Las sanciones de Estados Unidos sobre Cuba adoptan una nueva dimensión y disparan el riesgo para las empresas españolas con intereses en la isla. El presidente norteamericano, Donald Trump , ha emitido una nueva orden ejecutiva por la cual grandes compañías de nuestro país podrían llegar a ser sancionadas por realizar operaciones con ciertos grupos y ciudadanos cubanos. Hasta la fecha, EE.UU. podía bloquear operaciones de empresas y personas estadounidenses con Cuba . Aunque con ciertas excepciones, los actores comerciales extranjeros sin vínculo con Estados Unidos estaban en gran medida protegidos de riesgos de sanciones. Eso cambia radicalmente con el nuevo marco ya que se autoriza a los secretarios de Estado y del Tesoro americanos a sancionar a cualquier persona o empresa extranjera que negocie con ciertos actores de Cuba cuando se cumplan varios criterios, como indica el despacho internacional Squire Patton Boggs en una nota a clientes. Así, se autoriza la imposición de sanciones a cualquier empresa o persona extranjera que opere en los sectores energético, de defensa, minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, pero también se deja abierto a fijar sanciones contra cualquiera que haga transacciones con el Gobierno del país o empresas o personas sancionadas bajo esta nueva orden. También abarca transacciones significativas de bancos con sujetos sancionados.Noticia relacionada general No No Meliá cierra el 50% de su planta hotelera en Cuba por el bloqueo energético de EE.UU. Antonio Ramírez CerezoPor el momento, la lista de sancionados bajo la nueva orden y con los que, por tanto, no se pueden realizar transacciones comerciales es corta pero de calado: el holding militar Gaesa , su presidenta y la minera Moa Nickel. La clave es Gaesa ya que, según el propio Estados Unidos, controla el 40% de la economía cubana; por ejemplo, todo el negocio turístico en la isla. El hecho de tener vínculos financieros u operativos con Gaesa expone a las empresas españolas a ser sancionadas por Estados Unidos. Sanciones que podrían implicar bloqueos de activos, sanciones monetarias, dificultades para operar en dólares… un abanico amplio para que se deje de hacer negocios con la isla. «Desde el punto de vista jurídico es un cambio importante ya que Estados Unidos se dota de un arma que podrá usar como quiera. Aquellas empresas que estén en Cuba va a ser más complicada su existencia en el país. Habrá un escrutinio mucho más importante por parte de bancos, aseguradoras y socios a la hora de hacer negocios allí y muchas empresas se pensarán si les vale la pena continuar », explica José María Viñals, socio en Squire Patton Boggs, quien añade que «las entidades financieras tendrán que hacer un análisis muy exhaustivo y revisar su historial de crédito con la isla». Fuentes empresariales señalan que el asunto es «muy delicado» para ciertas compañías españolas y que algunas tendrán que tomar la decisión de si continuar o no operando en ese país al estar bajo el riesgo de ser sancionadas por Estados Unidos. Desde despachos de abogados señalan que ya se han producido consultas de empresas españolas sobre cómo proceder ante este riesgo.Golpe a compañías españolas En el mundo empresarial califican el asunto de «muy delicado» y creen que habrá quien tenga que decidir si continúa o no en el paísIgnacio Aparicio, executive partner de Andersen y socio responsable del Cuban Desk, explica que las preocupaciones de las compañías abarcan: «La validez y continuidad de sus contratos con entidades vinculadas a Gaesa; el riesgo personal de sus directivos respecto a los visados de entrada a EE.UU.; y la posición de sus bancos y aseguradoras ante operaciones en curso. Este no es un riesgo hipotético ni lejano ni jurídicamente sencillo». El experto de Andersen cree que de forma gradual y selectiva habrá una cierta retirada de empresas españolas de Cuba y añade que la cada vez más fuerte presión norteamericana «coloca al Gobierno español en una posición incómoda frente a Washington, añadiendo una dimensión política que las empresas no pueden ignorar al valorar su estrategia en la isla», aunque, de todas formas, no prevé una retirada total de las empresas españolas. A nivel internacional, la minera canadiense Sherritt International ya ha anunciado el cese inmediato de su participación directa en empresas mixtas en la isla.Viñals, de Squire Patton Boggs, coincide en que estas nuevas sanciones van a «desincentivar aún más la inversión en Cuba» ya que se pueden usar como una herramienta de política exterior y de seguridad y que, en todo caso, «Europa tendrá que decidir si protege a las empresas europeas y se enfrenta a Estados Unidos» ya que dispone de algunos mecanismos legales para intentar impedir el cumplimiento de posibles sanciones a sus compañías.Exposición españolaDentro de este marco, las empresas españolas más expuestas a Cuba están en el sector turístico y en el financiero. Cadenas como Meliá , Barceló e Iberostar gestionan hoteles en el país; otros como Banco Sabadell y una entidad de Javier Botín llamada Alto Cedro representan la exposición del sector financiero. Pero sin duda las más importantes que operan en Cuba son las hoteleras. Según el ICEX, las empresas turísticas españolas gestionaban el año pasado unas 30.000 habitaciones en la isla, de las cuales unas 3.000 son en régimen de empresa mixta y el resto en régimen de CAD (contratos de administración hotelera), «la forma más utilizada en Cuba». La mayor parte de estos contratos de administración se centran en hoteles de 5 y 4 estrellas «siendo España el líder indiscutible en estos dos niveles», destaca la entidad en un informe fechado a mayo de 2025.Como marcas españolas presentes en la isla, la entidad menciona a Meliá, Iberostar, Roc, Barceló, Valentín, NH, Blau, Axel y Sirenis. También destaca que «alguna de ellas tiene planes de expansión». Asimismo apunta a que hay varias empresas que están involucradas en el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios asociados a campos de golf, tres de las cuales tienen acuerdos firmados con las autoridades cubanas. Pero en este punto, el ICEX destaca que la activación del Título III de la Ley Helms-Burton por la Administración Trump «ha introducido incertidumbre respecto a la marcha de algunas de estas inversiones». Esta norma da derecho al país norteamericano a demandar a empresas que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades castristas.La mayor de todas ellas es Meliá, que dispone de alrededor de más de 14.000 habitaciones en la isla , repartidas en 34 establecimientos. Una cifra que solo supera en España y en la región Emea (Europa, Medio Oriente y África). Solo el año pasado, la compañía abrió tres hoteles en el país caribeño, uno de ellos de 771 habitaciones en Varadero, la mayor de las aperturas en el mundo durante ese año para la firma balear. La singularidad de este mercado está en que todos los hoteles que opera son en calidad de gestión porque la propiedad de todos los inmuebles es del Estado.Sector turístico 30.000 habitaciones en la isla Esto es lo que gestionaban en Cuba las hoteleras españolas, entre las que destacan Meliá e Iberostar como grupos con mayor volumen de negocioPero no es la primera vez que la empresa familiar se expone a las amenazas de la Administración Trump. Ya en el primer mandato del actual presidente estadounidense, Washington incluso llegó a vetar la entrada a EE.UU. del presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer , tras decidir aplicarle la Ley Helms-Burton. Bajo ese paraguas, el Departamento de Estado de Estados Unidos mandó una notificación a Escarrer en octubre de 2019 avisándole de que no podría entrar al país, si no aceptaba una serie de condiciones sobre su operativa en Cuba. Meliá, en cambio, decidió no seguir la directriz del ejecutivo estadounidense alegando que era contraria al derecho europeo.Siete años después de aquel suceso, Meliá dispone de casi 2.000 habitaciones y cinco hoteles menos que entonces, pero porque tras el Covid-19 la recepción de turistas internacionales a la isla se ha desvanecido casi a cero alentado por la crisis de suministros. La puntilla llegó a principios de este año, cuando el bloqueo energético y comercial de EE.UU a Cuba dejó sin disponibilidad de combustible a las aerolíneas, lo que ha llevado a compañías como Iberia a cancelar su operativa en la isla desde junio. Ahora, Meliá reconoce que solo tiene abierta el 50% de su capacidad en la isla y que depende casi exclusivamente del turista nacional, por lo que su actividad es mínima.Junto a Meliá, hay otras hoteleras españolas que podrían estar expuestas a las sanciones. Otro ejemplo sería Iberostar . La compañía de la familia Fluxá dispone de 18 hoteles en el país y le supone uno de los mercados más importantes. Hace dos años reconoció un beneficio antes de impuestos en el país de 9,7 millones, sobre un global para todo el mundo de 196,9 millones. Las sanciones de Estados Unidos sobre Cuba adoptan una nueva dimensión y disparan el riesgo para las empresas españolas con intereses en la isla. El presidente norteamericano, Donald Trump , ha emitido una nueva orden ejecutiva por la cual grandes compañías de nuestro país podrían llegar a ser sancionadas por realizar operaciones con ciertos grupos y ciudadanos cubanos. Hasta la fecha, EE.UU. podía bloquear operaciones de empresas y personas estadounidenses con Cuba . Aunque con ciertas excepciones, los actores comerciales extranjeros sin vínculo con Estados Unidos estaban en gran medida protegidos de riesgos de sanciones. Eso cambia radicalmente con el nuevo marco ya que se autoriza a los secretarios de Estado y del Tesoro americanos a sancionar a cualquier persona o empresa extranjera que negocie con ciertos actores de Cuba cuando se cumplan varios criterios, como indica el despacho internacional Squire Patton Boggs en una nota a clientes. Así, se autoriza la imposición de sanciones a cualquier empresa o persona extranjera que opere en los sectores energético, de defensa, minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, pero también se deja abierto a fijar sanciones contra cualquiera que haga transacciones con el Gobierno del país o empresas o personas sancionadas bajo esta nueva orden. También abarca transacciones significativas de bancos con sujetos sancionados.Noticia relacionada general No No Meliá cierra el 50% de su planta hotelera en Cuba por el bloqueo energético de EE.UU. Antonio Ramírez CerezoPor el momento, la lista de sancionados bajo la nueva orden y con los que, por tanto, no se pueden realizar transacciones comerciales es corta pero de calado: el holding militar Gaesa , su presidenta y la minera Moa Nickel. La clave es Gaesa ya que, según el propio Estados Unidos, controla el 40% de la economía cubana; por ejemplo, todo el negocio turístico en la isla. El hecho de tener vínculos financieros u operativos con Gaesa expone a las empresas españolas a ser sancionadas por Estados Unidos. Sanciones que podrían implicar bloqueos de activos, sanciones monetarias, dificultades para operar en dólares… un abanico amplio para que se deje de hacer negocios con la isla. «Desde el punto de vista jurídico es un cambio importante ya que Estados Unidos se dota de un arma que podrá usar como quiera. Aquellas empresas que estén en Cuba va a ser más complicada su existencia en el país. Habrá un escrutinio mucho más importante por parte de bancos, aseguradoras y socios a la hora de hacer negocios allí y muchas empresas se pensarán si les vale la pena continuar », explica José María Viñals, socio en Squire Patton Boggs, quien añade que «las entidades financieras tendrán que hacer un análisis muy exhaustivo y revisar su historial de crédito con la isla». Fuentes empresariales señalan que el asunto es «muy delicado» para ciertas compañías españolas y que algunas tendrán que tomar la decisión de si continuar o no operando en ese país al estar bajo el riesgo de ser sancionadas por Estados Unidos. Desde despachos de abogados señalan que ya se han producido consultas de empresas españolas sobre cómo proceder ante este riesgo.Golpe a compañías españolas En el mundo empresarial califican el asunto de «muy delicado» y creen que habrá quien tenga que decidir si continúa o no en el paísIgnacio Aparicio, executive partner de Andersen y socio responsable del Cuban Desk, explica que las preocupaciones de las compañías abarcan: «La validez y continuidad de sus contratos con entidades vinculadas a Gaesa; el riesgo personal de sus directivos respecto a los visados de entrada a EE.UU.; y la posición de sus bancos y aseguradoras ante operaciones en curso. Este no es un riesgo hipotético ni lejano ni jurídicamente sencillo». El experto de Andersen cree que de forma gradual y selectiva habrá una cierta retirada de empresas españolas de Cuba y añade que la cada vez más fuerte presión norteamericana «coloca al Gobierno español en una posición incómoda frente a Washington, añadiendo una dimensión política que las empresas no pueden ignorar al valorar su estrategia en la isla», aunque, de todas formas, no prevé una retirada total de las empresas españolas. A nivel internacional, la minera canadiense Sherritt International ya ha anunciado el cese inmediato de su participación directa en empresas mixtas en la isla.Viñals, de Squire Patton Boggs, coincide en que estas nuevas sanciones van a «desincentivar aún más la inversión en Cuba» ya que se pueden usar como una herramienta de política exterior y de seguridad y que, en todo caso, «Europa tendrá que decidir si protege a las empresas europeas y se enfrenta a Estados Unidos» ya que dispone de algunos mecanismos legales para intentar impedir el cumplimiento de posibles sanciones a sus compañías.Exposición españolaDentro de este marco, las empresas españolas más expuestas a Cuba están en el sector turístico y en el financiero. Cadenas como Meliá , Barceló e Iberostar gestionan hoteles en el país; otros como Banco Sabadell y una entidad de Javier Botín llamada Alto Cedro representan la exposición del sector financiero. Pero sin duda las más importantes que operan en Cuba son las hoteleras. Según el ICEX, las empresas turísticas españolas gestionaban el año pasado unas 30.000 habitaciones en la isla, de las cuales unas 3.000 son en régimen de empresa mixta y el resto en régimen de CAD (contratos de administración hotelera), «la forma más utilizada en Cuba». La mayor parte de estos contratos de administración se centran en hoteles de 5 y 4 estrellas «siendo España el líder indiscutible en estos dos niveles», destaca la entidad en un informe fechado a mayo de 2025.Como marcas españolas presentes en la isla, la entidad menciona a Meliá, Iberostar, Roc, Barceló, Valentín, NH, Blau, Axel y Sirenis. También destaca que «alguna de ellas tiene planes de expansión». Asimismo apunta a que hay varias empresas que están involucradas en el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios asociados a campos de golf, tres de las cuales tienen acuerdos firmados con las autoridades cubanas. Pero en este punto, el ICEX destaca que la activación del Título III de la Ley Helms-Burton por la Administración Trump «ha introducido incertidumbre respecto a la marcha de algunas de estas inversiones». Esta norma da derecho al país norteamericano a demandar a empresas que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades castristas.La mayor de todas ellas es Meliá, que dispone de alrededor de más de 14.000 habitaciones en la isla , repartidas en 34 establecimientos. Una cifra que solo supera en España y en la región Emea (Europa, Medio Oriente y África). Solo el año pasado, la compañía abrió tres hoteles en el país caribeño, uno de ellos de 771 habitaciones en Varadero, la mayor de las aperturas en el mundo durante ese año para la firma balear. La singularidad de este mercado está en que todos los hoteles que opera son en calidad de gestión porque la propiedad de todos los inmuebles es del Estado.Sector turístico 30.000 habitaciones en la isla Esto es lo que gestionaban en Cuba las hoteleras españolas, entre las que destacan Meliá e Iberostar como grupos con mayor volumen de negocioPero no es la primera vez que la empresa familiar se expone a las amenazas de la Administración Trump. Ya en el primer mandato del actual presidente estadounidense, Washington incluso llegó a vetar la entrada a EE.UU. del presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer , tras decidir aplicarle la Ley Helms-Burton. Bajo ese paraguas, el Departamento de Estado de Estados Unidos mandó una notificación a Escarrer en octubre de 2019 avisándole de que no podría entrar al país, si no aceptaba una serie de condiciones sobre su operativa en Cuba. Meliá, en cambio, decidió no seguir la directriz del ejecutivo estadounidense alegando que era contraria al derecho europeo.Siete años después de aquel suceso, Meliá dispone de casi 2.000 habitaciones y cinco hoteles menos que entonces, pero porque tras el Covid-19 la recepción de turistas internacionales a la isla se ha desvanecido casi a cero alentado por la crisis de suministros. La puntilla llegó a principios de este año, cuando el bloqueo energético y comercial de EE.UU a Cuba dejó sin disponibilidad de combustible a las aerolíneas, lo que ha llevado a compañías como Iberia a cancelar su operativa en la isla desde junio. Ahora, Meliá reconoce que solo tiene abierta el 50% de su capacidad en la isla y que depende casi exclusivamente del turista nacional, por lo que su actividad es mínima.Junto a Meliá, hay otras hoteleras españolas que podrían estar expuestas a las sanciones. Otro ejemplo sería Iberostar . La compañía de la familia Fluxá dispone de 18 hoteles en el país y le supone uno de los mercados más importantes. Hace dos años reconoció un beneficio antes de impuestos en el país de 9,7 millones, sobre un global para todo el mundo de 196,9 millones.
Las sanciones de Estados Unidos sobre Cuba adoptan una nueva dimensión y disparan el riesgo para las empresas españolas con intereses en la isla. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha emitido una nueva orden ejecutiva por la cual grandes compañías de nuestro … país podrían llegar a ser sancionadas por realizar operaciones con ciertos grupos y ciudadanos cubanos.
Hasta la fecha, EE.UU. podía bloquear operaciones de empresas y personas estadounidenses con Cuba. Aunque con ciertas excepciones, los actores comerciales extranjeros sin vínculo con Estados Unidos estaban en gran medida protegidos de riesgos de sanciones. Eso cambia radicalmente con el nuevo marco ya que se autoriza a los secretarios de Estado y del Tesoro americanos a sancionar a cualquier persona o empresa extranjera que negocie con ciertos actores de Cuba cuando se cumplan varios criterios, como indica el despacho internacional Squire Patton Boggs en una nota a clientes.
Así, se autoriza la imposición de sanciones a cualquier empresa o persona extranjera que opere en los sectores energético, de defensa, minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, pero también se deja abierto a fijar sanciones contra cualquiera que haga transacciones con el Gobierno del país o empresas o personas sancionadas bajo esta nueva orden. También abarca transacciones significativas de bancos con sujetos sancionados.
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Antonio Ramírez Cerezo
Por el momento, la lista de sancionados bajo la nueva orden y con los que, por tanto, no se pueden realizar transacciones comerciales es corta pero de calado: el holding militar Gaesa, su presidenta y la minera Moa Nickel. La clave es Gaesa ya que, según el propio Estados Unidos, controla el 40% de la economía cubana; por ejemplo, todo el negocio turístico en la isla.
El hecho de tener vínculos financieros u operativos con Gaesa expone a las empresas españolas a ser sancionadas por Estados Unidos. Sanciones que podrían implicar bloqueos de activos, sanciones monetarias, dificultades para operar en dólares… un abanico amplio para que se deje de hacer negocios con la isla.
«Desde el punto de vista jurídico es un cambio importante ya que Estados Unidos se dota de un arma que podrá usar como quiera. Aquellas empresas que estén en Cuba va a ser más complicada su existencia en el país. Habrá un escrutinio mucho más importante por parte de bancos, aseguradoras y socios a la hora de hacer negocios allí y muchas empresas se pensarán si les vale la pena continuar», explica José María Viñals, socio en Squire Patton Boggs, quien añade que «las entidades financieras tendrán que hacer un análisis muy exhaustivo y revisar su historial de crédito con la isla».
Fuentes empresariales señalan que el asunto es «muy delicado» para ciertas compañías españolas y que algunas tendrán que tomar la decisión de si continuar o no operando en ese país al estar bajo el riesgo de ser sancionadas por Estados Unidos. Desde despachos de abogados señalan que ya se han producido consultas de empresas españolas sobre cómo proceder ante este riesgo.
Golpe a compañías españolas
En el mundo empresarial califican el asunto de «muy delicado» y creen que habrá quien tenga que decidir si continúa o no en el país
Ignacio Aparicio, executive partner de Andersen y socio responsable del Cuban Desk, explica que las preocupaciones de las compañías abarcan: «La validez y continuidad de sus contratos con entidades vinculadas a Gaesa; el riesgo personal de sus directivos respecto a los visados de entrada a EE.UU.; y la posición de sus bancos y aseguradoras ante operaciones en curso. Este no es un riesgo hipotético ni lejano ni jurídicamente sencillo».
El experto de Andersen cree que de forma gradual y selectiva habrá una cierta retirada de empresas españolas de Cuba y añade que la cada vez más fuerte presión norteamericana «coloca al Gobierno español en una posición incómoda frente a Washington, añadiendo una dimensión política que las empresas no pueden ignorar al valorar su estrategia en la isla», aunque, de todas formas, no prevé una retirada total de las empresas españolas. A nivel internacional, la minera canadiense Sherritt International ya ha anunciado el cese inmediato de su participación directa en empresas mixtas en la isla.
Viñals, de Squire Patton Boggs, coincide en que estas nuevas sanciones van a «desincentivar aún más la inversión en Cuba» ya que se pueden usar como una herramienta de política exterior y de seguridad y que, en todo caso, «Europa tendrá que decidir si protege a las empresas europeas y se enfrenta a Estados Unidos» ya que dispone de algunos mecanismos legales para intentar impedir el cumplimiento de posibles sanciones a sus compañías.
Exposición española
Dentro de este marco, las empresas españolas más expuestas a Cuba están en el sector turístico y en el financiero. Cadenas como Meliá, Barceló e Iberostar gestionan hoteles en el país; otros como Banco Sabadell y una entidad de Javier Botín llamada Alto Cedro representan la exposición del sector financiero.
Pero sin duda las más importantes que operan en Cuba son las hoteleras. Según el ICEX, las empresas turísticas españolas gestionaban el año pasado unas 30.000 habitaciones en la isla, de las cuales unas 3.000 son en régimen de empresa mixta y el resto en régimen de CAD (contratos de administración hotelera), «la forma más utilizada en Cuba». La mayor parte de estos contratos de administración se centran en hoteles de 5 y 4 estrellas «siendo España el líder indiscutible en estos dos niveles», destaca la entidad en un informe fechado a mayo de 2025.
Como marcas españolas presentes en la isla, la entidad menciona a Meliá, Iberostar, Roc, Barceló, Valentín, NH, Blau, Axel y Sirenis. También destaca que «alguna de ellas tiene planes de expansión». Asimismo apunta a que hay varias empresas que están involucradas en el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios asociados a campos de golf, tres de las cuales tienen acuerdos firmados con las autoridades cubanas. Pero en este punto, el ICEX destaca que la activación del Título III de la Ley Helms-Burton por la Administración Trump «ha introducido incertidumbre respecto a la marcha de algunas de estas inversiones». Esta norma da derecho al país norteamericano a demandar a empresas que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades castristas.
La mayor de todas ellas es Meliá, que dispone de alrededor de más de 14.000 habitaciones en la isla, repartidas en 34 establecimientos. Una cifra que solo supera en España y en la región Emea (Europa, Medio Oriente y África). Solo el año pasado, la compañía abrió tres hoteles en el país caribeño, uno de ellos de 771 habitaciones en Varadero, la mayor de las aperturas en el mundo durante ese año para la firma balear. La singularidad de este mercado está en que todos los hoteles que opera son en calidad de gestión porque la propiedad de todos los inmuebles es del Estado.
Sector turístico
30.000
habitaciones en la isla
Esto es lo que gestionaban en Cuba las hoteleras españolas, entre las que destacan Meliá e Iberostar como grupos con mayor volumen de negocio
Pero no es la primera vez que la empresa familiar se expone a las amenazas de la Administración Trump. Ya en el primer mandato del actual presidente estadounidense, Washington incluso llegó a vetar la entrada a EE.UU. del presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, tras decidir aplicarle la Ley Helms-Burton. Bajo ese paraguas, el Departamento de Estado de Estados Unidos mandó una notificación a Escarrer en octubre de 2019 avisándole de que no podría entrar al país, si no aceptaba una serie de condiciones sobre su operativa en Cuba. Meliá, en cambio, decidió no seguir la directriz del ejecutivo estadounidense alegando que era contraria al derecho europeo.
Siete años después de aquel suceso, Meliá dispone de casi 2.000 habitaciones y cinco hoteles menos que entonces, pero porque tras el Covid-19 la recepción de turistas internacionales a la isla se ha desvanecido casi a cero alentado por la crisis de suministros. La puntilla llegó a principios de este año, cuando el bloqueo energético y comercial de EE.UU a Cuba dejó sin disponibilidad de combustible a las aerolíneas, lo que ha llevado a compañías como Iberia a cancelar su operativa en la isla desde junio. Ahora, Meliá reconoce que solo tiene abierta el 50% de su capacidad en la isla y que depende casi exclusivamente del turista nacional, por lo que su actividad es mínima.
Junto a Meliá, hay otras hoteleras españolas que podrían estar expuestas a las sanciones. Otro ejemplo sería Iberostar. La compañía de la familia Fluxá dispone de 18 hoteles en el país y le supone uno de los mercados más importantes. Hace dos años reconoció un beneficio antes de impuestos en el país de 9,7 millones, sobre un global para todo el mundo de 196,9 millones.
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