La guerra de Irán amenaza con romper el idilio del Gobierno con la macroeconomía. Tras tres años en los que España ha liderado la eurozona como el país que más crece entre los grandes (+2,8% en 2025), cosa que ha permitido una reducción progresiva del déficit, este 2026 el conflicto en el Golfo Pérsico y la espiral inflacionista que le ha seguido han irrumpido para poner en cuestión las previsiones presupuestarias para los próximos años que el Ejecutivo consignó en el último plan fiscal remitido a Bruselas. Cada vez son más los institutos de análisis que apuntan a un deterioro de la macro, y hoy le ha tocado el turno a Funcas, el ‘think tank’ de las cajas de ahorro, que en un informe muy duro advierte de que la crisis en ciernes que atenaza a los mercados mundiales de deuda pública podría terminar por incrementar hasta en un 50% los intereses adeudados por el Reino de España por el pasivo que tiene colocado en el mercado, así como elevar el déficit hasta el 3% anual. En euros contantes y sonantes, esto significa que dentro de cuatro años el Estado podría estar pagando 60.000 millones anuales por este concepto, 20.000 millones más con respecto al dato de 2025. La razón de este descalabro es sencilla, y es que la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz y la escalada inflacionaria que le ha seguido (el IPC se disparó hasta un avance del 4,3% interanual en España el pasado mes de agosto) han ajustado el margen fiscal de los países y los está convirtiendo en peores pagadores a ojos del mercado. Los efectos de esta pérdida de confianza ya son evidentes, pues el bono a diez años de EE.UU. ya roza el 5%, el alemán está en el 3,5% por primera vez desde la crisis financiera de 2008 y el japonés ha pasado en poco tiempo de valores casi nulos al 3%, una cota no vista desde los años noventa. El bono español, por su parte, avanza en la misma dirección y ya ronda el 3,8%, medio punto más que antes de ese fatídico 28 de febrero en que los EE.UU. e Israel abrieron fuego contra Irán. En España, el efecto pernicioso de esta espiral inflacionista se verá incluso agravado por la incapacidad del Ejecutivo de aprobar unos presupuestos generales del Estado (no lo ha hecho desde 2023), hecho que reduce sobremanera su capacidad para adaptar sus prioridades al nuevo contexto financiero. Para situar el problema en su justo contexto, nótese que esos 20.000 millones ‘extra’ que nuestro país va tener que pagar en intereses por la deuda en 2030 superan con creces el gasto de un mes entero en pensiones por parte de la Seguridad Social (14.470 millones en agosto) o el presupuesto de un año para las competencias en Sanidad y Educación que tiene el Gobierno central (unos 12.000 millones de euros), y servirían para cubrir casi la totalidad de las prestaciones por desempleo en un año completo (en 2025 se destinaron 24.421 millones a esta partida). Si el análisis se ejecuta con algo más de optimismo y se da por descontado que los tipos se mantendrán en los mismos niveles que en 2025 (es decir, en torno al 3,2% los de largo plazo y el 2,2% los de corto plazo), los pagos por intereses se situarían en 2030 en unos 57.000 millones de euros , 17.000 millones más que en 2025. De ese montante, Funcas estima que algo más de 8.000 millones servirían para financiar el interés de las nuevas emisiones del Tesoro, mientras que el resto del aumento se explicaría por la necesidad de refinanciar unos bonos que con toda seguridad se remunerarán al alza en los próximos meses. La publicación de este informe no podía ser más oportuna, pues este miércoles el precio del barril de petróleo Brent (el de referencia en Europa) ha vuelto a superar la barrera de los 100 dólares (ya lo hizo en julio), un hito que llega tras el recrudecimiento de los combates en Oriente Próximo en las últimas horas y que acerca aún más la posibilidad de que el mundo se enfrente a una espiral inflacionista equivalente a la de 2022 (cuando los precios llegaron a subir a doble dígito en un año en España). Frente a esto, a los bancos centrales les tocará jugar el difícil juego de conjugar el prescriptivo endurecimiento del crédito para contener la inflación con la necesidad de sostener el impulso económico y evitar la recesión; y a los gobiernos, ajustar sus planes presupuestarios ante lo que Funcas califica de «cambio de paradigma» en el ciclo macroeconómico. Como ya se ha avanzado, en el último plan fiscal remitido a la Comisión Europea el Gobierno se comprometió a mantener una senda de déficit de no más del 1,8% del PIB en 2027, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029, un objetivo que según Funcas no se va a cumplir. Para el instituto de análisis, el incremento de la factura por intereses impedirá que el déficit de las administraciones baje del 3% «en los próximos años, incluso si el ciclo expansivo se prolonga», se lee en el informe. Es decir, que se rompe el círculo virtuoso que ha permitido que el Ejecutivo pueda presumir de contención fiscal pese a que la deuda ya se encuentra en los 1,7 billones de euros, tras sumar medio billón desde que Sánchez está en La Moncloa. Para el ‘think tank’, urge aprovechar el ciclo expansivo «para generar margen de maniobra y así reducir la vulnerabilidad ante futuros shocks». A partir de ahí, dos cosas están por ver. Una, si el Ejecutivo podrá adaptarse al nuevo contexto sin aprobar unos presupuestos; y dos, si el avance del PIB resistirá el embate de la guerra en Irán, que podría derivar no solo en una crisis inflacionista, también en una recesión (la temida estanflación). La guerra de Irán amenaza con romper el idilio del Gobierno con la macroeconomía. Tras tres años en los que España ha liderado la eurozona como el país que más crece entre los grandes (+2,8% en 2025), cosa que ha permitido una reducción progresiva del déficit, este 2026 el conflicto en el Golfo Pérsico y la espiral inflacionista que le ha seguido han irrumpido para poner en cuestión las previsiones presupuestarias para los próximos años que el Ejecutivo consignó en el último plan fiscal remitido a Bruselas. Cada vez son más los institutos de análisis que apuntan a un deterioro de la macro, y hoy le ha tocado el turno a Funcas, el ‘think tank’ de las cajas de ahorro, que en un informe muy duro advierte de que la crisis en ciernes que atenaza a los mercados mundiales de deuda pública podría terminar por incrementar hasta en un 50% los intereses adeudados por el Reino de España por el pasivo que tiene colocado en el mercado, así como elevar el déficit hasta el 3% anual. En euros contantes y sonantes, esto significa que dentro de cuatro años el Estado podría estar pagando 60.000 millones anuales por este concepto, 20.000 millones más con respecto al dato de 2025. La razón de este descalabro es sencilla, y es que la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz y la escalada inflacionaria que le ha seguido (el IPC se disparó hasta un avance del 4,3% interanual en España el pasado mes de agosto) han ajustado el margen fiscal de los países y los está convirtiendo en peores pagadores a ojos del mercado. Los efectos de esta pérdida de confianza ya son evidentes, pues el bono a diez años de EE.UU. ya roza el 5%, el alemán está en el 3,5% por primera vez desde la crisis financiera de 2008 y el japonés ha pasado en poco tiempo de valores casi nulos al 3%, una cota no vista desde los años noventa. El bono español, por su parte, avanza en la misma dirección y ya ronda el 3,8%, medio punto más que antes de ese fatídico 28 de febrero en que los EE.UU. e Israel abrieron fuego contra Irán. En España, el efecto pernicioso de esta espiral inflacionista se verá incluso agravado por la incapacidad del Ejecutivo de aprobar unos presupuestos generales del Estado (no lo ha hecho desde 2023), hecho que reduce sobremanera su capacidad para adaptar sus prioridades al nuevo contexto financiero. Para situar el problema en su justo contexto, nótese que esos 20.000 millones ‘extra’ que nuestro país va tener que pagar en intereses por la deuda en 2030 superan con creces el gasto de un mes entero en pensiones por parte de la Seguridad Social (14.470 millones en agosto) o el presupuesto de un año para las competencias en Sanidad y Educación que tiene el Gobierno central (unos 12.000 millones de euros), y servirían para cubrir casi la totalidad de las prestaciones por desempleo en un año completo (en 2025 se destinaron 24.421 millones a esta partida). Si el análisis se ejecuta con algo más de optimismo y se da por descontado que los tipos se mantendrán en los mismos niveles que en 2025 (es decir, en torno al 3,2% los de largo plazo y el 2,2% los de corto plazo), los pagos por intereses se situarían en 2030 en unos 57.000 millones de euros , 17.000 millones más que en 2025. De ese montante, Funcas estima que algo más de 8.000 millones servirían para financiar el interés de las nuevas emisiones del Tesoro, mientras que el resto del aumento se explicaría por la necesidad de refinanciar unos bonos que con toda seguridad se remunerarán al alza en los próximos meses. La publicación de este informe no podía ser más oportuna, pues este miércoles el precio del barril de petróleo Brent (el de referencia en Europa) ha vuelto a superar la barrera de los 100 dólares (ya lo hizo en julio), un hito que llega tras el recrudecimiento de los combates en Oriente Próximo en las últimas horas y que acerca aún más la posibilidad de que el mundo se enfrente a una espiral inflacionista equivalente a la de 2022 (cuando los precios llegaron a subir a doble dígito en un año en España). Frente a esto, a los bancos centrales les tocará jugar el difícil juego de conjugar el prescriptivo endurecimiento del crédito para contener la inflación con la necesidad de sostener el impulso económico y evitar la recesión; y a los gobiernos, ajustar sus planes presupuestarios ante lo que Funcas califica de «cambio de paradigma» en el ciclo macroeconómico. Como ya se ha avanzado, en el último plan fiscal remitido a la Comisión Europea el Gobierno se comprometió a mantener una senda de déficit de no más del 1,8% del PIB en 2027, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029, un objetivo que según Funcas no se va a cumplir. Para el instituto de análisis, el incremento de la factura por intereses impedirá que el déficit de las administraciones baje del 3% «en los próximos años, incluso si el ciclo expansivo se prolonga», se lee en el informe. Es decir, que se rompe el círculo virtuoso que ha permitido que el Ejecutivo pueda presumir de contención fiscal pese a que la deuda ya se encuentra en los 1,7 billones de euros, tras sumar medio billón desde que Sánchez está en La Moncloa. Para el ‘think tank’, urge aprovechar el ciclo expansivo «para generar margen de maniobra y así reducir la vulnerabilidad ante futuros shocks». A partir de ahí, dos cosas están por ver. Una, si el Ejecutivo podrá adaptarse al nuevo contexto sin aprobar unos presupuestos; y dos, si el avance del PIB resistirá el embate de la guerra en Irán, que podría derivar no solo en una crisis inflacionista, también en una recesión (la temida estanflación).
La guerra de Irán amenaza con romper el idilio del Gobierno con la macroeconomía. Tras tres años liderando como la gran economía del euro que más crece (+2,8% en 2025), este 2026 el conflicto en el Golfo Pérsico y la espiral inflacionista que le … ha seguido han irrumpido para poner en cuestión las previsiones de avance económico, déficit y ratio de deuda sobre PIB para los próximos años que el Ejecutivo consignó en el último plan fiscal remitido a Bruselas. Cada vez son más los institutos de análisis que apuntan en esa línea, y hoy le ha tocado el turno a Funcas, el ‘think tank’ de las cajas de ahorro, que en un informe muy duro advierte de que la crisis en ciernes que atenaza a los mercados mundiales de deuda pública podría terminar por incrementar hasta en un 50% los intereses que paga el Reino de España por el pasivo que tiene colocado en el mercado.
En euros contantes y sonantes, esto significa que dentro de cuatro años nuestro país podría estar pagando 60.000 millones anuales por este concepto, 20.000 millones más con respecto al dato de 2025. La razón de este descalabro es sencilla, y es que la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz y la escalada inflacionaria que le ha seguido (el IPC escaló un 4,3% interanual en España el pasado mes de agosto) ajustarán el margen fiscal de los países y los está convirtiendo en peores pagadores a ojos del mercado. Los efectos de esta crisis de confianza ya son evidentes, pues el bono a diez años de EE.UU. ya roza el 5%, el alemán está en el 3,5% por primera vez desde la crisis financiera, y el japonés ha pasado en poco tiempo de valores casi nulos al 3%, una cota no vista desde los años noventa. El bono español, por su parte, avanza en la misma dirección y ya ronda el 3,8%, medio punto más que antes de ese fatídico 28 de febrero en que los EE.UU. e Israel abrieron fuego contra Irán.
En España el efecto pernicioso de esta espiral inflacionista se verá incluso agravado por la incapacidad del Ejecutivo para aprobar unos presupuestos generales del Estado (no lo ha hecho desde 2023), hecho que reduce su margen de maniobra para adaptar sus prioridades al nuevo contexto financiero. En relación a esto, nótese que esos 20.000 millones ‘extra’ que nuestro país va tener que pagar en intereses por la deuda en 2030 superan con creces el gasto de un mes entero en pensiones por parte de la Seguridad Social (14.470 millones el pasado mes de agosto) o el presupuesto de un año para las competencias en Sanidad y Educación que tiene el Gobierno central (unos 12.000 millones de euros), y servirían para cubrir casi la totalidad de las prestaciones por desempleo en un año completo (en 2025 se destinaron 24.421 millones a esta partida).
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