Kenia Moracén tiene un dilema. A sus 45 años, esta mujer cubana, víctima de violencia de género, divorciada y con dos hijos —uno de ellos, de 17 años y con una discapacidad del 95% por una enfermedad rara— no sabe si deberá abandonar en breve su vivienda: un piso de 95 metros en la pedanía valenciana de El Perellonet, donde reside desde 2007. “Cada vez que aporrean la puerta los empleados de la empresa de desocupación, mi hija se esconde en la habitación”, relata por teléfono a EL PAÍS con la voz rota. “Son personas de gimnasio. Mis hijos siempre me dicen cuando vienen: mamá no salgas. Nos llaman ocupas”, añade entre sollozos.
Un juzgado de Valencia dirime si desaloja a una mujer víctima de violencia de género con dos hijos, uno con una discapacidad del 95%
Un juzgado de Valencia dirime si desaloja a una mujer víctima de violencia de género con dos hijos, uno con una discapacidad del 95%
Kenia Moracén tiene un dilema. A sus 45 años, esta mujer cubana, víctima de violencia de género, divorciada y con dos hijos —uno de ellos, de 17 años y con una discapacidad del 95% por una enfermedad rara— no sabe si deberá abandonar en breve su vivienda: un piso de 95 metros en El Perellonet (Valencia), donde reside desde 2007. “Cada vez que aporrean la puerta los empleados de la empresa de desocupación, mi hija se esconde en la habitación”, relata por teléfono a EL PAÍS con la voz rota. “Son personas de gimnasio. Mis hijos siempre me dicen cuando vienen: mamá no salgas. Nos llaman ocupas”, añade entre sollozos.
La vida de Moracén se ha transfigurado en un infierno desde el pasado año. Fue entonces cuando descubrió que su exmarido había dejado de pagar la cuota de 300 euros de la hipoteca —tal y como le obligaba el acuerdo de divorcio que firmó en 2011— y la casa, que era propiedad de su expareja, había sido engullida por una empresa de compraventa de inmuebles tras una ejecución hipotecaria. El nuevo dueño es una firma madrileña sin empleados que, en 2025, registraba unos activos de 17,9 millones, según el Registro Mercantil. La compañía puso el piso en venta en portales inmobiliarios por 90.000 euros, según esta madre, que vive del ingreso mínimo vital (1.000 euros) y de la mensualidad de 250 euros que le pasa su exmarido por la manutención de sus hijos. “No me han ofrecido ninguna vivienda. Necesito un piso adaptado”, añade Moracén, que está volcada con su hijo. Un menor que requiere su atención 24 horas y que la forzó el pasado año a abandonar su trabajo como limpiadora en un cuartel de la Guardia Civil.
Para tratar de echarla de la vivienda, los nuevos propietarios recurrieron en 2025 a una empresa de desocupación, que en mayo desembarcó por primera vez en el piso. “Llegaron a las cinco de la tarde unos hombres corpulentos, amenazantes. Me hablaban con chulería. Me degradaron por ser extranjera. Pasé miedo. Me siento vigilada”, recoge la denuncia que interpuso en el cuartel de la Guardia Civil, y a la que ha tenido acceso este diario. “Nadie está exento de que lo que me ha pasado a mí le pueda ocurrir a otras familias”, alega entre lágrimas.
El dilema que atenaza el futuro de Moracén se dirimirá en los próximos meses, cuando un juzgado de Valencia resuelva si ejecuta el desahucio. El juicio se ha celebrado este lunes. Su abogado, Jorge Ballester, ha defendido que tratará de aplazar la ejecución hasta que su cliente alcance una solución y ha pedido al Ayuntamiento de Valencia un informe de vulnerabilidad. El letrado ve con “incertidumbre” el desenlace de la historia.
“No queremos que nos digan de un día para otro que nos tenemos que marchar. Necesitamos tiempo para conseguir un piso”, apunta la víctima, que admite que su vulnerabilidad y la discapacidad de su hijo convierten el alquiler de una nueva vivienda en una odisea.
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