El diputado de Sumar en Comú Podem Félix Alonso Cantorné tendrá que declarar el 15 de junio en el Tribunal Supremo por la investigación judicial que trata de esclarecer un supuesto delito de prevaricación cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona), al adjudicar de forma directa contratos municipales a diversas empresas entre 2011 y 2019.
El aforado está investigado por un supuesto delito de prevaricación cuando fue alcalde de Altafulla
El aforado está investigado por un supuesto delito de prevaricación cuando fue alcalde de Altafulla


El diputado de Sumar en Comú Podem Félix Alonso Cantorné tendrá que declarar el 15 de junio en el Tribunal Supremo por la investigación judicial que trata de esclarecer un supuesto delito de prevaricación cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona), al adjudicar de forma directa contratos municipales a diversas empresas entre 2011 y 2019.
La causa está en manos del Supremo después de que un juzgado de El Vendrell involucrara al aforado el pasado mes de abril e hiciera llegada una exposición razonada. Su comparecencia se sumará a la de una docena de testigos.
Según el juez de instrucción, Alonso Cantorné podría haber hecho uso de contratos menores para evitar “los requisitos de publicidad” y poder así adjudicar contratos de forma “directa”, asumiendo “una elección arbitratia del adjudicatario”. El Supremo ya advirtió que la investigación no se limita al delito de prevaricación; también apunta a una “irregular manera de contratar” que “ha ido acompañada de una dinámica de facturación para hacer pago de los servicios”. Por tanto, subraya que “no cabría descartar que pudiera apuntar a algún tipo de irregularidad, si así resultase del ritmo de la investigación”. Por esto, el Supremo afirma que “deben incoarse las oportunas diligencias de investigación” para confirmar, ampliar o descartar “la existencia de los indicios”.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también investiga los contratos menores que el Ayuntamiento de Altafulla(Tarragona) firmó, entre 2017 y 2019, con Sinergia, una consultora controlada por el ex consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, y Joan Herrera, quien fue líder de Iniciativa per Catalunya. La compañía fue contratada a través de un “contrato de asesoramiento jurídico externo”. Otra exfigura de iniciativa investigada es Salvador Milà.
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