La Administración de Trump y Guatemala negocian un plan de “cooperación” para combatir el narco en territorio guatemalteco, según aseguró este jueves el presidente Bernardo Arévalo. Arévalo habló con los periodistas en Ciudad de Guatemala después de que The New York Times diera por hecho en una información sustentada en fuentes anónimas de Washington que un acuerdo entre ambas capitales para lanzar ataques conjuntos en territorio guatemalteco contra bandas criminales presuntamente dedicadas al tráfico de drogas estaba cerrado.
El presidente Arévalo confirma la solicitud de su Gobierno a Washington, pero desmiente un pacto que ‘The New York Times’ había dado por hecho
La Administración de Trump y Guatemala han acordado, según The New York Times, lanzar ataques conjuntos en territorio guatemalteco contra bandas criminales presuntamente dedicadas al tráfico de drogas. De confirmarse ese pacto, cuya información basa el diario en fuentes anónimas de Washington, supondría una nueva e inédita escalada en la agresiva política de la Administración de Trump en Centroamérica en nombre de la guerra contra el narco.
Según la información, que añade la confirmación de fuentes del Gobierno de Ciudad de Guatemala, el acuerdo dará sus frutos tan pronto como en junio y se selló la semana pasada, durante una llamada entre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente del país centroamericano, el socialdemócrata Bernardo Arévalo. El Times no dispone de detalles de cómo se sustanciará esa colaboración.
Una fuente del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, que habló con EL PAÍS bajo la condición de anonimato, rebajó este jueves, con todo, el alcance de esa información. “Desde hace dos meses están ejerciendo una gran presión; lo que nos ofrecieron es seleccionar uno o dos lugares para hacer bombardeos y televisarlo todo. Pero hemos sido claros en que eso no va a pasar. No puede operar una fuerza militar estadounidense en el país, simplemente porque es inconstitucional”, afirmó.
Según ese testimonio, las presiones del Departamento de Defensa estadounidense se han saltado los protocolos diplomáticos para ir directamente al mandatario. “Las conversaciones han sido continuas y han estado encabezadas por el ministro de la Defensa de Guatemala e incluso por el presidente. Pero no ha habido ni una sola reunión para afinar términos, porque no se van a permitir misiones militares. Lo que sí hay, y ha habido siempre, son operaciones conjuntas con agencias como la DEA, el FBI o el HSI [Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional]”, señaló la fuente.
Los planes de Washington se suman a otras operaciones militares en Latinoamérica, que, a base de ejecuciones extrajudiciales de tripulantes de supuestas narcolanchas (al menos 190, hasta la fecha) en aguas del Caribe y del Pacífico o bombardeos en Ecuador, han resucitado los ecos de la traumática relación de Estados Unidos con lo que durante décadas vio como su “patio trasero”: de la Doctrina Monroe del siglo XIX, con su “América [el continente] para los americanos [los estadounidenses]” a la así llamada “guerra contra las drogas”, lanzada por el presidente Richard Nixon a principios de los setenta y que durante décadas aportó más problemas de violencia y corrupción que soluciones.
Las autoridades guatemaltecas solicitaron formalmente, según el Times, “cooperación en operaciones dirigidas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico” en una carta dirigida al jefe del Pentágono. La concesión de ese deseo convertiría a Guatemala en el segundo país, tras Ecuador, en permitir una campaña militar, en principio focalizada, en su territorio.
En Washington se enmarca ese pacto en estrategia en la que después sería el turno de Honduras, país al que la Administración de Trump está cortejando, tras lograr que su candidato predilecto, Nasry Asfura, ganara las elecciones contra pronóstico.
Con esas dos piezas clave del tablero centroamericano en su poder y el apoyo ciego de Nayib Bukele desde El Salvador, el cálculo es, según fuentes diplomáticas de la capital estadounidense, que la presión obligue a México a aceptar un esquema de operaciones conjuntas, e incluso tropas sobre el terreno y ataques con drones. Opciones todas que la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado hasta ahora con vehemencia.
Esa presión al vecino del Sur se ha acompañado de medidas, también insólitas, como la imputación a finales de abril del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como de un senador de Morena, el partido oficialista, y de otros ocho funcionarios. Están acusados de colusión con el cartel fundado por el capo Joaquín El Chapo Guzmán y su socio Ismael El Mayo Zambada para mantenerse en el poder y recibir otros favores.
Ecuador firmó su acuerdo con Trump a principios de este año, poco después de que fuerzas especiales estadounidenses entraran en Caracas y apresaran, saltándose las reglas del derecho internacional, al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos esperan juicio en una prisión de Nueva York, acusados, entre otros, de delitos de narcotráfico.
En una reciente visita a Washington, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firme aliado de Donald Trump, defendió la colaboración con Estados Unidos, mientras en el Capitolio un grupo de demócratas exigía la suspensión de las operaciones militares conjuntas contra supuestos narcotraficantes.
Noboa ha hecho de su política de mano dura contra el crimen organizado −que ha multiplicado la violencia en el país en los últimos años (de contar con uno de los índices de homicidios más bajos de América Latina pasó en un lustro a superar los 50 por cada 100.000 habitantes en 2025)− una de sus bazas. “Estamos en una guerra”, argumentó el mandatario andino en la capital estadounidense.
Tanto Guatemala como Ecuador (así como Honduras y el Salvador) se cuentan entre los firmantes del acuerdo que dio origen a una asociación llamad Coalición Anticarteles de las Américas, que lanzó Trump en una reunión en marzo de 2026. Forma parte del Escudo de las Américas, al frente del cual el presidente de Estados Unidos puso a la defenestrada Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional y cara de la brutal política migratoria del último año en Estados Unidos.
Bernardo Arévalo no asistió a la cumbre celebrada en Florida, pero mandó en su lugar a altos funcionarios guatemaltecos participan en este pacto militar para combatir el narcotráfico.
En el caso de Honduras, se da la paradoja de que mientras Washington presiona al país centroamericano para que haga más en la lucha contra el tráfico de drogas, Trump indultó a uno de sus expresidentes, Juan Orlando Hernández. Cumplía una condena de 45 años por complicidad en el contrabando de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
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