Debemos agradecer a María Jesús Montero, estratega jefe de la campaña de Pedro Sánchez, que nos haya ahorrado el trabajo de interpretación. «Habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso se convoca contra la oposición», explicó la que fuera una de las mujeres más poderosas de España. Es difícil resumir mejor la anomalía. España celebrará el 11 de noviembre la primera huelga general en catorce años, apenas dos días antes del inicio formal de la campaña para las elecciones del 29-N. La escasez creada por el presidente del Gobierno bajo el cual se ha construido menos vivienda de protección oficial de toda la democracia proporciona una causa social poderosa. Además, las políticas de Sánchez y sus socios de Sumar y Podemos no sólo han costruido poco, de paso han alborotado y destruido el mercado de alquiler protegiendo a los inquilinos existentes y bloqueando el paso a los que aspiraban a serlo . El problema existe, es grave y afecta especialmente a jóvenes y hogares de rentas bajas. Pero precisamente por eso sorprende que la primera huelga general de la era Sánchez llegue ahora . No llegó durante el fuerte encarecimiento de la vivienda de estos años, ni cuando la inflación erosionó los salarios, ni por la precariedad laboral. Llega cuando el Parlamento ha rechazado dos decretos del Gobierno y cuando Sánchez acaba de convocar elecciones. CC.OO. y UGT sostienen que la protesta interpela a todas las administraciones con competencias en vivienda y también a las organizaciones empresariales, mientras reclaman además desbloquear la negociación colectiva y elevar los salarios. Es una explicación legítima. El calendario, sin embargo, resulta bastante menos inocente.La huelga será la primera respaldada por los grandes sindicatos desde noviembre de 2012 . Antes hubo movilizaciones generales contra González, Aznar, Zapatero y Rajoy. La del 14-D de 1988 constituye el precedente más incómodo para quienes pretenden identificar sindicalismo y Gobierno progresista: UGT rompió entonces con el Ejecutivo de Felipe González y los sindicatos paralizaron el país contra su política económica. Aquella huelga demostraba autonomía. Esta corre el riesgo de probar lo contrario. No es una sospecha exclusiva de la patronal. CSIF, USO y Fetico se han desmarcado precisamente por las «connotaciones políticas» de la convocatoria. USO plantea una objeción difícil de despachar: con un Gobierno en funciones y el Parlamento disuelto, ¿quién es exactamente el destinatario de una huelga general? La respuesta es la que dio Montero: la oposición. Y ahí aparece el problema. El Parlamento está disuelto porque Sánchez no goza de su confianza, no al revés como él dice . Convertir ese hecho en motivo para una huelga general significa trasladar a la calle una discrepancia que las urnas resolverán 18 días después.Los sindicatos tienen pleno derecho a movilizarse y la vivienda merece ocupar el centro de la campaña. Pero los derechos constitucionales no están exentos de juicio político. Cuando dos organizaciones que han participado en el diálogo social convocan su primera huelga general justo antes de unas elecciones, la neutralidad resulta difícil de sostener . Quizá por eso Montero fue tan clara. No estamos ante una huelga contra el poder. Estamos ante una huelga para conservarlo. Debemos agradecer a María Jesús Montero, estratega jefe de la campaña de Pedro Sánchez, que nos haya ahorrado el trabajo de interpretación. «Habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso se convoca contra la oposición», explicó la que fuera una de las mujeres más poderosas de España. Es difícil resumir mejor la anomalía. España celebrará el 11 de noviembre la primera huelga general en catorce años, apenas dos días antes del inicio formal de la campaña para las elecciones del 29-N. La escasez creada por el presidente del Gobierno bajo el cual se ha construido menos vivienda de protección oficial de toda la democracia proporciona una causa social poderosa. Además, las políticas de Sánchez y sus socios de Sumar y Podemos no sólo han costruido poco, de paso han alborotado y destruido el mercado de alquiler protegiendo a los inquilinos existentes y bloqueando el paso a los que aspiraban a serlo . El problema existe, es grave y afecta especialmente a jóvenes y hogares de rentas bajas. Pero precisamente por eso sorprende que la primera huelga general de la era Sánchez llegue ahora . No llegó durante el fuerte encarecimiento de la vivienda de estos años, ni cuando la inflación erosionó los salarios, ni por la precariedad laboral. Llega cuando el Parlamento ha rechazado dos decretos del Gobierno y cuando Sánchez acaba de convocar elecciones. CC.OO. y UGT sostienen que la protesta interpela a todas las administraciones con competencias en vivienda y también a las organizaciones empresariales, mientras reclaman además desbloquear la negociación colectiva y elevar los salarios. Es una explicación legítima. El calendario, sin embargo, resulta bastante menos inocente.La huelga será la primera respaldada por los grandes sindicatos desde noviembre de 2012 . Antes hubo movilizaciones generales contra González, Aznar, Zapatero y Rajoy. La del 14-D de 1988 constituye el precedente más incómodo para quienes pretenden identificar sindicalismo y Gobierno progresista: UGT rompió entonces con el Ejecutivo de Felipe González y los sindicatos paralizaron el país contra su política económica. Aquella huelga demostraba autonomía. Esta corre el riesgo de probar lo contrario. No es una sospecha exclusiva de la patronal. CSIF, USO y Fetico se han desmarcado precisamente por las «connotaciones políticas» de la convocatoria. USO plantea una objeción difícil de despachar: con un Gobierno en funciones y el Parlamento disuelto, ¿quién es exactamente el destinatario de una huelga general? La respuesta es la que dio Montero: la oposición. Y ahí aparece el problema. El Parlamento está disuelto porque Sánchez no goza de su confianza, no al revés como él dice . Convertir ese hecho en motivo para una huelga general significa trasladar a la calle una discrepancia que las urnas resolverán 18 días después.Los sindicatos tienen pleno derecho a movilizarse y la vivienda merece ocupar el centro de la campaña. Pero los derechos constitucionales no están exentos de juicio político. Cuando dos organizaciones que han participado en el diálogo social convocan su primera huelga general justo antes de unas elecciones, la neutralidad resulta difícil de sostener . Quizá por eso Montero fue tan clara. No estamos ante una huelga contra el poder. Estamos ante una huelga para conservarlo.
Debemos agradecer a María Jesús Montero, estratega jefe de la campaña de Pedro Sánchez, que nos haya ahorrado el trabajo de interpretación. «Habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso se convoca contra la oposición», explicó la que fuera una de … las mujeres más poderosas de España. Es difícil resumir mejor la anomalía. España celebrará el 11 de noviembre la primera huelga general en catorce años, apenas dos días antes del inicio formal de la campaña para las elecciones del 29-N.
La escasez creada por el presidente del Gobierno bajo el cual se ha construido menos vivienda de protección oficial de toda la democracia proporciona una causa social poderosa. Además, las políticas de Sánchez y sus socios de Sumar y Podemos no sólo han costruido poco, de paso han alborotado y destruido el mercado de alquiler protegiendo a los inquilinos existentes y bloqueando el paso a los que aspiraban a serlo. El problema existe, es grave y afecta especialmente a jóvenes y hogares de rentas bajas. Pero precisamente por eso sorprende que la primera huelga general de la era Sánchez llegue ahora. No llegó durante el fuerte encarecimiento de la vivienda de estos años, ni cuando la inflación erosionó los salarios, ni por la precariedad laboral. Llega cuando el Parlamento ha rechazado dos decretos del Gobierno y cuando Sánchez acaba de convocar elecciones. CC.OO. y UGT sostienen que la protesta interpela a todas las administraciones con competencias en vivienda y también a las organizaciones empresariales, mientras reclaman además desbloquear la negociación colectiva y elevar los salarios. Es una explicación legítima. El calendario, sin embargo, resulta bastante menos inocente.
La huelga será la primera respaldada por los grandes sindicatos desde noviembre de 2012. Antes hubo movilizaciones generales contra González, Aznar, Zapatero y Rajoy. La del 14-D de 1988 constituye el precedente más incómodo para quienes pretenden identificar sindicalismo y Gobierno progresista: UGT rompió entonces con el Ejecutivo de Felipe González y los sindicatos paralizaron el país contra su política económica. Aquella huelga demostraba autonomía. Esta corre el riesgo de probar lo contrario. No es una sospecha exclusiva de la patronal. CSIF, USO y Fetico se han desmarcado precisamente por las «connotaciones políticas» de la convocatoria. USO plantea una objeción difícil de despachar: con un Gobierno en funciones y el Parlamento disuelto, ¿quién es exactamente el destinatario de una huelga general?
La respuesta es la que dio Montero: la oposición. Y ahí aparece el problema. El Parlamento está disuelto porque Sánchez no goza de su confianza, no al revés como él dice. Convertir ese hecho en motivo para una huelga general significa trasladar a la calle una discrepancia que las urnas resolverán 18 días después.
Los sindicatos tienen pleno derecho a movilizarse y la vivienda merece ocupar el centro de la campaña. Pero los derechos constitucionales no están exentos de juicio político. Cuando dos organizaciones que han participado en el diálogo social convocan su primera huelga general justo antes de unas elecciones, la neutralidad resulta difícil de sostener. Quizá por eso Montero fue tan clara. No estamos ante una huelga contra el poder. Estamos ante una huelga para conservarlo.
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