé Pradas, y el secretario autonómica de Emergencias, Emilio Argüeso, que ejercían sus cargos durante el fatídico 29 de octubre de 2024. Ni una alusión directa en las conclusiones al papel desempeñado por el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, que estuvo encerrado en el reservado de un restaurante durante las cuatro horas más trágicas de la catástrofe, ni al envío “tardío y de contenido erróneo” del Es-Alert, según la jueza de instrucción, Nuria Ruiz Tobarra.
Por el contrario, las acusaciones al Gobierno se extienden a lo largo de las conclusiones que repiten el relato de la Generalitat, ahora presidida por Juanfran tras la dimisión de Mazón: el Gobierno es el principal responsable porque no declaró la emergencia nacional (ni lo pidió el Consell, que tampoco declaró la emergencia catastrófica), porque no hizo las obras hidráulicas previstas con anterioridad y porque hubo un apagón informativo de sus agencias estatales (Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar), desmentido por el juzgado y la Audiencia en diversos autos.
El PP y Voz han registrado este lunes en el parlamento valenciano la propuesta de dictamen de 125 páginas que han calificado de “serio y riguroso”, mientras que la oposición lo ha considerado “una ignominia” y lo han comparado con el del accidente de metro de 2006.
Los grupos parlamentarios registraron el pasado viernes sus escritos de conclusiones y este lunes se ha reunido la ponencia de la comisión para elaborar una propuesta conjunta, que finalmente han acordado el PP y Vox, que tienen la mayoría, y a la que ahora se pueden presentar enmiendas para debatirlas junto al dictamen el 27 de mayo.
El dictamen concluye que la magnitud de la tragedia responde a “la concurrencia acumulativa de fallos, carencias y déficits mantenidos durante décadas en distintos niveles de la acción pública”, como obras proyectadas sin ejecutar, “insuficiencias” en los sistemas de información y alerta, o “deficiencias de coordinación”, y pide una estrategia integral de prevención. Por lo que respecta a la Generalitat, tan solo se han incluido las frases de Vox que hablan de “una falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar”. “Se aprecian dudas sobre la suficiencia de determinadas decisiones adoptadas durante las fases más críticas de la emergencia y de eficiencias en el seguimiento y coordinación institucional”, se añade también.
El síndic (portavoz) del PP, Fernando Pastor, ha señalado que han intentado hacer un trabajo “lo más serio y riguroso posible”, teniendo en cuenta que el Gobierno de España “ha dado la espantada” y no ha comparecido en este órgano, lo que en su opinión es “una burla” para la comisión, para los familiares de las víctimas y para “el pueblo valenciano”.
El síndic de Vox, José María Llanos, ha explicado que el dictamen que han aprobado es el de su partido “con alguna ampliación documental”, y ha defendido “la rigurosidad, el respeto a las víctimas y el análisis profundo” que ha hecho Vox. Frente a ello, Llanos ha criticado “el berrinche de la izquierda”, con un PSPV que ha presentado 24 páginas “con insultos” y Compromís “una página y media”, y les ha acusado de “reírse del pueblo valenciano”.
Por su parte, el síndic socialista, José Muñoz, ha calificado de “delirante” un dictamen con el que el PP y Vox “intentan sostener un relato de hechos que ya ha sido desmentido por la Audiencia Provincial de Valencia, que ya dejó claro que no hubo ningún apagón informativo” y que emula al del accidente de metro de València de 2006. “Es la ignominia máxima”, ha afirmado Muñoz, para quien lo más “inaceptable” es que ese dictamen va “en contra de la memoria de las víctimas” y ha acusado a Vox de “tragar de una manera deplorable” con una comisión que “solo ha echado tierra sobre la verdad”, que es que la tragedia se debió “a la inacción y la ineptitud” del Consell del PP.
Para la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro el dictamen “ofende” a toda la ciudadanía valenciana, con “sus mentiras” y al intentar “eludir las responsabilidades” políticas que tenía la Generalitat, además de que “no dice nada” de dónde estaba el entonces president, Carlos Mazón, o del retraso del envío del Es-Alert a la población. “Es para tirarlo a la basura: es una ignominia, una vergüenza y un listado de mentiras”, ha aseverado Navarro, quien ha considerado que es “completamente absurdo” y “una fantasía absoluta”, que se va a aprobar porque el PP y Vox tienen la mayoría en la comisión, “pero lo que no tienen es la razón”.
