Bajo el lema «Almaraz se queda y Extremadura no se apaga», los senadores del Partido Popular Mónica Grados y José Antonio Monago han defendido la continuidad de la planta, alertando una vez más de que su cierre tendría graves consecuencias económicas, sociales y energéticas para Extremadura, pero también para el conjunto de España.Por ello, el pleno del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular en la que se exige al Gobierno la derogación inmediata del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz y la tramitación urgente de la solicitud de extensión de su licencia de operación.Durante su intervención, Grados acusó al Gobierno socialista de mantener una decisión que «perjudica gravemente a los extremeños». La senadora por Cáceres pidió al PSOE que escuche incluso a los propios alcaldes socialistas , partidarios de una prórroga para la central, y advirtió de que «no condenen a Extremadura a un colapso socioeconómico».Entre las cifras en las que el PP fundamenta la petición, los datos de empleo y la riqueza económica que genera la central para la región: cerca de 4.000 empleos directos e indirectos y alrededor del 5% del PIB extremeño. Extrapolando la importancia de mantener abierta la central, Grados recordó que cubre el 7% de la demanda eléctrica anual de España y actúa como polo de atracción para nuevas inversiones industriales en la región.4.000 Cerca de 4.000 empleos directos e indirectos y la generación de alrededor del 5% del PIB extremeño, son las cifras en las que se basan los defensores de la continuidad de la central nuclear cacereñaMientras, Monago culpó al Gobierno de mantener un calendario energético basado en el «dogma y no en criterios técnicos». El también expresidente extremeño alertó de que el cierre afectará a las familias del Campo Arañuelo, encarecerá la factura eléctrica de los consumidores, reducirá la competitividad industrial y comprometerá la seguridad de suministro en territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Portugal.Monago también criticó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que siga adelante con un plan de cierre mientras otros países europeos revisan sus estrategias nucleares .En el ambiente entre aquellos que defienden la continuidad de la central cacereña sigue removiendo la suerte de acuerdo a medida que hay entre el Gobierno y los líderes políticos catalanes, a quienes se les podría entregar el control del sector energético a través de las nucleares, ampliando el plazo para el cierre de todas sus centrales, tal y como adelantó este periódico. Y si bien es cierto que esto supondría ir contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado en 2021 por encargo de la Unión Europea, parece que los planes europeos también se están modificando en torno a la vida de esta energía, que se ha tornado prácticamente indispensable para el mix energético actual, lo que podría ayudar a variar los tiempos en nuestro país, a pesar de la frontal oposición de sus socios de Gobierno, Sumar. Bajo el lema «Almaraz se queda y Extremadura no se apaga», los senadores del Partido Popular Mónica Grados y José Antonio Monago han defendido la continuidad de la planta, alertando una vez más de que su cierre tendría graves consecuencias económicas, sociales y energéticas para Extremadura, pero también para el conjunto de España.Por ello, el pleno del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular en la que se exige al Gobierno la derogación inmediata del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz y la tramitación urgente de la solicitud de extensión de su licencia de operación.Durante su intervención, Grados acusó al Gobierno socialista de mantener una decisión que «perjudica gravemente a los extremeños». La senadora por Cáceres pidió al PSOE que escuche incluso a los propios alcaldes socialistas , partidarios de una prórroga para la central, y advirtió de que «no condenen a Extremadura a un colapso socioeconómico».Entre las cifras en las que el PP fundamenta la petición, los datos de empleo y la riqueza económica que genera la central para la región: cerca de 4.000 empleos directos e indirectos y alrededor del 5% del PIB extremeño. Extrapolando la importancia de mantener abierta la central, Grados recordó que cubre el 7% de la demanda eléctrica anual de España y actúa como polo de atracción para nuevas inversiones industriales en la región.4.000 Cerca de 4.000 empleos directos e indirectos y la generación de alrededor del 5% del PIB extremeño, son las cifras en las que se basan los defensores de la continuidad de la central nuclear cacereñaMientras, Monago culpó al Gobierno de mantener un calendario energético basado en el «dogma y no en criterios técnicos». El también expresidente extremeño alertó de que el cierre afectará a las familias del Campo Arañuelo, encarecerá la factura eléctrica de los consumidores, reducirá la competitividad industrial y comprometerá la seguridad de suministro en territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Portugal.Monago también criticó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que siga adelante con un plan de cierre mientras otros países europeos revisan sus estrategias nucleares .En el ambiente entre aquellos que defienden la continuidad de la central cacereña sigue removiendo la suerte de acuerdo a medida que hay entre el Gobierno y los líderes políticos catalanes, a quienes se les podría entregar el control del sector energético a través de las nucleares, ampliando el plazo para el cierre de todas sus centrales, tal y como adelantó este periódico. Y si bien es cierto que esto supondría ir contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado en 2021 por encargo de la Unión Europea, parece que los planes europeos también se están modificando en torno a la vida de esta energía, que se ha tornado prácticamente indispensable para el mix energético actual, lo que podría ayudar a variar los tiempos en nuestro país, a pesar de la frontal oposición de sus socios de Gobierno, Sumar.
Bajo el lema «Almaraz se queda y Extremadura no se apaga», los senadores del Partido Popular Mónica Grados y José Antonio Monago han defendido la continuidad de la planta, alertando una vez más de que su cierre tendría graves consecuencias económicas, sociales y energéticas para … Extremadura, pero también para el conjunto de España.
Por ello, el pleno del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular en la que se exige al Gobierno la derogación inmediata del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz y la tramitación urgente de la solicitud de extensión de su licencia de operación.
Durante su intervención, Grados acusó al Gobierno socialista de mantener una decisión que «perjudica gravemente a los extremeños». La senadora por Cáceres pidió al PSOE que escuche incluso a los propios alcaldes socialistas, partidarios de una prórroga para la central, y advirtió de que «no condenen a Extremadura a un colapso socioeconómico».
Entre las cifras en las que el PP fundamenta la petición, los datos de empleo y la riqueza económica que genera la central para la región: cerca de 4.000 empleos directos e indirectos y alrededor del 5% del PIB extremeño. Extrapolando la importancia de mantener abierta la central, Grados recordó que cubre el 7% de la demanda eléctrica anual de España y actúa como polo de atracción para nuevas inversiones industriales en la región.
4.000
Cerca de 4.000 empleos directos e indirectos y la generación de alrededor del 5% del PIB extremeño, son las cifras en las que se basan los defensores de la continuidad de la central nuclear cacereña
Mientras, Monago culpó al Gobierno de mantener un calendario energético basado en el «dogma y no en criterios técnicos». El también expresidente extremeño alertó de que el cierre afectará a las familias del Campo Arañuelo, encarecerá la factura eléctrica de los consumidores, reducirá la competitividad industrial y comprometerá la seguridad de suministro en territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Portugal.
Monago también criticó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que siga adelante con un plan de cierre mientras otros países europeos revisan sus estrategias nucleares.
En el ambiente entre aquellos que defienden la continuidad de la central cacereña sigue removiendo la suerte de acuerdo a medida que hay entre el Gobierno y los líderes políticos catalanes, a quienes se les podría entregar el control del sector energético a través de las nucleares, ampliando el plazo para el cierre de todas sus centrales, tal y como adelantó este periódico. Y si bien es cierto que esto supondría ir contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado en 2021 por encargo de la Unión Europea, parece que los planes europeos también se están modificando en torno a la vida de esta energía, que se ha tornado prácticamente indispensable para el mix energético actual, lo que podría ayudar a variar los tiempos en nuestro país, a pesar de la frontal oposición de sus socios de Gobierno, Sumar.
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