Durante los últimos meses el Gobierno ha hecho mucho para tratar de congraciarse con los agricultores españoles y ganar terreno electoral en un espacio que tradicionalmente se ha alineado más con la derecha, desde anunciar la cesión de 17.000 fincas del Estado -que han resultado ser de poco valor, como ya explicó ABC – a jóvenes profesionales del sector hasta presentar un plan para reducir la dependencia de nuestro país en fertilizantes y abaratar su precio, que está disparado desde que empezara la guerra en Irán. La lista de medidas tomadas es larga, pero lo cierto es que, en lo que refiere al campo, al principal partido del Gobierno le está costando convertir sus buenas intenciones en hechos, y el principal motivo es la agenda verde. El mejor ejemplo de ello es lo sucedido ayer en el Parlamento Europeo, cuando los eurodiputados del PSOE votaron en contra de una propuesta de la Comisión Europea para eliminar temporalmente el impuesto CBAM (la llamada ‘tasa verde’) a las importaciones de abonos -entre otros productos- en caso de que se produzca una distorsión severa del mercado. La partida sigue abierta ya que ayer la cámara solamente tenía que fijar su posición negociadora antes de devolver el texto a la Comisión y el Consejo para el preceptivo diálogo entre las tres instituciones europeas, pero aun así las organizaciones agrarias siguieron la votación con mucho interés dado que los partidos se vieron obligados a posicionarse; desde Asaja hasta Unión de Uniones, este miércoles han sido muchas las asociaciones sectoriales que se han mostrado críticas con la postura de los socialistas. No hay que olvidar que la propuesta salió del Ejecutivo comunitario, el mismo que tanto ha defendido el CBAM en el pasado y que, frente a la crisis que atraviesan los agricultores comunitarios, ahora apuesta por reducir su alcance. En este contexto, cabe interpretar el voto de los socialistas españoles como un ejemplo de alineamiento con las posturas de la comisaria Teresa Ribera, abanderada del ‘núcleo duro’ que apuesta por no ceder en las políticas de descarbonización en el seno de la Comisión -excepción hecha de las nucleares-. El problema que enfrentan los agricultores es sensacional, pues el bloqueo del estrecho de Ormuz ha disparado alrededor de un 30% el precio de los abonos y forzado a la venta a pérdidas a una miríada de cultivos, incluyendo las grandes regiones cerealistas del centro peninsular. Y si de bajar el precio de la fertilización se trata, el modo más rápido de hacerlo es eliminar el impuesto verde, que a partir de 2027 gravará las importaciones de agroquímicos -entre otros productos- en función del CO2 emitido para su elaboración. Las industrias ya están repercutiendo el sobrecoste a sus clientes, tanto es así que según el Copa-Cogeca -la organización que aglutina a los representantes del sector primario en Europa- los profesionales del campo ya están pagando entre un 10 y un 15 por ciento más por cada tonelada de abono solamente por esta razón. Lo cierto es que no es cosa fácil eliminar el tributo sin enfadar a otros sectores, ya que este se ideó como una solución para compensar la carga que ya soportan las empresas que fabrican en la UE a través del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), un mecanismo que obliga la industria pesada, las energéticas o el transporte a pagar por lo que contaminan. En conversación con este diario, la patronal española de fabricantes de fertilizantes ya advirtió de que cualquier minoración del CBAM debía venir acompañada de una medida equivalente en el RCDE. Los eurodiputados votan en clave nacional, no de partidoSea como fuere, este es un camino que los socialistas no quieren recorrer, según demostraron ayer en la Eurocámara. Concretamente, lo que se sometió a votación del pleno fue una enmienda que liquidaba la versión del Reglamento comunitario para el CBAM que había propuesto el Ejecutivo comunitario, y que contemplaba la mencionada cláusula de salvaguardia para librar del pago de la tasa a las importaciones de determinados productos cuando estos atraviesen una crisis inflacionaria. El ‘sí’ contó con 362 votos a favor frente a los 272 del ‘no’, en una votación que -como es habitual en Estrasburgo- dividió a la mayor parte de los partidos al votar estos en clave nacional . En el caso de España, tanto el PP como Vox apoyaron la propuesta del Ejecutivo de Von der Leyen, mientras que los socialistas y los grupos a su izquierda se opusieron. En sustitución de esta, salió adelante una iniciativa para redirigir los ingresos del CBAM hacia los sectores afectados, así como una propuesta de Bruselas para extender el pago del impuesto a las importaciones de un listado bienes que no estaban originalmente afectados, como electrodomésticos , artículos acabados de acero y aluminio o productos transformados; de nuevo, para evitar la competencia desleal con los productores europeos. También en este caso, el voto supuso solamente el pistoletazo de salida para el período de negociación, que a buen seguro los agricultores y la industria aprovecharán para hacerse escuchar en Europa. Durante los últimos meses el Gobierno ha hecho mucho para tratar de congraciarse con los agricultores españoles y ganar terreno electoral en un espacio que tradicionalmente se ha alineado más con la derecha, desde anunciar la cesión de 17.000 fincas del Estado -que han resultado ser de poco valor, como ya explicó ABC – a jóvenes profesionales del sector hasta presentar un plan para reducir la dependencia de nuestro país en fertilizantes y abaratar su precio, que está disparado desde que empezara la guerra en Irán. La lista de medidas tomadas es larga, pero lo cierto es que, en lo que refiere al campo, al principal partido del Gobierno le está costando convertir sus buenas intenciones en hechos, y el principal motivo es la agenda verde. El mejor ejemplo de ello es lo sucedido ayer en el Parlamento Europeo, cuando los eurodiputados del PSOE votaron en contra de una propuesta de la Comisión Europea para eliminar temporalmente el impuesto CBAM (la llamada ‘tasa verde’) a las importaciones de abonos -entre otros productos- en caso de que se produzca una distorsión severa del mercado. La partida sigue abierta ya que ayer la cámara solamente tenía que fijar su posición negociadora antes de devolver el texto a la Comisión y el Consejo para el preceptivo diálogo entre las tres instituciones europeas, pero aun así las organizaciones agrarias siguieron la votación con mucho interés dado que los partidos se vieron obligados a posicionarse; desde Asaja hasta Unión de Uniones, este miércoles han sido muchas las asociaciones sectoriales que se han mostrado críticas con la postura de los socialistas. No hay que olvidar que la propuesta salió del Ejecutivo comunitario, el mismo que tanto ha defendido el CBAM en el pasado y que, frente a la crisis que atraviesan los agricultores comunitarios, ahora apuesta por reducir su alcance. En este contexto, cabe interpretar el voto de los socialistas españoles como un ejemplo de alineamiento con las posturas de la comisaria Teresa Ribera, abanderada del ‘núcleo duro’ que apuesta por no ceder en las políticas de descarbonización en el seno de la Comisión -excepción hecha de las nucleares-. El problema que enfrentan los agricultores es sensacional, pues el bloqueo del estrecho de Ormuz ha disparado alrededor de un 30% el precio de los abonos y forzado a la venta a pérdidas a una miríada de cultivos, incluyendo las grandes regiones cerealistas del centro peninsular. Y si de bajar el precio de la fertilización se trata, el modo más rápido de hacerlo es eliminar el impuesto verde, que a partir de 2027 gravará las importaciones de agroquímicos -entre otros productos- en función del CO2 emitido para su elaboración. Las industrias ya están repercutiendo el sobrecoste a sus clientes, tanto es así que según el Copa-Cogeca -la organización que aglutina a los representantes del sector primario en Europa- los profesionales del campo ya están pagando entre un 10 y un 15 por ciento más por cada tonelada de abono solamente por esta razón. Lo cierto es que no es cosa fácil eliminar el tributo sin enfadar a otros sectores, ya que este se ideó como una solución para compensar la carga que ya soportan las empresas que fabrican en la UE a través del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), un mecanismo que obliga la industria pesada, las energéticas o el transporte a pagar por lo que contaminan. En conversación con este diario, la patronal española de fabricantes de fertilizantes ya advirtió de que cualquier minoración del CBAM debía venir acompañada de una medida equivalente en el RCDE. Los eurodiputados votan en clave nacional, no de partidoSea como fuere, este es un camino que los socialistas no quieren recorrer, según demostraron ayer en la Eurocámara. Concretamente, lo que se sometió a votación del pleno fue una enmienda que liquidaba la versión del Reglamento comunitario para el CBAM que había propuesto el Ejecutivo comunitario, y que contemplaba la mencionada cláusula de salvaguardia para librar del pago de la tasa a las importaciones de determinados productos cuando estos atraviesen una crisis inflacionaria. El ‘sí’ contó con 362 votos a favor frente a los 272 del ‘no’, en una votación que -como es habitual en Estrasburgo- dividió a la mayor parte de los partidos al votar estos en clave nacional . En el caso de España, tanto el PP como Vox apoyaron la propuesta del Ejecutivo de Von der Leyen, mientras que los socialistas y los grupos a su izquierda se opusieron. En sustitución de esta, salió adelante una iniciativa para redirigir los ingresos del CBAM hacia los sectores afectados, así como una propuesta de Bruselas para extender el pago del impuesto a las importaciones de un listado bienes que no estaban originalmente afectados, como electrodomésticos , artículos acabados de acero y aluminio o productos transformados; de nuevo, para evitar la competencia desleal con los productores europeos. También en este caso, el voto supuso solamente el pistoletazo de salida para el período de negociación, que a buen seguro los agricultores y la industria aprovecharán para hacerse escuchar en Europa.
Durante los últimos meses el Gobierno ha hecho mucho para tratar de congraciarse con los agricultores españoles y ganar terreno electoral en un espacio que tradicionalmente se ha alineado más con la derecha, desde anunciar la cesión de 17.000 fincas del Estado -que han … resultado ser de poco valor, como ya explicó ABC– a jóvenes profesionales del sector hasta presentar un plan para reducir la dependencia de nuestro país en fertilizantes y abaratar su precio, que está disparado desde que empezara la guerra en Irán.
La lista de medidas tomadas es larga, pero lo cierto es que, en lo que refiere al campo, al principal partido de gobierno le está costando convertir sus buenas intenciones en hechos, y el principal motivo es la agenda verde. El mejor ejemplo de ello es lo sucedido ayer en el Parlamento Europeo, cuando los eurodiputados del PSOE votaron en contra de una propuesta de la Comisión Europea para eliminar temporalmente el impuesto CBAM (la llamada ‘tasa verde’) a las importaciones de abonos -entre otros productos- en caso de que se produzca una distorsión severa del mercado. La partida sigue abierta ya que ayer la cámara solamente tenía que fijar su posición negociadora antes de devolver el texto a la Comisión y el Consejo para el preceptivo diálogo entre las tres instituciones europeas, pero aun así las organizaciones agrarias siguieron la votación con mucho interés dado que los partidos se vieron obligados a posicionarse; desde Asaja hasta Unión de Uniones, este miércoles han sido muchas las asociaciones sectoriales que se han mostrado críticas con la postura de los socialistas.
No hay que olvidar que la propuesta salió del Ejecutivo comunitario, el mismo que tanto ha defendido el CBAM en el pasado y que, frente a la crisis que atraviesan los agricultores comunitarios, ahora apuesta por reducir su alcance. En este contexto, cabe interpretar el voto de los socialistas españoles como un ejemplo de alineamiento con las posturas de la comisaria Teresa Ribera, abanderada del ‘núcleo duro’ que apuesta por no ceder en las políticas de descarbonización en el seno de la Comisión -excepción hecha de las nucleares-.
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El problema que enfrentan los agricultores es sensacional, pues el bloqueo del estrecho de Ormuz ha disparado alrededor de un 30% el precio de los abonos y forzado a la venta a pérdidas a una miríada de cultivos, incluyendo las grandes regiones cerealistas del centro peninsular. Y si de bajar el precio de la fertilización se trata, el modo más rápido de hacerlo es eliminar el impuesto verde, que a partir de 2027 gravará las importaciones de agroquímicos -entre otros productos- en función del CO2 emitido para su elaboración. Las industrias ya están repercutiendo el sobrecoste a sus clientes, tanto es así que según el Copa-Cogeca -la organización que aglutina a los representantes del sector primario en Europa- los profesionales del campo ya están pagando entre un 10 y un 15 por ciento más por cada tonelada de abono solamente por esta razón.
Lo cierto es que no es cosa fácil eliminar el tributo sin enfadar a otros sectores, ya que este se ideó como una solución para compensar la carga que ya soportan las empresas que fabrican en la UE a través del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), un mecanismo que obliga la industria pesada, las energéticas o el transporte a pagar por lo que contaminan. En conversación con este diario, la patronal española de fabricantes de fertilizantes ya advirtió de que cualquier minoración del CBAM debía venir acompañada de una medida equivalente en el RCDE.
Los eurodiputados votan en clave nacional, no de partido
Sea como fuere, este es un camino que los socialistas no quieren recorrer, según demostraron ayer en la Eurocámara. Concretamente, lo que se sometió a votación del pleno fue una enmienda que liquidaba la versión del Reglamento comunitario para el CBAM que había propuesto el Ejecutivo comunitario, y que contemplaba la mencionada cláusula de salvaguardia para librar del pago de la tasa a las importaciones de determinados productos cuando estos atraviesen una crisis inflacionaria. El ‘sí’ contó con 362 votos a favor frente a los 272 del ‘no’, en una votación que -como es habitual en Estrasburgo- dividió a la mayor parte de los partidos al votar estos en clave nacional. En el caso de España, tanto el PP como Vox apoyaron la propuesta del Ejecutivo de Von der Leyen, mientras que los socialistas y los grupos a su izquierda se opusieron.
En sustitución de esta, salió adelante una iniciativa para redirigir los ingresos del CBAM hacia los sectores afectados, así como una propuesta de Bruselas para extender el pago del impuesto a las importaciones de un listado bienes que no estaban originalmente afectados, como electrodomésticos, artículos acabados de acero y aluminio o productos transformados; de nuevo, para evitar la competencia desleal con los productores europeos. También en este caso, el voto supuso solamente el pistoletazo de salida para el período de negociación, que a buen seguro los agricultores y la industria aprovecharán para hacerse escuchar en Europa.
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