En el número 12 de la Ribera de Curtidores, en pleno Rastro madrileño, hay una tienda de “arte y antigüedades” llamada Duino. Es un espacio de aproximadamente 15 metros cuadrados en el que se concentran bustos de piedra, capiteles, cuadros clásicos y modernos llenan las paredes, esculturas clásicas y de diseño con colores chillones se reparten por el habitáculo, globos terráqueos… Al fondo de ese batiburrillo, se encuentra un pequeño mostrador que atiende Eva Mejías, en su día concejala de Cultura de Navalcarnero, un municipio de 33.300 habitantes al suroeste de la capital de España. Junto al mostrador, sentado en una silla, con las piernas cruzadas, su pareja y propietario del negocio: Baltasar Santos, quien fuera durante 20 años —entre 1995 y 2015— alcalde por el PP de esa población madrileña, hasta que le echó del partido Esperanza Aguirre tras conocer que estaba imputado en tres procesos judiciales y que había acumulado 200 millones de euros de deuda en su Ayuntamiento, entre otras cosas, comprando piedras y piezas de granito. “Dejé el pueblo mejor de lo que me lo encontré”, aseguraba sin empacho este viernes Santos a las puertas de su tienda, abierta tras dejar su dilatada actividad municipal y donde también exhibe sus libros de poesía.
Baltasar Santos, exregidor de Navalcarnero por el PP, está investigado por prevaricación tras haber dejado 200 millones de deuda en el consistorio que dirigió durante 20 años
En el número 12 de la Ribera de Curtidores, en pleno Rastro madrileño, hay una tienda de “arte y antigüedades” llamada Duino. Es un espacio de aproximadamente 15 metros cuadrados en el que se concentran bustos de piedra, capiteles, cuadros clásicos y modernos llenan las paredes, esculturas clásicas y de diseño con colores chillones se reparten por el habitáculo, globos terráqueos… Al fondo de ese batiburrillo, se encuentra un pequeño mostrador que atiende Eva Mejías, en su día concejala de Cultura de Navalcarnero, un municipio de 33.300 habitantes al suroeste de la capital de España. Junto al mostrador, sentado en una silla, con las piernas cruzadas, su pareja y propietario del negocio: Baltasar Santos, quien fuera durante 20 años —entre 1995 y 2015— alcalde por el PP de esa población madrileña, hasta que le echó del partido Esperanza Aguirre tras conocer que estaba imputado en tres procesos judiciales y que había acumulado 200 millones de euros de deuda en su Ayuntamiento, entre otras cosas, comprando piedras y piezas de granito. “Dejé el pueblo mejor de lo que me lo encontré”, aseguraba sin empacho este viernes Santos a las puertas de su tienda, abierta tras dejar su dilatada actividad municipal y donde también exhibe sus libros de poesía.
Los desmanes económicos —que no han sido policialmente investigados— han hecho famoso a este exalcalde, a quien los años (58) han encorvado su esbelta figura y desplumado su característica melena. Fue él quien tuvo la idea de perforar el casco viejo del que fuera su pueblo con su fontanero de confianza, Cirilo Lucas. Lo hizo, sin ingenieros ni estudios técnicos, para crear una suerte de galería subterránea de cuevas de unos dos kilómetros a la que le atribuyó una antigüedad de 350 años y que se ha derrumbado en varias ocasiones. En sus paredes figura una placa de homenaje al fontanero municipal que las tuneló.
Es también Santos, que asegura ser licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid —pese a no recordar el nombre de ninguno de sus profesores—, quien se gastó más de una decena de millones de euros en el esqueleto de un polideportivo municipal jamás terminado y abandonado como ruina; o quien invirtió un buen pellizco del dinero del presupuesto municipal en presuntos valiosos cuadros que después resultaron no tener valor alguno. Y, sobre todo, es quien compró piedras, muchas piedras de granito, por millones de euros a una empresa de Verín (Ourense), algunas diseminadas en parques y rotondas del municipio y otras arrumbadas en una campa.
“Se trata de piezas singulares cuya finalidad era embellecer el municipio, puestas en contexto, humanizar, generar un sentido colectivo de orgullo y pertenencia, dentro de una planificación urbana orientada a la calidad de vida. Yo hice el doctorado de urbanismo y calidad de vida, lo tenía muy metido en la cabeza”, justificaba el alcalde filósofo ante el tribunal que este viernes juzgaba esas adquisiciones de su gestión municipal en la Audiencia Provincial de Madrid.
Las acusaciones de prevaricación administrativa y malversación le persiguen después de 32 años dedicado a la vida pública —“12 en la oposición y 20 de alcalde”, concreta él mismo—. Esta semana asistía al juicio por lo de las piedras (bloques de granito, trozos de columnas, cruceiros, capiteles o pilas bautismales…) en las que se gastó seis millones de euros, sin que exista expediente o contrato alguno de esas compras o inversiones en los servicios de administración del Ayuntamiento.
“Yo de gestión no sé nada, yo solo pedía que lo que me trajeran para firmar estuviese bien, y firmaba”, justificaba a las preguntas de la fiscal, echando balones fuera y responsabilizando de esas compras a “las concejalías de Cultura, Turismo, Medio Ambiente…”. La Fiscalía le pide 10 años de inhabilitación y asume que las contrataciones las realizó “verbalmente” el propio Baltasar Santos.
Pero el exalcalde negó que seleccionara él mismo las piezas de granito, pese a que la vendedora del negocio de antigüedades de Verín, Milagros Fernández, declaró en la sala cómo Santos había ido en varias ocasiones hasta su tienda de Galicia y las había elegido y, posteriormente, ella misma le había enviado al fax del Ayuntamiento la lista y los precios correspondientes. Negó también Santos haber ordenado que los pagos se trocearan, como hicieron los implicados en la trama Gürtel o Púnica (también ligadas a ayuntamientos madrileños del PP), para que pasaran por contratos menores con cantidades inferiores a los 18.000 euros. Negó incluso haber ordenado esos pagos con los reparos interpuestos por los técnicos municipales —que los ratificaron ante el juez—, y pese a que desde 2007 el Ayuntamiento estaba en bancarrota y continuó pagando piedras hasta 2015. Llegó a negar él, empresario antes y después que político, que supiera hacer una factura. Baltasar Santos, supuestamente licenciado, con un doctorado y con 32 años en política municipal, no parecía saber nada de nada del funcionamiento económico del Ayuntamiento que dirigía. “Yo era el de las ideas políticas”, concluyó ante la sala de vistas, quizá recordando a Platón o a Aristóteles.
En su día, hace ya casi dos décadas, los partidos de la oposición conocían y suponían las arbitrariedades de algunos gastos propiciados por el alcalde, pero no podían oponerse oficial y formalmente a ellos porque no se introducían esos capítulos en el orden del día de los plenos. “Baltasar dispuso de los fondos del Ayuntamiento del Navalcarnero como si fueran dinero propio”, concluyó en su informe Miguel Ángel Auñión, letrado de la acusación particular.
Así, fue condenado en 2020 por el Tribunal de Cuentas a pagar más de dos millones de euros por menoscabo de fondos públicos, por obras pagadas y nunca ejecutadas. Pero, posteriormente, el Tribunal Supremo lo absolvió por entender que no se podía probar si el alcalde era consciente o no de esos voluminosos desvíos económicos. En contra de lo que pasó con la trama Gürtel o Púnica, ninguna unidad de delincuencia entró a investigar a fondo las irregularidades de la gestión de Baltasar Santos.
En agosto de 2015, a los dos días de que el nuevo alcalde, el socialista José Luis Adell, y su equipo de gobierno tomaran posesión, Iberdrola cortó la luz al Ayuntamiento y a todos los edificios municipales de Navalcarnero. “Llevaban años sin pagar”, aseguran fuentes del consistorio, que sigue intervenido por el Estado y que sigue arrastrando una enorme deuda de 123 millones de euros, con un presupuesto anual de 46 millones.
“No pagaba los servicios de limpieza, ni al Canal de Isabel II, usaba la subvención directa de la Comunidad de Madrid para escuelas infantiles para otros fines, realizaba modificaciones de contratos de obras que incrementaban enormemente lo inicialmente presupuestado… se saltaba todos los procedimientos administrativos de contratación”, recuerdan fuentes de la actual corporación municipal. “Incluso vendió aprovechamientos urbanísticos a dos y tres empresas diferentes que han denunciado y a las que ha tenido que indemnizar el Ayuntamiento con sumas millonarias tras ser condenado, algunas de las cuales están aún por llegar”, advierten.
“Nosotros, de acuerdo con los demás grupos políticos, lo pusimos todo en conocimiento de la autoridad judicial al ver que el resultado de la auditoría dejaba al descubierto la ruina económica”, declaró el actual alcalde, José Luis Adell, el martes pasado. “Se producían pagos contra informes de interventores, los presupuestos estaban ficcionados desde el año 2008, con unos ingresos ficticios y remanentes de tesorería de 20 millones, y había más de 70 millones de facturas en los cajones”, enumeraba.
Las denuncias del PSOE al Tribunal de Cuentas, a los ministerios de Economía y Administraciones Públicas o a la Intervención General del Estado se han traducido ahora —casi 20 años después de los hechos denunciados— en los informes que obran en la causa y que apuntalan ese presunto delito de la prevaricación administrativa.
El juicio ha quedado visto para sentencia y, entretanto, Baltasar Santos sigue “buscándose la vida” con su tienda de antigüedades en el Rastro, dice. “Yo quise convertir a Navalcarnero en un pueblo con 100.000 habitantes para que nos hicieran caso”, resume, antes de echar de malas maneras de su negocio a las periodistas por “cuestionar” el sentido y la belleza de todos esos trozos de piedras y piezas de granito adquiridos en su mandato. Quizá ese sentido “subjetivo de la belleza” —que él señala— pueda encontrarse en su libro de poemas, que lleva por título Pedazos.
